Imagen cortesía de Ameya Nagarajan

La legislatura —y el proceso legislativo— es uno de los tres pilares de la democracia, preservado en el mismo núcleo del sistema político. El sistema legal y el proceso de legislar existen para proteger a los ciudadanos de una democracia. Pero en la investigación de Unfreedom Monitor hemos comprobado repetidamente cómo los Estados autoritarios y los supuestamente democráticos utilizan leyes que deberían proteger a los ciudadanos para fiscalizar los actos, las palabras y la propia presencia de la gente en los espacios digitales, lo que limita la libertad de expresión. En un episodios de Global Voices Insights titulado «¿Pueden confiar en la ley los ciudadanos de las democracias?», los panelistas Laís Martins, Veszna Wessenauer y Alok Prasanna Kumar debatieron las consecuencias de que los Gobiernos aprueben leyes para regular los espacios digitales.

El Informe 2022 de Freedom House muestra que la libertad global disminuye por décimo año consecutivo. Las autoridades de varios países elaboran leyes dirigidas a empresas y sectores tecnológicos con la intención de reprimir la libertad de expresión y recabar datos privados de los ciudadanos. La tecnología y la libertad están más enmarañadas cada día: las últimas elecciones en Brasil (2018) e India (2019) se apodaron «elecciones WhatsApp», en las que se vieron batallas de amor-odio con las redes sociales en ambos países.

Martins explica que en las elecciones de 2018 en Brasil, todos los candidatos usaban diestramente las redes sociales, sobre todo Bolsonaro, que incorporó el uso de medios sociales y la desinformación en su presidencia, y las intensificó rápidamente hasta un comportamiento falso coordinado y ataques a los periodistas y a miembros de la oposición. Los legisladores han planteado leyes que intentan contrarrestarlo.

En 2020, comenzó a tomar forma en la izquierda del Congreso brasileño la Ley de Desinformación, destinada a luchar contra la información falsa. Según avanzaba el debate y se conocía el impacto que podría tener en la libertad de expresión, se incorporaron varias sugerencias de académicos, sociedad civil, etc. La ley acabó convirtiéndose en una gigantesca reglamentación de plataformas, lo que provocó que comenzara a enfriarse el apoyo de muchos actores principales que habían respaldado firmemente la ley, acusándola de haber degenerado en algo que intenta cambiar la forma en la que opera internet.

Martins señala que el principal problema con la ley es que criminaliza contenidos, pero no comportamientos, porque da a los gobernantes la opción a decidir qué es contenido «malo» en cualquier momento, y enjuiciar a la gente por este contenido. Además, requeriría que las plataformas supervisaran los contenidos, lo que añade otro grado de dificultad, puesto que exige comprender el contexto del país para decidir si son problemáticos de alguna forma, y ya se ha visto en Brasil e India hasta qué punto eso puede resultar contraproducente.

Alok comenta que en un país con un frágil estado de derecho, como India, donde «la Policía y la judicatura no siempre respetan la ley, sino que siguen las instrucciones de los superiores», ni siquiera tienes que ir a por el contenido: puedes acosar a la persona «responsable» de ese contenido, y asustarla hasta reducirla al silencio. La ley de Tecnología de la Información de 2000 en India tiene dos secciones que se suelen utilizar precisamente para esto.

La sección 66A de la ley, vigente desde 2009, que Alok denomina «sección zombie», criminaliza a cualquiera que envíe un mensaje ofensivo o amenazante por cualquier medio, en un intento por centrarse en el contenido. Y puesto que no existe una definición objetiva de qué es «ofensivo» o «amenazante», la ley convierte en delito cualquier cosa inaceptable. En 2015, la sección se puso en tela de juicio, y el Tribunal Supremo la revocó por violar la libertad de expresión. Pero siete años después de esta sentencia —más tiempo del que estuvo vigente—, se sigue procesando a personas según esta «sección zombie».

La otra, sección 69A, permite al Gobierno bloquear enlaces concretos de internet. Lo que resulta injusto es el proceso por el que se bloquean, ya que no exige que se revele por qué se ha eliminado el contenido. En los últimos tiempos, el Gobierno indio ha eliminado canales enteros de YouTube, algunos de los cuales cubren eventos locales que la prensa tradicional ignora, sin dar ninguna información sobre las causas que han llevado a tomar esta medida. La sección 69A encaja en un conjunto mayor de leyes indias que Alok llama «leyes sin ley», porque el Gobierno las usa a su capricho: las consecuencias sobre las personas son duras, y no hay espacio ni para explicaciones ni para rectificaciones.

En Hungría, una ley específica pensada para hacer el bien pero abierta a grandes abusos es la Ley de Protección de la Infancia de 2021, aprobada para proteger a los menores de los pedófilos. Como la ley limita quién tiene permitido hablar con los niños sobre sexualidad, se usa para atacar a la comunidad LGBTQ+. Wessenauer dice, «Se aplica con prohibición de contenido de cualquier tipo conectado con la comunidad LGBTQ+ y hecho para menores de 18 años», señalando el paralelismo de la investigación abierta en Arabia Saudita a una película animada de Netflix en la que dos chicas se besan y un incidente similar en Hungría.

Aunque consideramos tres contextos muy distintos, hay semejanzas muy interesantes. Martins señala que Brasil también vigila estrechamente quién puede hablar de sexualidad a los niños. Para Alok, es llamativo cómo el Gobierno sigue eligiendo nuevos enemigos: musulmanes, «occidente», la gente LGBTQ+, inmigrantes… cualquiera que encaje en su campaña actual.

El punto principal, y la otra cara de la regulación de internet, es que permite al Estado movilizarse y borrar la existencia de estas comunidades y sus identidades de la cultura y el debate popular: India es para los hindúes, y quizás Hungría es para los húngaros. Lo que Wessenauer encuentra más preocupante es que lo hacen en el nombre de la democracia. «¿Cómo puedes discutir con una ley de protección a los niños? Si la criticas, es como tomar partido por los pedófilos».

¿Los gigantes tecnológicos podrían ser un bastión de la democracia?

Se plantea una cuestión: «¿Cuáles son las partes de una democracia que deberían funcionar pero no lo hacen, con lo que permiten que esto suceda? ¿Cómo es posible que la sección 66A se siga usando siete años después de haber sido derogada en India?».

Para Alok, una parte es definitivamente el hecho de que la Policía y la judicatura hayan perdido la brújula. En principio, la Policía india se creó para ser una fuerza colonial, para mantener a la gente controlada y callada, y no ha cambiado en absoluto: incluso siguen llevando los mismos uniformes. La Policía existe para mantener la paz… para los gobernantes. En una democracia, la institución que exige explicaciones a la Policía es la judicatura, pero aquí también ha olvidado su misión.

Alok nos da un ejemplo: «En las primeras 24 horas de una detención en India tienes derecho a que te atienda un magistrado. Y la pregunta que suelen hacer es «¿Cuántos días debo mandarlo a la cárcel?» en lugar de «¿Debe ir a la cárcel?». ¿Cuándo dejaron de pensar los magistrados que su trabajo era pedir explicaciones a la Policía para hacer más fácil la vida de los ciudadanos, y no la de las fuerzas del orden? Este es el principal problema: no se toman en serio los derechos de los ciudadanos ni el estado de derecho».

Pero aquí hay otra fuerza en activo: los gigantes tecnológicos. ¿Qué deben o pueden hacer los gigantes tecnológicos para ayudar a los usuarios perseguidos por el Gobierno?

En Brasil —dice Martins—, está claro que la ley contra la desinformación no se aprobó gracias a los gigantes tecnológicos, que presionaron a los legisladores a la vez que llevaban a cabo campañas publicitarias. Estas empresas sabían exactamente dónde presionar. «Nuestros legisladores saben muy poco de redes sociales. Esto significa que los gigantes tecnológicos actúan con toda libertad en Brasil, lo que resulta alarmante para los ciudadanos, y como es un mercado tan grande, tienen pocos incentivos para permitir su reglamentación».

Alok se muestra escéptico ante la posibilidad de que los gigantes tecnológicos apoyen a los ciudadanos y presionen al Gobierno para que legisle una regulación, pero si lo hicieran, debería ser de una forma pública y transparente que inspire confianza. La Ley de Protección de Datos Personales fue un intento de reducir el poder de los gigantes tecnológicos, y aun con sus fallos, fue un esfuerzo de cinco años que no sirvió de nada a causa de las presiones. «Quizá aún no tengan un ejército, pero dado que India fue originalmente colonizada por una empresa, yo soy cínico y sospecho que los gigantes tecnológicos hacen retroceder al Gobierno».

En Hungría, dice Wessenauer, el Gobierno ha centralizado y tomado el control de los medios tradicionales, y ahora intentan implementar el mismo control de las redes sociales usando a los influenciadores. Esto significa que las empresas tienen que aceptar que están en una situación en la que actúan como herramientas. Esto es lo que hace que la transparencia sea tan importante, dice Wessenauer. «Aunque cumplas, puedes decir abiertamente que cumples bajo protesta, y hacer públicas las exigencias y las acciones». Esto es lo que Twitter intenta hacer en India al llevar el Gobierno ante los tribunales.

En Brasil no existen leyes de este tipo, lo que significa que todo tiene que hacerse vía judicial, incluso a veces algo tan simple como encontrar información sobre cosas irrelevantes, señala Martins. «Pero hay que decir que las plataformas tienden a rechazar las solicitudes. Creo que las plataformas, sobre todo después de Trump, son muy conscientes de lo que se hace con sus herramientas y de que podrían llegar al punto de bloquear una cuenta, por ejemplo, si Bolsonaro dice que han robado las elecciones. Pero no lo dirán abiertamente».

Sea el desafío administrativo de simplemente averiguar por qué han bloqueado algo o una razón política que oculte a la gente lo que ha sucedido con sus comentarios en línea, las tecnológicas pueden ayudar institucionalizando la transparencia al menos para que los usuarios descubran qué ha sido de sus contenidos.

«A veces puede parecer que es la protesta de nunca acabar, pero tenemos que seguir hablando, alzando nuestras voces», dice Wessenauer. «Es un cliché, pero el silencio es lo que encumbró a los nazis». Para Martins es difícil sentirse optimista, aunque intenta no ver las cosas en un plano binario. «Estoy preocupada por la democracia en Brasil, y aunque la conservemos, ¿cómo vamos a avanzar? Como periodista, puedo informar a la gente sobre lo que nos jugamos». Alok, pese a su cinismo con las tecnológicas, es el más optimista, y dice que raramente preguntamos «¿Qué se puede construir?» No todo necesita grandes recursos: está bien empezar con algo pequeño. «¿Podemos construir mejores instituciones y Gobiernos? Porque en realidad, la gobernabilidad aumenta, no disminuye». Lo que tenemos que hacer es estar alerta y construir mejor.

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