Imagen de Christian Lue. Uso libre bajo licencia Unsplash.
El 26 de agosto, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa emitió una opinión urgente sobre las enmiendas recientemente aprobadas por Georgia a la llamada ley de escuchas telefónicas:
The @VeniceComm has issued its Urgent Opinion on #Georgia’s draft #surveillance law adopted by the Parliament on 7 June 2022 and vetoed by the President.
The draft law was adopted hastily and needs revision.
Text of the Urgent Opinion: https://t.co/DG9ol3KdEt
— Venice Commission (@VeniceComm) August 28, 2022
La Comisión de Venecia ha emitido una opinión urgente sobre el proyecto de ley de vigilancia de Georgia adoptado por el Parlamento el 7 de junio de 2022 y vetado por el presidente.
El proyecto del ley fue aprobado apresuradamente y necesita revisión.
Texto de la opinión urgente: https://t.co/DG9ol3KdEt
La comisión dijo que el «proyecto de ley que modifica el procedimiento de Georgia para el uso de medidas de investigación encubiertas se adoptó en un procedimiento apresurado y requiere una evaluación de impacto y una justificación más detallada».
La Comisión se refería a una lista de enmiendas sobre escuchas telefónicas al Código de Procedimiento Penal que adoptó el Parlamento en junio de 2022. Las enmiendas fueron adoptadas a pesar del veto de la presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, contra los cambios. En julio, el país se vio sacudido por otra historia de vigilancia estatal. Funcionarios del Gobierno habían obtenido ilegalmente y editado deliberadamente grabaciones de audio de un sala de redacción de un medio opositor y las habían transmitido en un canal de televisión afín al partido gobernante.
La Comisión de Venecia revisó las enmiendas tras la solicitud del presidente Zourabichvili de un dictamen urgente. La opinión, emitida en agosto, enfatizó que «las agencias estatales y los tribunales deben redactar con cautela e interpretar estrictamente las medidas de vigilancia encubierta» como tal, según la Comisión de Venecia, «el marco legal general para supervisar la vigilancia encubierta» debe revisarse «antes de iniciar discusiones sobre las propuestas específicas contenidas en el proyecto de ley».
Se espera el respaldo pleno del dictamen en la próxima sesión plenaria de la Comisión de Venecia, programada para los días 21 y 22 de octubre.
En Georgia, los legisladores del país menospreciaron el dictamen urgente. Según informa Agenda.ge, los legisladores georgianos respaldaron la ley con el argumento de que era «absolutamente compatible» con las normas europeas de protección de los derechos humanos.
En su discurso del 29 de agosto, el presidente del Comité de Derechos Humanos del parlamento georgiano, Mikheil Sarjveladze, dijo que, a diferencia de lo que afirma la Comisión de Venecia, la ley no se adoptó de manera apresurada. En cambio, Sarjveladze acusó a la oposición de no presentar argumentos contra las enmiendas.
«Por lo tanto, no sé de dónde salió la idea de que el procedimiento fue apresurado y nadie tuvo la oportunidad de presentar sus opiniones en su totalidad y participar en un debate».
Antes de adoptar la ley, se instó al presidente Zourabichvili a vetar las enmiendas en una declaración emitida por un grupo de grupos de la sociedad civil georgiana:
The legislative amendments have a number of shortcomings, but the most disturbing among them are the new rules of setting timeframes for covert investigative actions and notifying an individual of a covert investigative action: in particular, covert eavesdropping may be conducted for an indefinite time for investigating 77 types of crime, and in case of several types of crime, an individual may not be notified of being wiretapped for 30 years. Consequently, such [an] individual will not be able to ever use the right of appeal, to exercise the right to fair trial and to defend his/her right to privacy.
According to the legislative amendments, the maximum term of covert investigative action has increased from six to nine months while the list of crimes for which covert eavesdropping and surveillance may be conducted has extended to include additional 27 less serious crimes.
The adopted bill renders those positive legislative changes useless, which were implemented in 2014 with the active involvement of civil society and experts from the Council of Europe.
Las enmiendas legislativas tienen una serie de deficiencias, pero las más preocupantes son las nuevas reglas para establecer plazos para acciones de investigación encubiertas y notificar a una persona sobre una acción de investigación encubierta; en particular, las escuchas encubiertas pueden llevarse a cabo por tiempo indefinido para investigar 77 delitos, y en el caso de varios delitos, una persona no puede ser notificada de haber sido interceptada durante 30 años. En consecuencia, esa persona nunca podrá usar el derecho de apelación, ejercer el derecho de un juicio justo y defender su derecho de la privacidad.
De acuerdo con las enmiendas legislativas, el plazo máximo de la acción investigativa encubierta ha subido de seis a nueve meses, mientras que la lista de delitos por los cuales se puede realizar escuchas y vigilancia encubiertas de ha ampliado para incluir otros 27 delitos menos graves
El proyecto de ley aprobado vuelve inútiles esos cambios legislativos positivos, que se implementaron en 2014 con la participación activa de la sociedad civil y expertos del Consejo en Europa.
En una sesión informativa el 2 de septiembre, el presidente Zourabichvili dijo que Georgia enfrentaba una elección: «o seguimos dentro de la Unión Soviética o avanzamos hacia un verdadero sistema europeo». La forma en que se adoptaron los cambios a la ley en junio señaló una consolidación de poder que no se alinea con la Unión Europea y su decisión de vetar los cambios fue solo eso, una decisión sobre dónde debería estar Georgia en el futuro, explicó el presidente.
La vigilancia patrocinada por el Estado en Georgia no es nueva. En 2021, una serie de filtraciones expusieron el alcance de la vigilancia estatal contra la sociedad civil, así como contra funcionarios estatales y misiones diplomáticas.
En septiembre de 2021, el Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) publicó una historia sobre el recurso del Servicio de Seguridad del Estado de Georgia a la «vigilancia e intervenciones telefónicas generalizadas, que interrumpió medios e internet en Georgia y presentó detalles sobre la vida personal de periodistas, civiles activistas, políticos y clérigos».
El Servicio de Seguridad del Estado negó la acusación y calificó los documentos filtrados de desinformación. El partido gobernante Sueño Georgiano denunció las filtraciones, mientras que el primer ministro Irakli Gharibashvili minimizó las revelaciones. «En cuanto a la vigilancia, ocurre en todos los países, y nuestro país no es la excepción. Si, hicimos la vigilancia, pero de acuerdo con la ley y dentro de los límites de la ley», dijo el primer ministro, según informó Radio Liberty en ese momento.
En agosto de 2021, los periodistas expusieron cómo el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia (SSG) estaba espiando periodistas, políticos opositores y del partido gobernante, activistas, sacerdotes, empresarios y otras figuras públicas.
En marzo de 2021, el viceministro del Interior de Georgia, Kakhaber Sabanadze, renunció luego de otro conjunto de filtraciones que indicaban que «ordenó la interrupción internacional de una reunión de grupos de oposición y usó vigilancia ilegal para rastrear a algunos políticos». Los disturbios también habrían estado supuestamente provocados por los Servicios de Seguridad del Estado.
La vigilancia ilícita fue una de las preocupaciones destacadas por la Comisión Europea como un problema clave de derechos fundamentales que paralizó la solicitud del país para ser miembro de la Unión Europea. El 3 de marzo de 2022, Georgia solicitó de manera formal integrar la Unión Europea. Se le dio al país un plazo extendido para cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión en algún momento de 2023, según informó Radio Liberty.
El 6 de septiembre, los legisladores de Georgia reanudaron las discusiones parlamentarias luego de un receso de verano. La agenta está dominada por el cumplimiento de los 12 requisitos para los planes de adhesión de Georgia a la Unión Europea. El partido gobernante Sueño Georgiano prometió cumplir con todos los criterios para octubre y estar listo para adoptar los cambios legislativos clave en noviembre o diciembre de 2022.
Pero surgen preguntas más importantes; ¿qué va a pasar con la vigilancia patrocinada por el Estado? En una sesión informativa el 2 de septiembre, el presidente Zourabichvili dijo que si Georgia quiere un estilo de vida europeo, entonces debe deshacerse de la mentalidad actual de vigilancia y desprecio por los derechos humanos.
Este articulo es de GV Advocacy, un proyecto de Global Voices con su propio sitio web, en pro de la defensa de la libertad de expresion y contra la censura en internet. · Todos los articulos
