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Sudán: Cómo el Gobierno legalizó la categorización del internet y la filtración de contenido

Categorías: África Subsahariana, Sudán, Activismo digital, Censura, Derechos humanos, Gobernabilidad, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, Protesta, Tecnología, GV Advox, Unfreedom Monitor

Imagen cortesía de Ameya Nagarajan

En Sudán, el internet ha sido restringido en múltiples ocasiones desde 2018 [1], después de la revolución [2]. El bloqueo de redes sociales también se ha vuelto común desde que el Gobierno cortó el acceso a YouTube durante las elecciones de 2010 [3] luego de que se publicó un video en la plataforma que mostraba fraude electoral. Las autoridades sudanesas bloquearon el acceso a muchas redes sociales [1], como Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram, para evitar la divulgación de información sobre las protestas que culminaron en el derrocamiento del expresidente Omer Al Bashir en 2019, y no dieron explicaciones sobre este bloqueo.

La mayoría de los bloqueos de internet en Sudán consisten en cortar el servicio de datos móviles [4]. Durante estos bloqueos, las personas pueden acceder por medio de una red fija que no son comunes, excepto entre grandes corporaciones. Incluso después de que internet fue restaurado en julio de 2019 [5] y en noviembre de 2021 [6], las plataformas de redes sociales seguían sin tener acceso [7] y la gente se vio forzada a usar redes privadas virtuales.

Por lo general, los ciudadanos no reciben advertencia alguna de los bloqueos. Los datos móviles funcionan por un momento y al siguiente ya no. El Gobierno ha anunciado su intención de cortar el servicio [8] solo dos veces [9] en los dos años que esto ha estado pasando, ambas veces mientras se rendían exámenes en escuelas secundarias. Las compañías de telecomunicaciones enviaron mensajes de texto [8] a sus usuarios que decían:

Under the direction of the judicial authorities, the internet will be cut daily during the Sudanese certificate exam sessions from 8 am until the end of the session at 11 am.

Bajo orden de autoridades judiciales, el servicio de internet se cortará a diario durante las sesiones de los exámenes sudaneses de certificación, desde las 8 a.m. hasta el final de la sesión a las 11 a.m.

El mensaje no especificó según qué ley se tomó esta decisión.

El bloqueo y las interrupciones del servicio de internet no son inusuales en Sudán. El Gobierno cortó los datos móviles en varias ocasiones en 2020 y 2021 durante los conflictos tribales [10], los exámenes de las escuelas secundarias [11] y el golpe de Estado [4] liderado por el general Burhan el 25 de octubre de 2021. La ley es un instrumento clave para permitir estos bloqueos ya que el Gobierno se ampara en la ley de fuerzas armadas [12], la ley de seguridad pública [13] y la ley de la autoridad reguladora de correos y telecomunicaciones (TPRA, por su nombre en inglés) [14] para que le den poder.

Aun así, Sudán cuenta con regulaciones para proteger la accesibilidad al contenido web [15]. En 2020, el TPRA emitió una regulación y la ratificó un miembro del Consejo Soberano, el General Ibrahim Jaber, debido a que el sector de las telecomunicaciones se encontraba bajo el amparo de las fuerzas armadas. Jaber es también el presidente de la junta de directores del grupo Sudatel [16], operador nacional de telecomunicaciones que además cuenta con presencia en otros países, como Mauritania y Senegal.

La regulación se llama «La regulación de 2020 sobre el filtro de contenido y el bloqueo de sitios web en internet». Se emitió según al artículo 88 de la ley del TPRA de 2018 que permite que el consejo cree regulaciones para ejecutar la ley. Esta obliga al TPRA a entregar a las compañías de telecomunicaciones una lista de URL para bloquear y filtrar y a «dar seguimiento diario» al equipo de filtro para verificar que se esté actualizando.

La regulación obliga a los proveedores de internet y a los operadores a entregar una «respuesta inmediata» a las solicitudes de bloqueo que vengan de la TPRA y a ignorar solicitudes de cualquier otra entidad si no cuentan con orden judicial. En consecuencia, la autoridad se concedió el derecho a bloquear sitios web sin orden judicial mientras otros necesitan ir a la corte. También obliga a los proveedores y a las asociaciones de telecomunicaciones a permitir el acceso a la interfaz gráfica de usuario (GUI, por su nombre en inglés) de los sistemas de filtro, a entregar estadísticas y reportes periódicos de los sitios y páginas web con filtro.

Se han usado términos imprecisos como «creencias» para justificar este bloqueo. El artículo 14 de la regulación de filtro y bloqueo del contenido web dice: «Las compañías de telecomunicaciones están en la obligación de entregar los sistemas técnicos necesarios para proteger sus redes y servicios del uso contrario a las creencias y a la moral pública al adherirse a los controles, procedimientos y requerimientos para el filtro y bloqueo que son determinados por la autoridad». La regulación no define «creencias», ¿es la creencia islámica o está relacionada con otra religión o ideología?

La regulación clasificó la lista de bloqueos y filtros en dos tipos: local y comercial. Define la lista comercial como la «lista de clasificaciones que vienen con los sistemas de bloqueo y filtro del proveedor del sistema que contiene las clasificaciones internacionales de listas de filtros», mientras que la lista local se define como la «lista interna preparada por la autoridad que añade sitios clasificados por la autoridad o que reciben usuarios después de revisarlos y asegurarse de que contienen material prohibido».

La lista comercial contiene trece categorías que fueron «elegidas para ser bloqueadas». Estas categorías incluyen sitios web sobre drogas, alcohol, tabaco, pornografía infantil, fabricación de armas, malware y spam. La lista también contiene categorías imprecisas como «sitios ofensivos hacia la religión y que promuevan el ateísmo», esto no respeta el derecho a la libertad de culto al clasificar el ateísmo como actividad prohibida.

Sorprendentemente, la lista clasifica las redes privadas virtuales como prohibidas. También bloquea los sitios entre redes como BitTorrent. Estas dos clases pueden ser consideradas indicadoras de la intención de las autoridades de monitorear el comportamiento en línea de los usuarios.

La regulación le dio a la autoridad el derecho a añadir libremente nuevas categorías al nombrar la última categoría en la lista comercial como «cualquier otra clasificación que sea clasificada por la autoridad», lo que abre un gran espacio para bloquear legalmente cualquier acceso al contenido web.

Sudán ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [17] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [18]. Sudán también es signatario de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos [19], y ha ratificado la ley que garantiza el derecho a la libertad de reunión, libertad de expresión y el derecho a recibir información.

A pesar de esta ratificación, la legislación nacional sudanesa no se ajusta a las normas internacionales y no garantiza los derechos digitales de sus ciudadanos.


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