Ecuador: la tentación de controlar las tecnologías 

Ilustración de Melissa Vida hecha con Canva.

Las organizaciones de derechos digitales en Ecuador permanecen atentos a las tentativas del Estado para afectar las telecomunicaciones, indistintamente el perfil ideológico que puedan tener los gobiernos de turno. Cuando hay protestas, parece que es un momento vulnerable para la libertad de expresión, en particular.

En los últimos cinco años han ocurrido dos protestas indígenas de proporciones relevantes, que han logrado tener un impacto en la comunidad internacional: octubre del 2019 y junio del 2022. Estos acontecimientos sociales y políticos tuvieron como trasfondo la afectación a las familias ecuatorianas, sobre todo indígenas, debido a las medidas económicas que Ecuador asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En ambos conflictos sociales no solo hubo represión policial, también se evidenció que los gobiernos toman decisiones sobre el acceso a las tecnologías. Ha sido muy llamativo que, en el paro indígena de junio del 2022, se intentó legalizar las interrupciones del Internet. El caso fue distinto en octubre del 2019 donde, si bien no hubo ninguna norma al respecto, hay evidencia de que posiblemente se tomaron decisiones bajo la mesa.

Por ejemplo, en su Informe 2020, la organización Freedom House señaló que Ecuador experimentó interrupciones intencionales en la conectividad a internet, durante las protestas de octubre del 2019 — que también fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Por esa razón, Freedom House ubicó al país con un puntuaje de 57/100. Este aspecto también fue identificado por Access Now en su informe titulado Targeted, cut off, and left in the dark, que concretamente indica que 14% de cortes de Internet en la región se atribuyó a Ecuador en el 2019. 

Por estas incidencias, Ecuador entró por primera vez a la lista mundial de apagones intencionales de Internet.

Agneris Sampieri, policy analyst de Access Now, dijo a Global Voices que desafortunadamente muchas veces estas interrupciones al acceso a Internet pueden generarse en el marco de protestas con el objetivo de que “no se pueda documentar violaciones a los derechos humanos o violaciones contra las personas que en esos momentos se estén manifestando”. Pero, agrega, también hay la tendencia de que los gobiernos justifican estas acciones para impedir la propagación de los discursos de odio o que estas obstrucciones al tráfico de internet se deben a cuestiones técnicas de las compañías de telecomunicaciones. 

Para el caso de octubre del 2019 no existió ninguna normativa que afectara la conectividad digital, en el marco de la crisis social que se vivía. Un asunto muy distinto sucedió en las protestas indígenas de junio pasado. Al quinto día de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el presidente Guillermo Lasso salió en cadena nacional para anunciar el estado de excepción en tres provincias del país. Cuando se tuvo conocimiento íntegro del Decreto 455, el artículo nueve despertó rápidamente diversas reacciones: 

Se restringe el derecho a la libertad de información en los espacios geográficos y limitaciones temporales establecidas en el presente Decreto Ejecutivo. Esta limitación consistirá en el establecimiento de restricciones y/o suspensiones, o en su defecto el establecimiento de restricciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de Internet.

Además, agregaba que, para el cumplimiento de la misma, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, “podrá requerir a los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad o limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones”. 

“Ahora sí, se jodió todo. La cosa se va a poner bastante fea” fue la primera reacción que tuvo Sara Zambrano, directora ejecutiva del Centro de Autonomía Digital (CAD). Ella, por su cercanía con algunas organizaciones sociales, recuerda que fue un sentimiento general. No era para menos: al quinto día de las movilizaciones indígenas ya existían reportes de vulneraciones a los derechos humanos por la represión policial.

“Yo pensé que con esto [el Decreto] la violencia se iba a exacerbar mucho más. Esta gente [el gobierno] no quiere que se sepa qué es lo que está pasando en Ecuador. Cuál sería, entonces, el motivo para restringir el uso de redes sociales o el Internet sino el obstruir la comunicación”, agregó Zambrano. 

Pero, esto también reflejaba una ignorancia total por parte del gobierno, como explica Francisco Silva, cofundador de OpenLab. Él dijo que era evidente que esta medida iba a generar ruido en las redes sociales y entre las organizaciones sociales. “Eso —visto desde lo político— fue un error de cálculo, un mal asesoramiento de alguien que no tiene idea sobre derechos”. 

Silva recuerda, además, que todo el mundo ya estaba listo para activarse, pero la medida del gobierno terminó cayéndose. En parte esto ocurrió porque, luego de la difusión del Decreto 455 por redes sociales, el medio digital La Posta armó un Twitter Space. 

Jefferson Sanguña, periodista de La Posta y conductor de ese espacio en Twitter, recuerda que cuando leyó el decreto pensó que se trataba de algún fake ya que, en caso de ser cierto, sus actividades periodísticas terminarían limitadas porque podrían incurrir en alguna sanción. Entonces, el medio decidió publicar el Decreto “antes de que no podamos decir nada”. El espacio se abrió y concentró la atención de medios, periodistas, activistas, entre otros. 

Sanguña dijo que, en el desarrollo del Twitter Space, él recibió un mensaje de su medio diciendo que el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, pedía participar. Una vez ingresó el funcionario se le preguntó por qué el presidente Lasso, que siempre se identificó como un defensor de la libertad de expresión, emitió un decreto que reflejaba todo lo contrario. Pozo —recuerda Sanguña— se concentró en ratificar que el “Gobierno del Encuentro” —slogan de la gestión de Guillermo Lasso— respeta el trabajo de la prensa y, desde ese momento, el Decreto 455, que contaba con la firma del presidente Guillermo Lasso, pasó a ser un “borrador” en las palabras de Pozo. 

Entonces, desde el gobierno se apuraron en corregir. Pozo, a las 12:44 de la madrugada del 18 de junio, en su cuenta de Twitter ratificó que “no se dispone restricción a la libertad de prensa e información”, un asunto que terminaría refrendado una hora después en la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

La Posta, a través de sus fuentes periodísticas cercanas al presidente Lasso, supo que la intención de la medida era por temas de prevención y seguridad, “porque tenían reportes [los del gobierno] de que se estaba tratando de planificar algo más fuerte [por parte de los manifestantes], un ataque directo para tal vez bajarse al gobierno”. 

El hecho de que el decreto sea un “borrador” no impidió que diversas organizaciones nacionales e internacionales, principalmente dedicadas a las tecnologías libres y los derechos digitales, expresaran un pronunciamiento. Más de treinta organizaciones rechazaron los “intentos de silenciar y criminalizar a los movimientos sociales”. Ellos denunciaron la violación de derechos humanos y el uso de tecnologías para la vigilancia y la criminalización, por ejemplo, la instalación de cámaras de videovigilancia en los exteriores de la sede de la Conaie el día que comenzó el paro indígena, la retención de dispositivos electrónicos a activistas sociales o los ataques DDoS a medios de comunicación y sitios web y bloqueos de cuentas en redes sociales de las organizaciones sociales que participaban en las protestas.

Eliminado el decreto, las sospechas de que el gobierno intervenga las telecomunicaciones persistieron, sobre todo, por la tentación de controlarlo inicialmente vía decreto, desde lo legal. Si bien el CAD no realizó un monitoreo de incidentes durante el paro indígena de junio —debido a que sufrieron un allanamiento en abril pasado por el caso Ola Bini— tienen claro que pueden haber incidentes por temas de seguridad digital en el marco de protestas sociales. Aunque las personas también “pueden entrar en estado de paranoia, es decir, una organización en efecto sufre un ataque y las demás empiezan a percatarse de cositas pequeñas que pueden deberse a una multitud de factores y se atribuye a un ataque desde el gobierno”, dice Zambrano.

Siempre queda la sospecha de que los gobiernos no necesariamente requieren de una vía legal para tomar estas decisiones ya que “juegan sus cartas bajo la mesa” dice Silva. Zambrano subraya esa perspectiva, “los gobiernos tienen todo el poder y los recursos para poder restringir las comunicaciones de las personas, yo creo que sería bastante ingenuo pensar que ese tipo de cosas no se daría”.

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