Imagen cortesía de Ameya Nagarajan.
En los últimos diez años, las plataformas de redes sociales han tenido un enorme impacto en las democracias de India y Brasil. Su presencia en los países, su adopción generalizada y el posterior uso de estos espacios y herramientas por parte de actores orquestados y perjudiciales han provocado un retroceso en los derechos fundamentales. En Brasil, una referencia importante a recordar es el proceso electoral general de 2018, cuando se reveló que la campaña de Jair Bolsonaro utilizaba herramientas de mensajería masiva de WhatsApp [1] para difundir información equivocada y desinformación sobre su oponente, el Partido de Trabajadores.
De manera similar, a las elecciones generales de 2019 en India se les llamó popularmente “elecciones de WhatsApp [2]”, dado el amplio uso de la plataforma para la difusión masiva por parte de los partidos políticos. A lo largo de los años, la influencia que han tenido estas plataformas, especialmente Facebook, ha salido a la luz en diversas ocasiones. Por ejemplo, un informe del Wall Street Journal publicado en 2020 [3] reveló que se había generado un estrecho nexo entre Facebook y el partido gobernante. El informe afirmaba que altos ejecutivos habían pedido a sus empleados que no tomaran medidas contra los líderes del BJP, ya que podría perjudicar los intereses comerciales de la empresa en el país, y eliminaron páginas que propagaban “noticias falsas” contra el partido.
Por otro lado, la relación del Gobierno indio con Twitter ha sido tumultuosa. En varios momentos a lo largo de 2021, el gigante de las redes sociales no se adhirió a las normas del Gobierno ni a las peticiones legales de retirar [4] contenido, con el argumento de que hacerlo iría en detrimento de la libertad de expresión en línea. El Gobierno ha respondido [5] con repudio, avisos legales y amenazas de confiscar la oficina de Twitter. Más recientemente, en julio de 2022, Twitter emprendió acciones legales [6] contra las órdenes del Gobierno indio de retirar contenido.
India y Brasil se comparan con frecuencia debido a las similitudes de los estilos de gobierno autoritarios de sus líderes Narendra Modi y Jair Bolsonaro. Lo que también hace que estos países sean aptos para la comparación es el papel que las redes sociales han desempeñado en el debilitamiento de estas democracias. Además, ambos países se encuentran entre los principales mercados [7] para algunos de los gigantes de las redes sociales.
En cuanto a la política tecnológica, también es destacable que en los dos países, en los últimos años, las plataformas han empezado a tomar medidas contra este uso malintencionado de sus servicios por parte de actores dañinos y a menudo coordinados; sin embargo, aún está lejos de ser suficiente para frenar los efectos negativos.
En el caso de Brasil, estos actores que han sido cada vez más objeto de las acciones de moderación de las plataformas, como retiro de contenido, suspensión de grupos y prohibición de cuentas, están del lado del presidente Bolsonaro y han ejercido un papel influyente entre su base de partidarios. Un ejemplo es el bloguero de extrema derecha Allan dos Santos [8], que fue retirado de la la plataforma por orden del Tribunal Supremo y actualmente está prófugo en Estados Unidos. Además, desde 2020, las plataformas han tomado fuertes acciones de moderación contra el propio Bolsonaro, como desmontaje de una transmisión en vivo y eliminación de publicaciones potencialmente falsas. Otro punto relevante es que, de cara a las elecciones generales de 2022, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha establecido acuerdos de cooperación con la gran mayoría de las empresas de redes sociales que operan en el país. Debido a que Bolsonaro está en contra del TSE, al que ve como una institución fraudulenta e ilegítima, ve este acuerdo como un complot contra él y su gobierno, que no es el caso. Este acuerdo de cooperación se enmarca en un programa de lucha contra la desinformación electoral [9].
Una de las consecuencias inmediatas es la posible interferencia del Gobierno en el funcionamiento de las plataformas en un determinado país para servir a los intereses de una persona o grupo específico. En el caso de India, las acusaciones de que Facebook favorece al partido gobernante a expensas de dejar que los discursos de odio contra las minorías queden sin control son una muestra de ello. La información equivocada y la desinformación [10] en el país es un problema importante [11], e incluso ha provocado la pérdida de vidas [12]. Cualquier polarización que sirva a los intereses de una persona o grupo específico que utilice las redes sociales podría tener repercusiones peligrosas en diferentes grupos, y en la sociedad en general.
Otra posible repercusión es que esta presión y lucha contra las plataformas acabe entrando en el ámbito económico, con posibles sanciones o multas, que obligarían a las plataformas a ceder a las peticiones de estos líderes autoritarios, lo que tendría consecuencias para la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos en línea.
Como reacción a la respuesta de las plataformas en la intensificación de las medidas de cara a las elecciones generales, el gobierno brasileño está dando marcha atrás. Esto es particularmente importante en el caso de WhatsApp. La aplicación de mensajería, por lejos la más popular en Brasil, ha decidido retener el lanzamiento de la función Comunidades hasta después de las elecciones de octubre de 2022. Esta función, que se lanzará globalmente en septiembre, aumentará el límite de usuarios de los grupos y permitirá a los administradores de la Comunidad llegar hasta 2.500 personas a través de listas de difusión. En abril de 2022, Bolsonaro solicitó una reunión con los representantes de WhatsApp [13] en la que pidió que la empresa lanzara la función antes de las elecciones. Según los informes de prensa, su argumento fue que “si el TSE puede llegar a un acuerdo con WhatsApp, entonces yo también”. Según su lógica, WhatsApp tendría que servir a sus propios intereses, ya que su campaña se beneficiaría de estos grupos más grandes.
En el caso de India, la información errónea y la desinformación es una preocupación muy real, y una y otra vez los relatos de los denunciantes señalan cómo los poderosos partidos políticos del país han utilizado estas plataformas para sus intereses creados a expensas de los valores democráticos y los derechos fundamentales. Más abiertamente, la lucha de poder entre las plataformas y el Gobierno indio es visible en torno a las políticas de moderación de contenido. Esto se vio cuando el Gobierno indio introdujo las Normas de Tecnologías de la Información 2021, que imponían varias obligaciones a los gigantes de las redes sociales. Varios actores, incluidos WhatsApp y Twitter, criticaron la normativa por considerarla una extralimitación del Gobierno que podría cambiar la libertad de los usuarios en internet. WhatsApp impugnó legalmente una cláusula [14] que exigía a la empresa rastrear al emisor de un mensaje lo que prácticamente rompe el cifrado de extremo a extremo. La empresa argumentó que tales requisitos socavarían gravemente la privacidad de los usuarios, según los informes. Twitter también se opuso a las normas informáticas del Gobierno indio, y recibió amenazas de que el incumplimiento supondría para la empresa la pérdida de su condición de “intermediario”. En junio de 2021, Twitter perdió su condición de intermediario, pero lo recuperó tras cumplir las normas.
Además, la lucha por el poder también es visible en lo que respecta al cumplimiento de las peticiones de retiro de información por parte del Gobierno. India tiene una de las tasas más altas de solicitudes de retiro de información del mundo [15], y esto se ha utilizado a menudo como herramienta para frenar las críticas. Por ejemplo, la resistencia de Twitter a cumplir con las peticiones de retiro de información durante las protestas de carácter político en 2021 provocó la reacción violenta del Gobierno [16]. En 2022, los medios informaron [6] que Twitter impugnó la orden del Gobierno de retirar varios tuits y afirmaron que las órdenes equivalían a un “abuso de poder”.
No hay duda de que las redes sociales son uno de los campos de batalla del autoritarismo digital, por lo que podemos esperar ver más conflictos con los Estados y los actores estatales a medida que las plataformas se consolidan en todo el mundo.
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