Imagen cortesía de Ameya Nagarajan

Desde hace tiempo, los regímenes autoritarios tienen una relación complicada con las tecnologías de prensa y comunicación. Unfreedom Monitor es una iniciativa de investigación de Global Voices Advox que analiza el creciente fenómeno del autoritarismo en red o digital. Este extracto del informe sobre Egipto es de la serie de informes que surgen de la investigación de Unfreedom Monitor. Lee el informe completo aquí.

En 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) clasificó a Egipto como uno de los mayores carceleros de periodistas del mundo.  Entre 180 países en 2021, Egipto ocupó el puesto 166, después de Libia y Guinea Ecuatorial. Según RSF, la mitad de los del país están controlados por el Gobierno o afiliados a los servicios de inteligencia. El resto está controlado por hombres de negocios a favor del Gobierno. Los pocos sitios web de prensa independientes que siguen abiertos han sido bloqueados. Detuvieron a sus propietarios y editores y quedaron en libertad poco después, como ocurrió con Mada Masr  y Al-Manassa. En Egipto, desde 2014 más de cien periodistas han sido arrestados y hay más de 500 sitios web bloqueados. La adopción de nuevas regulaciones como la ley antiterrorista, la ley de delitos cibernéticos y la creación del Consejo Supremo para la Regulación de Prensa suprimieron la libertad de expresión y bloquearon el camino hacia una prensa libre. Estas nuevas leyes y reglamentos han afectado el trabajo de los periodistas que corren el riesgo de ser acusados de pertenecer a un grupo terrorista o de difundir noticias falsas. Ante la comunidad internacional, Egipto desmiente encarcelar a periodistas por su trabajo, lo que en cierta medida es verdad, ya que la seguridad egipcia está enjuiciando y encarcelando a periodistas acusados de pertenecer a grupos terroristas sin referirse directamente a su trabajo periodístico.

El análisis de Airtable realizado en este proyecto intenta reflejar la situación en torno a supervisión de tecnología a través de contenido en línea durante los últimos años. Podemos ver un objetivo repetido de restringir la libertad de los espacios en línea y de prohibir cualquier narrativa paralela a la oficial. Esto se puede ver en las órdenes del Fiscal General de establecer una unidad para vigilar y supervisar las plataformas y actividades de las redes sociales, al contrario de los artículos constitucionales que protegen la privacidad de las personas y su derecho a la libertad de expresión.

Tras el seguimiento de las redes sociales, las autoridades apuntan a activistas u opositores y cualquier actividad que podría llamar la atención pública o ser considerada fuera del marco tradicional de Egipto, como ocurrió con los influenciadores de Tiktok. Casi todo se podría considerar como «seguridad nacional» y «valores familiares», desde enjuiciar en lugar de proteger a una víctima de violencia sexual que utilizó las redes sociales para dar a conocer su historia, a bloquear los sitios web de Shia y exponer a youtuberos que hablan sobre Bitcoin en sus canales.

Es difícil estimar la inversión del Gobierno egipcio para importar y difundir tecnología de vigilancia. Aunque el Gobierno anunció la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión y tecnología de reconocimiento facial, esta declaración y noticia carecía de explicaciones de medidas de privacidad y de regulaciones de su uso. Después de que una fuente oficial anunció el uso de cámaras de reconocimiento facial en las calles y estaciones de metro, uno de los reportajes en el análisis declaró que se rajaron y negaron a comentar. Esta medida puede explicarse en vista de la preocupación de que esta declaración pudiera alarmar a la comunidad internacional de derechos humanos acerca del uso egipcio de esta tecnología.

No tiene sentido criticar a la comunidad internacional hacia la administración egipcia por vulnerar los derechos de la gente si no se toman medidas severas para frenar estas prácticas. Países como Alemania y Estados Unidos han denunciado varias veces los antecedentes de derechos humanos de Egipto. Sin embargo, seguían brindando el mismo sistema de tecnología de vigilancia avanzada bajo la rúbrica de «protección de fronteras». Francia tiene fuertes vínculos con los servicios de seguridad y les provee de tecnología inteligente usada para vigilar la disidencia y espiar y arrestar a la gente LGBTQ+. Aunque los cuerpos de seguridad mataron a uno de sus ciudadanos en Egipto, Italia no renunció a su contrato de compraventa de armas con Egipto hasta después de que recibió presión de la comunidad nacional e internacional. No se ha culpado a países como China, Rusia o Israel por exportar esta tecnología a Egipto. Los verdaderos culpables son los Estados que se promocionan como pioneros de libertad y protectores de derechos humanos. Al mismo tiempo, no paran de exportar a Estados autoritarios el uso dual de tecnología de vigilancia para su beneficio económico.

Lee el informe completo aquí.