Imagen del sargento Johnson Barros/Fuerza Aérea Brasileña. Derechos de autor: Fuerza Aérea Brasileña (CC-BY-NC-SA 2.0).

En julio de 2020, Meta (entonces Facebook) anunció el retiro de una red de perfiles, páginas y grupos conectados con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro , y el partido con el que fue elegido en 2018, el Partido Social Liberal (PSL) de derecha.

Según la empresa tecnológica, esta red de 33 cuentas de Facebook, 14 páginas, un grupo y 37 cuentas de Instagram implicaban cuentas duplicadas y falsas acostumbradas a «evadir la aplicación, crear personas ficticias que se hacen pasar como reporteros, publicar contenido y gestionar páginas disfrazadas de medios de noticias».

El contenido publicado por esta red giraba en torno a «noticias y acontecimientos locales que incluyen política nacional y elecciones, memes políticos, críticas de la oposición política, organizaciones de medios y periodistas», y noticias sobre la pandemia de coronavirus. Parte del contenido que publicaron ya fue retirado por infracción a las normas de la comunidad de Facebook, sobre todo en relación con el discurso de odio.

No se trataba de una red cualquiera. La investigación de Meta identificó vínculos con figuras del partido y con empleados de las oficinas del presidente Jair Bolsonaro y de sus hijos, el diputado federal Eduardo Bolsonaro y el senador Flavio Bolsonaro. En otras palabras, esta compleja y violenta red identificada por Meta se operaba desde las oficinas de los funcionarios electos, incluido el político de más alto rango del país: el presidente.

Casi toda la familia está involucrada: Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, es considerado el cerebro de la estrategia de Bolsonaro en las redes sociales y se cree que es el comandante en jefe de una compleja operación de ataques y campañas de desprestigio.

Aunque Meta eliminó esta red, el daño ya estaba hecho. La confirmación de que servidores públicos produjeron estos ataques contra los críticos y las instituciones democráticas –en lo que el DFRLab del Atlantic Council, que investigó la red a petición de Facebook, consideró un posible uso indebido de fondos públicos– apunta a un escenario de ataques políticos institucionalizados.

Por un lado, las investigaciones policiales y del Tribunal Supremo sugieren la existencia de una elaborada red que produce ataques en las redes sociales contra rivales políticos e instituciones democráticas que ejercen su función de contención de abusos autoritarios. Por otro lado, esa infraestructura ya no es necesaria porque los partidarios se sienten alentados y autorizados a participar en los ataques sin ninguna estructura de mando.

Un nuevo informe publicado de Agência Pública en vísperas de las elecciones reveló que en estos comicios se produjeron al menos 75 episodios de violencia electoral, incluyendo dos víctimas y ocho incidentes con armas de fuego.

‘Gabinete de odio’

La red que Meta retiró en julio de 2020 forma parte de lo que ahora se conoce popularmente como el Gabinete del Odio. Ya en octubre de 2019, cuando solo habían transcurrido diez meses del mandato de Bolsonaro, una comisión de investigación del Congreso comenzó a hacer averiguaciones sobre ayudantes del presidente acusados de contribuir a la difusión de noticias falsas y ataques contra rivales políticos desde el palacio presidencial.

Desde entonces, se ha sabido mucho sobre el funcionamiento de este grupo. Una investigación de la Corte Suprema sobre las manifestaciones antidemocráticas que se concentraron en el pedido de cerrar la Corte Suprema, el Congreso y el regreso de la dictadura militar, abierta en abril de 2020, mostró coincidencias entre los objetivos investigados y los funcionarios públicos sospechosos de formar parte del Gabinete de Odio.

Fue en el ámbito de esta investigación que los exaliados de Bolsonaro convertidos en espías revelaron más detalles sobre el funcionamiento de este Gabinete del Odio. La red es coordinada por tres aliados presidenciales, que ordenan a otros ayudantes (a nivel federal y estatal) difundir publicaciones ofensivas en páginas y grupos que administran.

Esto permitió que los mensajes ofensivos o etiquetas contra el Tribunal Supremo y sus miembros se difundieran masivamente en cuestión de minutos, explicó la diputada federal Joice Hasselman, que fue una de las aliadas más cercanas de Bolsonaro durante su campaña. Añadió que el grupo construye narrativas en torno a los ataques.

En febrero de 2022, la Policía Federal entregó un informe parcial al Tribunal Supremo en el que se detallaba aún más la estructura de estas «milicias digitales» encargadas de coordinar ataques contra políticos rivales, instituciones democráticas y la difusión de «noticias falsas».

Este informe formaba parte de una investigación del Tribunal Supremo (bautizada como «la investigación de las milicias digitales») abierta en 2021 después de que la Fiscalía General pidió el cierre de otra investigación (la que investigaba las manifestaciones antidemocráticas).

En el documento, la Policía Federal informó al Tribunal Supremo de que esta milicia digital opera a través de la existencia de un Gabinete del Odio: «un grupo que produce contenidos o promueve publicaciones en las redes sociales que atacan objetivos previamente elegidos por los miembros de la organización, y los difunden en múltiples canales de comunicación en las redes sociales».

Para Denisse Ribeiro, comisaria de la Policía Federal a cargo de esta investigación, existe una clara línea divisoria entre las acciones del grupo y la libertad de expresión, ya que el grupo realiza actos delictivos con el objetivo de «manipular a la audiencia distorsionando los datos, induciendo al público al error e induciéndolo a aceptar como verdad cosas que no tienen ningún contrapeso en la realidad».

Ataques generalizados

El impacto de esta «legitimación de las agresiones políticas» puede verse en todo el país y se ha hecho aún más visible durante el periodo de campaña de las elecciones generales de 2022.

La idea de que estos ataques provienen de algunos de los funcionarios de más alto rango del país puede haber creado una especie de pase libre o exoneración para que los civiles ataquen y acosen violentamente a los políticos que les desagradan, y a los periodistas y otros civiles con los que no están de acuerdo.

Estas agresiones no son simétricas, sino que afectan a las mujeres políticas en una escala incomparable. Un informe de MonitorA, proyecto para dar seguimiento a la violencia de género en línea de AzMina, InternetLab y Núcleo Jornalismo identificó que dos mujeres que actualmente son candidatas presidenciales recibieron más de 6600 tweets ofensivos en solo dos días después de su participación en un debate presidencial televisado.

Durante dos semanas, la destacada periodista política Vera Magalhães fue el blanco de repetidos ataques de Bolsonaro y sus aliados, una clara demostración de cómo los ataques del presidente generan una oleada posterior de nuevos ataques.

Durante el debate presidencial del 28 de agosto, después de una pregunta de Vera sobre las vacunas y el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, el presidente sugirió que el periodista «sueña con él por la noche» y «es una vergüenza para el periodismo.» El 7 de septiembre, durante las manifestaciones pro-Bolsonaro en todo el país para el Bicentenario de la Independencia, pusieron la cara de Vera en una pancarta para una de las manifestaciones con la misma frase que dijo Bolsonaro. El 13 de septiembre, durante el debate para el gobierno del Estado en São Paulo, el diputado estatal Douglas García, aliado de Bolsonaro, volvió a repetir la frase mientras filmaba a Vera. Ella tuvo que abandonar el evento bajo escolta policial.

Las perspectivas son nefastas, ya que los ataques que antes se limitaban a los espacios en línea han pasado a ser violencia en la vida real. Una investigación del Observatorio de Violencia Política y Electoral, vinculado a la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirío), reveló que los casos de violencia política, como la muerte de un tesorero del Partido de los Trabajadores a manos de un simpatizante de Bolsonaro, habían crecido un 335 % desde 2019, cuando Bolsonaro asumió el poder.

Queda por ver si el gobierno entrante, que según las encuestas estará encabezado por el expresidente izquierdista Lula, podrá revertir el ambiente de violencia política generalizada, los ataques contra las voces disidentes y la prensa.

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