Imagen por cortesía de Giovana Fleck
El Tribunal Electoral de Brasil (TSE, como se le conoce en Brasil) ha estado supervisando la desinformación electoral desde 2017, cuando el concepto de «noticias falsas» ganó fuerza en las elecciones de Estados Unidos. Aun así, no hubo ninguna previsión que pudiera haber preparado al tribunal para el papel que jugaron las redes sociales en las elecciones generales de 2018 que finalmente llevaron al candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro a la presidencia.
Las autoridades electorales se alarmaron por una avalancha de desinformación en WhatsApp, presente en el 99 % de los teléfonos móviles brasileños [1], y en Facebook. La campaña de Bolsonaro también utilizó las herramientas de mensajería masiva de WhatsApp [2] para difundir noticias falsas contra su contendiente, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. La práctica ya fue declarada ilegal [3] por la Justicia Electoral.
Hoy, son los informes de la experiencia de 2018, y con las lecciones de otros países, el Tribunal Supremo Electoral ha usado las plataformas para combatir la desinformación electoral y los contraataques a las instituciones democráticas, en un intento de limitar el papel que las redes sociales tendrán en las elecciones generales de 2022.
A pesar del entusiasmo, los acuerdos que han establecido la cooperación entre el TSE y las plataformas no son vinculantes y son algo imprecisas [4], lo que deja muchas interrogantes sobre las acciones emprendidas por las plataformas para garantizar un entorno informativo seguro a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones.
Los investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital (INCT.DD), vinculado a la Universidad Federal de Bahía (UFBA), que están dando seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las plataformas, han identificado muchas fallas [5], en particular en relación con la verificación de los contenidos, la velocidad de procesamiento de los informes y la transparencia en la lucha contra la desinformación.
Los acuerdos
En 2019, bajo la presidencia de la jueza Rosa Weber, el Tribunal Supremo Electoral lanzó el «Programa de Lucha contra la Desinformación», experimento con controles para las elecciones municipales de 2020. En agosto de 2021, el programa se convirtió en permanente bajo el entonces presidente del TSE, el magistrado Luís Roberto Barroso.
Tres de los jueces del TSE son también jueces del Tribunal Supremo, incluido el actual presidente, juez Alexandre de Moraes. Ambas instituciones han sido atacadas [6] por grupos a favor de Bolsonaro y antidemocráticos, que creen falsamente que los tribunales están comprometidos en una cruzada contra Bolsonaro. Los ataques apuntan al juez Moraes más que a ningún otro, ya que es el ponente de muchas demandas que conciernen a Bolsonaro o a aliados cercanos.
En febrero de 2022, ocho plataformas firmaron acuerdos con el TSE y se comprometieron a combatir la desinformación en el proceso electoral: Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube y Kwai. Desde entonces, otras empresas, como LinkedIn y Spotify, se han sumado al acuerdo, que incluye una inusual: Telegram.
En pocos meses, Telegram pasó de ser enemiga del Tribunal Supremo a aliada. En enero de 2022, el presidente del TSE, juez Barroso, había dicho que si Telegram no cooperaba con el tribunal en el nombramiento de un representante legal en el país, entre otros requisitos, el Congreso debería prohibir su funcionamiento en el país. En marzo, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decidió bloquear la operación de Telegram [7] en Brasil mientras la empresa no cumpliera con esta y otras decisiones judiciales. La decisión se tomó en el marco del caso de Allan dos Santos [8], un bloguero a favor de Bolsonaro implicado en actividades antidemocráticas. La decisión de Moraes fue la muestra final de un descontento que se había ido acumulando a lo largo de los meses. Sin embargo, el bloqueo no entró en vigor, porque Telegram finalmente actuó.
Los acuerdos entre las empresas de redes sociales y el TSE se basan en memorandos de entendimiento, en los que se enumeran las acciones y medidas que deben adoptar conjuntamente el tribunal y cada plataforma. Para Telegram [9], por ejemplo, el acuerdo implica: conceder al canal del TSE en la plataforma un control verificado, acceso a la API de Telegram, crear un canal exclusivo para que el TSE denuncie contenidos infractores, etiquetar la desinformación y participar en reuniones rutinarias con el TSE.
En general, los acuerdos obligan a las plataformas –independientemente de su naturaleza e infraestructura– a comprometerse a priorizar la información oficial como medio para mitigar el impacto nocivo de las noticias falsas en el proceso electoral brasileño.
WhatsApp, aún en el punto de mira por su papel en las elecciones de 2018, se ha comprometido a implementar o ayudar a implementar una serie de medidas para difundir «información fidedigna y de calidad sobre el proceso electoral, como el acceso a la API y el desarrollo de un paquete de pegatinas sobre las elecciones para ser utilizado en la aplicación», según una nota publicada [10] por el TSE.
Aun así, WhatsApp ha creado revuelo por su decisión de retener el lanzamiento de la función Comunidades, que permite crear grupos más grandes y difundir mensajes, hasta después de las elecciones. La decisión ha enfurecido a Bolsonaro, que pensaba que WhatsApp estaba siguiendo órdenes del TSE, lo que no es el caso. Pero, además de los intereses de Bolsonaro, la posición de WhatsApp también ha provocado la preocupación de las autoridades, que entienden que sería más seguro liberar la función recién en 2023, por temor a los disturbios civiles entre la segunda vuelta de las elecciones y la investidura. Además, el Ministerio Público de Brasil considera que el lanzamiento de los grupos más grandes supone un retroceso en los esfuerzos de la empresa por combatir la desinformación [11].
Sin embargo, todos los acuerdos son no vinculantes, lo que significa que no se aplicará en el caso de que una plataforma no cumpla con las acciones enumeradas en el memorándum de entendimiento. Además, el desarrollo continuo de los acuerdos entre el tribunal y las plataformas no es muy transparente, lo que significa que la sociedad, en general, recibe poca información sobre cómo va la cooperación.
Visita la página del proyecto para ver más artículos de Unfreedom Monitor [12].