Foto de Omar Arregui Gallegos para La Barra Espaciadora, usada con su permiso

Han transcurrido tres años y seis meses sin que aún se resuelva el “caso Ola Bini” en Ecuador, que ha cruzado fronteras y ha generado adhesiones de organizaciones nacionales e internacionales. El hecho ocurrió el 11 de abril del 2019, cuando Bini fue acusado de colaborar con los intentos de desestabilización político contra el gobierno de Lenin Moreno por su cercana amistad con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, un proyecto que filtró miles de documentos que revelaban, sobre todo, las violaciones a los derechos humanos de Estados Unidos en zonas conflictivas como Afganistán o Irak. A estas ideas conspirativas, el gobierno de entonces sustentó sus acusaciones con un supuesto ataque a los sistemas informáticos del estado ecuatoriano que luego se cambió por el presunto delito de acceso no autorizado de los sistemas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Sin embargo, en la perspectiva de los expertos en temas de derechos digitales, el caso de Bini está revelando un profundo y preocupante desconocimiento de la justicia ecuatoriana. No en vano este ya es un caso emblemático en la región relacionado a la persecución de desarrolladores de tecnología segura, investigadores en seguridad y expertos informáticos —dice Veridiana Alimonti, directora asociada para políticas de América Latina de Electronic Frontier Foundation (EFF). Agrega que:

Se ha lidiado este caso como un pánico hacker, un miedo que hay con los conocimientos de la comunidad de seguridad informática y de ciberseguridad.

EFF, con una larga experiencia viendo casos de persecución criminal contra expertos de seguridad, ha sido una de las organizaciones que visitó Ecuador para conocer de cerca la situación de Ola Bini. De hecho, elevó una carta a la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador para que examine las irregularidades y violaciones de las garantías procesales con el fin de que pueda existir un “juicio justo”. La Secretaría respondió que el órgano para dar seguimiento sería la Defensoría del Pueblo. EFF remitió el documento a esta institución y, pese a insistir en dos oportunidades, hasta este momento no ha tenido ninguna respuesta.

Como otras organizaciones sociales preocupadas por el tema de los derechos digitales y por los efectos que podría generar el caso de Ola Bini en el espectro digital, EFF se ha unido a otras 18 organizaciones para formar la Misión de Observación que, en mayo pasado, trabajaron el Informe de un proceso paradigmático para los derechos humanos en la era digital. Entre sus conclusiones, si bien se subraya las irregularidades del debido proceso, también se señala la fragilidad de los conocimientos técnicos de quienes acusan a Bini, como la Fiscalía o la Policía Nacional. Por ejemplo, el hecho de asumir que el uso de herramientas como Tor —un navegador seguro que protege tus datos y asegura el anonimato en la red— es una actividad en sí misma sospechosa y que puede conllevar a la criminalización de personas que realizan actividades legítimas y protegidas por las normas internacionales de Derechos Humanos. A renglón seguido, el Informe añade:

En relación con el tema anterior llama la atención la posibilidad de que el caso se desarrolle en el sentido de profundizar aún más un escenario de persecución de la llamada “comunidad infosec” en América Latina. Esta comunidad está formada por activistas de la seguridad de la información que, al encontrar vulnerabilidades en los sistemas informáticos, realizan un trabajo que tiene un impacto positivo para la sociedad en general. El intento de criminalizar a Ola Bini ya muestra un escenario hostil para estos activistas y, en consecuencia, para la garantía de nuestros derechos en el entorno digital.

En efecto, en las audiencias realizadas, sobre todo en lo que va del 2022, los prejuicios y el desconocimiento sobre ciberseguridad se han reflejado en la narrativa de la parte acusatoria que pretende enmarcar el uso de navegadores seguros cifrados, es el caso de Tor, “como algo sospechoso o incluso la indicación de un hecho criminal” afirma Alimonti. Alimonti destaca que, desde la defensa de Ola Bini, se ha tratado de subrayar la importancia de estas herramientas para las comunicaciones en distintas situaciones.

Las tecnologías seguras han permitido que los activistas o defensores de derechos humanos, los abogados y sus clientes, los periodistas y sus fuentes, puedan comunicarse de manera segura. Entonces, las herramientas que se han creado para permitir eso pasan a sufrir persecución y aquellos que los desarrollan se vuelven blancos.

Una situación similar ocurre con una fotografía —difundida ampliamente por los medios de comunicación— que se encontró en el celular de Ola Bini. De acuerdo a la Fiscalía, esta sería la prueba que muestra cómo se vulneró el sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) —una de las partes que acusa al ciberactivista sueco.

Para Rafael Bonifaz, coordinador tecnológico de Derechos Digitales, la foto revela, por el contrario, que no hubo ningún ingreso al sistema: no se trata de una imagen que revela lo que hay dentro de un servidor, por ejemplo. Al contrario, lo que sí debería ser noticia —continúa Bonifaz— es por qué CNT está usando un sistema que no es cifrado.

Lo que debería ser un escándalo aquí es que en el 2015, CNT haya estado usando Telnet. Yo, cuando aprendí a administrar servidores, en el año 2003 me enseñaron Telnet con fines históricos. Así se hacía antes, por favor, [nos decían] no vayan usarlo ahora […] Nos enseñaron así hace 20 años y lo seguimos haciendo porque así aprendimos.

La experiencia de Bonifaz —como administrador de sistemas— le permite afirmar que una entidad del estado, como CNT, usa tecnologías inseguras para administrar sus ruteadores. «Esto pone en riesgo las comunicaciones del Estado, entonces, hay que tomarse en serio los temas de ciberseguridad. Cuando ves que CNT hace eso, uno ve que ese tema no es prioridad».

Bonifaz también agrega otro elemento en el caso Ola Bini: la estigmatización —que va en la misma reflexión sobre el desconocimiento técnico y el miedo que eso genera, como explicaba Alimonti. Ola Bini es un “gringo” que tiene características muy particulares: usa sombrero y ropa negra, gafas oscuras y tiene las uñas pintadas, un aspecto que ha sido recogido por diversos medios de comunicación.

Puede parecer un tema menor, sin embargo, ha sido parte de los argumentos de quienes acusan a Bini. Bonifaz recuerda que en una de las audiencias dijeron que el ciberactivista sueco es un hacker que usa sombrero negro y que, por esa razón, ataca los sistemas informáticos. “Y podría seguir con casos que llegan al absurdo. Estuve en una audiencia donde el Fiscal hacía énfasis de que Ola Bini era peligroso porque tenía libros de seguridad informática y, además, en inglés”.

En lo referente al proceso judicial, las irregularidades se han presentado desde el momento de la detención en el aeropuerto internacional de Quito —el día que Assange fue sacado de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Inredh y una de las organizaciones que forma parte de la Misión de Observación, indica, además, que el tipo de delito por el que se acusó inicialmente a Bini cambió: se pasó de vulneración a un sistema informático al delito por el que se le juzga a Bini ahora, el acceso no consentido a un servidor —en este caso CNT— de acuerdo al artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal.

Por otra parte, Bolaños también identifica la estigmatización que se genera sobre Bini. “Hay la construcción de un enemigo interno que, por el hecho de tener un conocimiento más avanzado, se considera una conducta diferente y, por tanto, punible”. Entonces, ¿qué puede pasar si Ola Bini termina siendo condenado? La asesora legal considera que el impacto en los derechos digitales sería riesgoso. “Podría haber tipos penales donde se indique que ciertos programas o aplicaciones están prohibidos o [pueden ser] vistas como sospechosas”.

Ciertamente, en los tres años y seis meses que lleva el caso, no se ha podido conocer una prueba sólida que haya sido recogida por los medios de comunicación, más allá de las acusaciones que hiciera la exministra María Paula Romo, replicada y fortalecida por el expresidente Lenin Moreno. En el hipotético caso de que Ola Bini resulte libre, Bolaños dijo que si las acusaciones delictivas no han sido demostradas cabe la cuestión de una reparación integral.

Este año, el caso Ola Bini cobró notoriedad mediática ya que desde enero hasta agosto se han desarrollado las audiencias, aunque con las respectivas suspensiones. La última ocurrió el pasado 30 de agosto, como informó Inredh. Esta ha sido la constante en el juicio a Bini, sumado, además, por los rigores de la pandemia que afectó la actividad judicial.

Al momento de publicar este artículo no se conoce cuándo se retomará la audiencia que permita saber el destino de Ola Bini en Ecuador: si la prisión o su libertad.