Este texto es de Ira Romão y se publicó originalmente en junio de 2022 en Agência Mural. El artículo se reproduce aquí en acuerdo de colaboración con Global Voices.
La Ley de Cuotas de Brasil, vigente desde hace una década, es un hito de los cambios en el escenario educativo brasileño, y puede ser revisada en 2022.
El texto de la ley establece la reserva de vacantes en universidades e instituciones federales del país para estudiantes de la red pública de enseñanza que se identifiquen como negros, morenos, indígenas y personas con discapacidad, y la reevaluación está prevista en el artículo 7 de la propia norma.
La ley, que entró en vigor en 2012, impulsó la presencia de estudiantes de este perfil en las instituciones educativas del país, en que el 54 % de la población se identifica como negra. Entre 2012 y 2016, el aumento de estudiantes que se ajustan a las cuotas fue del 39 %, según una encuesta del Inep (Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira).
La revisión obligatoria se basa en el análisis del funcionamiento del sistema y de los impactos que se han producido. Sin embargo, la posibilidad de cambiar o descontinuar la política, especialmente en un año electoral, preocupa a los defensores de las cuotas, que consideran que no es el momento ideal.
¿Qué es la ley de cuotas?
La Ley de Cupos establece que en todo Brasil, en los espacios federales –de educación superior y técnica de nivel secundario–, al menos la mitad de las vacantes deben destinarse a estudiantes que hayan cursado secundaria en escuelas públicas. De estas plazas, la mitad debe destinarse a estudiantes de familias con ingresos de hasta un salario mínimo y medio por persona. Si se cumplen estos dos criterios sociales, las vacantes deben ser cubiertas por personas autodeclaradas negras, mestizas, indígenas o con discapacidad (PCD). Este último grupo fue incluido en 2016, por la ley 13.409.
La distribución de las cuotas raciales se hace en función de la proporción de estas personas en el estado donde está el centro educativo.
Para beneficiarse de las cuotas, los negros, mestizos e indígenas deben presentar una autodeclaración y, en algunas instituciones, deben pasar también por un comité de evaluación. Las personas con discapacidad deben presentar una autodeclaración y un informe médico.
En 2012, año en que se aprobó la ley, las tres universidades federales del estado de São Paulo (Unifesp, UFABC y Ufscar) sumaban 2252 estudiantes que se identificaban como negros, mestizos o indígenas, equivalente a cerca del 6,5 % de los alumnos matriculados en las tres instituciones..
En 2020, según los datos más recientes del Censo de Educación Superior, realizado por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep), el número de estudiantes negros, mestizos e indígenas en las universidades federales de São Paulo era de 16 656, el 28,4 % de los más de 58 000 estudiantes matriculados.
Además, la norma forma parte de un conjunto de acciones afirmativas previstas en el Decreto 4886/03 para grupos excluidos de la sociedad como medio de reparación que busca eliminar desigualdades y la segregación. En Brasil, estas acciones están reguladas desde hace cerca de 20 años.
En 2003, la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj) fue la primera institución educativa en tener un sistema de cuotas de selección, y reservó el 50 % de las plazas para los estudiantes que habían cursado el bachillerato en escuelas públicas.
Al año siguiente, la Universidad de Brasilia (UnB) fue la primera institución federal con una política de acción afirmativa en la selección, que reservó vacantes para estudiantes negros e indígenas.
«La Ley de Cuotas es un intento muy importante de incluir a las personas negras, indígenas, periféricas, de bajos ingresos y discapacitadas en la educación, de la que históricamente han estado ausentes por cómo se ha estructurado el racismo en la sociedad», afirma Débora Dias, de 24 años, coportavoz del colectivo Quilombo Periférico de São Paulo.
Defensores de las cuotas evalúan progresos
La profesora y socióloga Djalma Góes, de 51 años, cree que las políticas de discriminación positiva no transforman la realidad, pero permiten el acceso de grupos históricamente excluidos. «Aunque estén previstos en las leyes, estos servicios (educación, salud, etc.) no están disponibles [para estos grupos]», explica.
Sostiene que, para revisar la política de cuotas, es necesario primero promover y lograr la «equidad que se espera» en los espacios educativos.
«En la medida en que entre el 50 % y el 56 % de los negros, los discapacitados y los indígenas estén incluidos en las universidades públicas, quizá la ley haya cumplido su función y podamos hablar de equidad. Entonces habrá que revisarla», subraya.
En 2016, se modificó el artículo 7 de la Ley de Cuotas. Aunque la revisión de la ley duró diez años, no se indica quién es el responsable. Antes, se señalaba que la tarea estaba promovida por el Poder Ejecutivo.
Además de la falta de claridad sobre el órgano competente, Góes señala otras cuestiones que indican que no es el mejor momento para revisar la ley, empezando por los datos que deben servir de base para la revisión, tal como recoge el artículo 6 del texto. La profesora dice desconocer la existencia de esos datos.