Imagen cortesía de EngageMedia.

Este artículo de Samantha Floreani es parte de Pandemia de Control, serie que tiene como objetivo promover el discurso público sobre el aumento de autoritarismo digital en Asia-Pacífico en la pandemia de COVID-19. Pandemia de Control es una iniciativa en EngageMedia, en asociación con CommonEdge. Esta versión editada del artículo se reproduce en Global Voices bajo un acuerdo de asociación de contenido

A principios de 2020, el COVID-19 se estableció en Australia. La política del Gobierno evolucionó para convertirse en «cero COVID», que se aplicó con mascarillas, distanciamiento social y, a menudo, cuarentenas. De un momento a otros, casi todos los aspectos de nuestras vidas se trasladaron a internet.

En tiempos de crisis, los Gobiernos suelen apresurarse a otorgar poderes adicionales, muchos de los cuales ponen en riesgo los derechos humanos, y rara vez retroceden una vez que se vuelve a una relativa calma. Las tecnologías omnipresentes de la era digital, combinadas con una pandemia que nos obligó a aislarnos de los demás, allanaron el terreno para un futuro en el que podrían florecer la vigilancia y el control digitales. Anticipándose a esto, los defensores de los derechos humanos instaron al Gobierno a defender los derechos humanos en cualquier respuesta tecnológica al COVID-19. Como dice la abogada y activista de los derechos digitales Lizzie O`Shea:

What will get us through this virus is not coercion and fear, but advocating for and carrying out the politics of care and solidarity.

Lo que nos ayudará a superar este virus no es la coerción y el miedo, sino defender y llevar a cabo políticas de cuidado y solidaridad.

Las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel importante para apoyar una respuesta sólida de salud pública. La pregunta no es si deberíamos usar la tecnología, sino cómo. Las elecciones tecnológicas que hizo el Gobierno estatal y el federal de Australia durante este tiempo dicen mucho sobre sus prioridades e ideologías. Los últimos dos años reflejan una tendencia; en lugar de emplear tecnologías para mejorar la atención y el apoyo de la población de la que eran responsables, los Gobiernos en Australia priorizaron proyectos políticamente interesantes basándose en una ideología de vigilancia y control.

Este artículo examina cuatro respuestas gubernamentales tecnológicas a la pandemia de COVID-19. Además de evitar la transparencia y de ser renuentes a comprometerse con expertos técnicos y a sociedad civil, en última instancia dieron como resultado «soluciones» tecnológicas que iban desde ser totalmente ineficaces hasta activamente punitivas.

Drones policiales y vigilancia móvil

A fines de 2020, los medios australianos informaron que la Policía de Victoria y Nueva Gales del Sur estaban usando drones para supervisar y aplicar las reglas de COVID-19 en espacios públicos. Esto creó gran inquietud entre el público sobre las capacidades de vigilancia, por lo que la Policía de Victoria intentó tranquilizar públicamente a la gente. También se desplegaron unidades móviles de vigilancia con cámaras en parques y otros espacios públicos, para consternación y enojo del público. Muchos criticaron el enfoque agresivo y punitivo del Gobierno para supervisar y multar a quienes violan las reglas de cuarentena, y expresaron su preocupación de que los Gobiernos se extralimitaran en su autoridad son garantías adecuadas, transparencia o requisitos de rendición de cuentas.

Seguimiento de contactos y la aplicación COVIDSafe

En abril de 2020, el Gobierno federal lanzó la aplicación de rastreo de contactos COVIDSafe. Llegó con un listón de retórica política para convencer a la gente de descargarla. Escuchamos metáforas moralizantes de tiempos de guerra, afirmaciones de que la aplicación ofrecería protección contra infecciones «como protector solar,» y llamados patrióticos para unirse al «Equipo Australia«. Se le dijo al público australiano que se necesitaba un 40 % de aceptación, número sin bases, como se revelaría más tarde. Más de siete millones de personas descargaron la aplicación, pero la desconfianza en la capacidad técnica del Gobierno, el mal manejo de los problemas de privacidad y seguridad y las fallas técnicas en el diseño de la aplicación contribuyeron a que las descargas nunca alcanzaran el objetivo fijado.

La aplicación fue diseñada para usar Bluetooth para detectar y registrar identificadores de teléfonos únicos cercanos, siempre que también estuvieran usando la aplicación. Si una persona daba positivo en la prueba de  COVID-19, una lista de todas las personas con las que estuvo en contacto se enviaba al Gobierno, que luego notificaba a quienes podían estar en riesgo. Fundamentalmente, se descubrió que la aplicación no funcionaba a menos que permaneciera abierta. Este fue un defecto fundamental, ya que no era práctico tenerla abierta en todo momento.

Otra preocupación clave fue el modelo centralizado de la aplicación, que requería que el Gobierno actuara como intermediario y manejara toda la información personal recopilada. Reconociendo el potencial de vigilancia masiva u otros usos indebidos de los datos, los defensores de la privacidad y la seguridad recomendaron enfáticamente que el Gobierno adopte un enfoque descentralizado. Esto se ignoró.

A pesar de esto, los defensores de los derechos digitales lograron presionar al Gobierno para que incorporara protecciones de privacidad en la legislación que rige la aplicación, incluidas las limitaciones que impiden el uso de los datos para fines distintos a la salud pública.

Casi dos años después del lanzamiento, un informe que evaluó la efectividad de la aplicación mostró que no se agregaba mucho valor al sistema convencional de rastreo de contactos y, en algunos casos, aumentó al carga de trabajo de los rastreadores de contactos. Elaborar la aplicación costó 7.7 millones de dólares australianos (poco menos de cinco millones de dólares estadounidenses) y el mantenimiento entre 60 000 y 75 000 dólares australianos (entre 39 000 y 48 000 dólares estadounidenses) mensuales adicionales. A partir de diciembre de 2021, el Gobierno australiano se niega a publicar datos sobre cuántas personas continúan usando la aplicación.

Sistema de registro con código QR

En noviembre de 2020 surgió un nuevo proceso de entrada en tiendas y locales mediante smartphones y códigos QR. Sin embargo, el uso de este sistema fue caótico. Cada estado estableció sus propios requisitos, que variaban drásticamente. En Victoria, por ejemplo, el Gobierno inicialmente obligó a las empresas a recopilar datos personales de sus clientes, pero esto no vino con orientación ni apoyo sobre cómo hacerlo de manera segura. Esto dio lugar a que muchas empresas pequeñas con poca o ninguna experiencia técnica de seguridad se apresuraran a subcontratar sus requisitos de registro a plataformas de registro de terceros. La información personal de millones de australianos quedó en riesgo de que diversas plataformas de registros de terceros la recopilaran, utilizaran y vendieran para fines completamente diferentes a la salud pública. Muchas de estas plataformas son propiedad de empresas cuyo negocio principal es el manejo de datos.

A la larga, los Gobiernos estatales implementaron sus propios mecanismos para que las empresas se registren para obtener un código QR oficial que funcione con una aplicación de teléfono inteligente administrada por el Gobierno. Si bien esto mejoró el problema inicial, no hizo nada para resolver la innumerable cantidad de personas cuya información fue divulgada en el ínterin, y ahora reciben mensajes de texto no deseados.

Tampoco elimina las preocupaciones con respecto a los organismos gubernamentales que obtienen y utilizan los datos recopilados a través del sistema de registro. Al menos en seis ocasiones, la Policía ha utilizado los datos de registro con el fin de hacer cumplir la ley, medida condenada por el comisionado de Privacidad de Australia.

Aplicaciones de cuarentena en el hogar

En octubre de 2021, el estado de Australia del Sur anunció una prueba de una aplicación para teléfonos inteligentes de cuarentena. La aplicación fue diseñada para hacer cumplir las reglar de cuarentena a través de un software de geolocalización y reconocimiento facial. Después de la prueba, otros estados australianos también anunciaron que probarían la aplicación.

Expertos en tecnología, abogados de derechos humanos y la sociedad civil expresaron su preocupación por el uso de tecnologías tan invasivas sin fuertes protecciones de privacidad. Digital Rights Wath y Human Rights Law Center escribieron una carta conjunta a los ministros de Salud australianos, y los instaba a extender la misma norma de protecciones legislativas que se implementaron para la aplicación COVIDSafe a cualquier otra respuesta tecnológica a COVID-19

Conclusión

A pesar de los pedidos de asistencia de las comunidades afectadas para un mayor apoyo, los Gobiernos priorizaron las respuestas que enfatizaban un enfoque punitivo basado en la vigilancia. Al hacerlo, los Gobiernos australianos maltrataron la licencia social, la autoridad informal que la gente dio al Gobierno sobre la confianza para ayudarnos a superar una gran crisis de salud, por su propia agenda política.

Después de dos años, no está claro si estos enfoques ni las concesiones otorgadas a las libertades civiles valieron la pena o si fueron efectivos. No obstante, está claro que los Gobiernos australianos abordaron el uso de las tecnologías digitales desde una perspectiva ideológica, apoyándose en gran medida en control y vigilancia, y dejaron de lado una política de atención y apoyo.

Es importante que aprendamos de esta experiencia para que podamos utilizar la tecnología digital para responder de una manera más efectiva y respetuosa de los derechos en el futuro. Tal como advirtieron los defensores a principios de 2020, incorporar los derechos humanos en cualquier respuesta tecnológica a una crisis es esencial para su éxito, y también para garantizar que tengamos una sociedad a la que queramos pertenecer una vez que volvamos a tiempos de relativa calma. Australia haría bien en prestar atención a esta lección.

*Samantha Floreani trabaja en la intersección de derechos humanos, tecnología y feminismo. Actualmente es directora de programa en Digital Rights Watch, donde aboga por los derechos humanos en la era digital. Antes fue especialista en privacidad y tecnología en Salinger Privacy, integró la junta de Australian Privacy Foundation y fue directora del programa Code Like a Girl.