Imagen cortesía de Ameya Nagarajan

La investigación de Global Voices Advox revela la creciente tensión entre las declaraciones del Gobierno sobre libertad de prensa y el cierre del espacio que se destina a la libertad de prensa en Zimbabue. Inevitablemente, los periodistas de los medios independientes se ven cada vez más involucrados en la lucha para dominar el discurso nacional. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, la posición de Zimbabue descendió siete puntos en comparación con 2021, y en 2022 se sitúa en el puesto 137.

Cumplir con el deber o abandonar el barco

El artículo 61 de la Constitución de Zimbabue establece la libertad de expresión y de los medios, mientras que el artículo 44 impone al Estado y a todos los organismos del Gobierno la obligación de respetar, proteger, promover y cumplir los derechos y libertades establecidos en la Carta. Sin embargo, los episodios recientes, sobre todo los relacionados con el trato a la prensa y a las voces alternativas, demuestran el poco cumplimiento de las leyes constitucionales. El entorno político del país se vuelve cada vez más tóxico para los periodistas, ya que tanto el Estado como los partidos opositores se han comportado como depredadores de la libertad de prensa. Los periodistas son blanco de una batalla política centrada en la producción de noticias aceptables para el Gobierno o bien para la oposición. El activo mundo de las redes sociales ha hecho que la situación se complique, de modo que ha dejado a la prensa en una posición vulnerable.

Tras su elección en 2018, el presidente Emmerson Mnangagwa prometió abandonar la política totalitaria del difunto Robert Mugabe, que incluía amplias reformas institucionales y los medios. Este proceso suponía el estricto cumplimiento de la Constitución, así como reformas estatales y legislativas como parte del nuevo mantra «Zimbabue está abierto a los negocios». Sin embargo, periodistas de los medios públicos fueron amenazados después de asistir a los mítines de partidos opositores, al tiempo que se registraron algunos incidentes en los que la seguridad de los líderes de la opositora Coalición Ciudadana por el Cambio agredió a la prensa en algunas de esas reuniones.

En una entrevista por correo electrónico con Global Voices, Stephan Chan, profesor de Política Internacional de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos,  señala que existe una gran tensión antes de las elecciones de 2023 y que el Gobierno es consciente de que sus políticas económicas no son eficaces. «La oposición es muy cautelosa al jugar sus cartas antes de tiempo y ambas partes desconfían, en particular, del periodismo de investigación», dijo. Debido a que la tasa de penetración de internet es bastante alta, puesto que el 30,6 % de la población contaba con este servicio en enero de 2022, el Gobierno sigue atento al hecho de que más personas tengan acceso a las noticias y a la información a través de las plataformas digitales. Chan sostiene que el Gobierno sabe que no puede restringir ese acceso todo el tiempo y por eso recurre a vigilar a los periodistas. «Por lo tanto, la persecución está muy centrada en los periodistas que tienen seguidores. En este sentido, aunque haya un control generalizado, el objetivo es muy concreto», afirmó.

Rastrar una tendencia ambigua: Observatorio Cívico de los Medios

El Observatorio Cívico de los Medios (OCM) es un método de investigación que se utiliza para identificar y rastrear los relatos y temas cruciales relacionados con los acontecimientos y las tendencias, en función del contexto y el trasfondo de los medios. Los datos recopilados por el Observatorio sugieren que los funcionarios del Estado son los principales responsables de las violaciones a la libertad de prensa, que van desde detenciones arbitrarias y encarcelamientos por causas injustificadas hasta, muchas veces, agresiones físicas.

El 17 de agosto de 2021, la periodista Elizabeth Mashiri, que vive en Gweru, tuvo un desagradable encuentro con la Policía tras filmar los enfrentamientos entre vendedores ambulantes y policías en la ciudad de Midlands. Asimismo, el 7 de julio de 2022, la Policía atacó al periodista Anyway Yotamu cuando grababa los altercados con vendedores en las calles de Harare, lo detuvo y encarceló. Por último, el 4 de junio de 2022, un activista político amenazó de agresión al periodista independiente Simbarashe Sithole por publicar dos artículos sobre la supuesta corrupción en la circunscripción del ministro del Interior, Kazembe Kazembe. El 24 de junio de 2020, los periodistas Leopold Munhende y Munashe Chokodza fueron detenidos y agredidos con violencia por seis militares, aparentemente por infringir las normativas de circulación de la COVID-19.

Estos ataques, además de muchos otros incidentes, revelan que la prensa está en un frágil equilibrio entre la seguridad nacional y la obligación profesional de informar con veracidad sobre lo que ocurre en Zimbabue. Esto se contrapone a la versión de paz y prosperidad que el Gobierno quiere que difundan los periodistas que trabajan en el país, dado que la ministra de Información, Monica Mutsvangwa, les ha solicitado en otras ocasiones que fomenten la imagen del país.

¿Un réquiem por los medios?

En entrevista con Global Voices, el analista político Vivid Gwede dijo que el aumento de los ataques a la prensa refleja la intención generalizada de cerrar el espacio democrático después de las elecciones de 2018.

«Hay un ataque a la libertad de expresión y al derecho a reunirse, que incluye la prohibición de las protestas con el fin de silenciar las voces disidentes, sobre todo a medida que aumentan los problemas económicos, como la hiperinflación, ya que se acercan las elecciones de 2023. Se ataca a la prensa porque es clave para que el Gobierno asuma responsabilidades», dijo.

Gwede señala que, como se suele considerar que los medios en línea amenazan la estabilidad y la seguridad en todo el mundo, Zimbabue ha recurrido a narrativas a favor de la seguridad y la estabilidad para restringir derechos constitucionales, como libertad de expresión y de medios. Afirma que la limitación a la libertad de prensa afectará el desarrollo de las elecciones en el país, y que las bajas clasificaciones de la libertad de los medios tiene un impacto negativo que se refleja en la forma de gobernar.

«Esto se debe a que la prensa debería informar con libertad y dar a conocer a la sociedad cuestiones claves, como derechos humanos y corrupción, que inciden en la calidad del Gobierno, la rendición de cuentas y la democracia», afirmó Gwede.

Una cuestión clave en la investigación es saber si el solo el uso de las plataformas digitales para la difusión de noticias y la comunicación masiva supone ahora una amenaza a los clásicos discursos del Estado. o si hay otros factores que los investigadores deberían considerar.

Gwede sostiene que la tecnología digital ha perturbado el tradicional monopolio del Estado sobre la información, y por eso sus narrativas sobre la sociedad es cada vez más cuestionada y discutida en el medio virtual.

«Ciertamente, los ciudadanos y los medios tienen ahora mayor capacidad para configurar nuevos relatos y contrarrelatos acerca de la sociedad, o revisar las opiniones marginadas frente al sistema estatal o fuera del sistema», afirmó.

Por el momento, los periodistas de Zimbabue tienen que soportar el complicado y peligroso ámbito de la información del país.

Para más información sobre el proyecto, visita la página de Unfreedom Monitor.