Armas obsoletas destruidas en Brasil antes del gobierno de Bolsonaro | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

En 2016, la periodista Cecília Olliveira estaba buscando datos sobre tiroteos sucedidos en Río de Janeiro para un artículo, pero encontró que no había registros. La solución fue hacer el recuento ella misma, a mano, cruzando referencias de investigaciones en redes sociales, informes policiales y prensa.

Así es como se creó el Instituto Fogo Cruzado (Instituto Fuego Cruzado), del que es directora ejecutiva. El instituto utiliza tecnología para desarrollar datos de fuente abierta sobre violencia con armas de fuego, que están disponibles para todos, y también ayuda a preservar vidas pues informa a las personas lo que está sucediendo en las zonas donde viven. Hasta ahora, su base de datos cubre casi 50 ciudades de tres áreas metropolitanas de Brasil: Río de Janeiro, Recife y Salvador.

Se estima que a estas alturas de 2022, hay un millón de armas en manos de civiles —cazadores con licencia, tiradores, coleccionistas—, conocidos como CAC. Esta cifra casi se ha triplicado desde finales de 2018, cuando fue elegido el presidente Jair Bolsonaro.

El número lo difundió el Ejército tras obtenerlo de los institutos Sou da Paz e Igarapé gracias a la ley de Acceso a la Información (LAI). Solo en la región amazónica, el número de licencias para civiles se incrementó un 700 %. Ahora, el número total de armas en el país rebasa el de armas en manos de las Fuerzas Armadas.

Los CAC registrados han conseguido incluso la elección de 23 parlamentarios este año, y formado su propio grupo parlamentario en el Congreso. La flexibilización del control de armas fue una de las promesas de Bolsonaro antes de ser elegido. En agosto, el Tribunal Supremo cursó varios requerimientos que intentaban limitar las nuevas medidas.

En una conversación por correo electrónico con Global Voices, Olliveira analiza el escenario de las armas en Brasil:

Global Voices: Fogo Cruzado ha recabado datos de más de 10 000 operaciones/acciones policiales registradas, con más de 44 000 disparos, 13 312 muertes y 10 089 heridos en tres áreas metropolitanas. ¿Cómo podemos leer esos números? ¿Qué dicen sobre la violencia con armas en Brasil?

Cecília Olliveira: Nos últimos 20 anos vimos como se transformou o modo como o crime atua no Brasil. As rotas do tráfico de drogas e armas mudaram, novas facções surgiram e alianças entre traficantes e milicianos foram refeitas dentro e fora dos presídios. As alianças e desejos políticos também são outros. Tudo isso tem impacto na construção de políticas públicas – e também na ausência estratégica delas.

Os dados refletem uma série de problemas da violência armada nas capitais do Brasil. Boa parte dos estados não tem um plano de segurança pública que priorize a vida da população, evite a escalada da violência e até o nascimento de novos grupos armados. Para piorar esse cenário, a falta de um trabalho conjunto entre os Estados também impacta negativamente a vida da população. A consequência disso é que capitais como Rio de Janeiro e Salvador estão divididas entre diferentes grupos armados que disputam as áreas, além da polícia, que realiza operações policiais com alta letalidade sob a pretensão de resolver o problema. No Recife, os dados mostram um alto índice de mortos, marcado por muitas mortes sob encomenda.

Cecília Olliveira: En los últimos 20 años hemos visto cómo ha cambiado la delincuencia en Brasil. Las rutas del tráfico de drogas y armas han cambiado, aparecen nuevas bandas y se establecen alianzas entre bandas y milicias (grupos paramilitares formados por policías retirados y en actividad) dentro y fuera de las prisiones. Las alianzas y los objetivos políticos también son distintos. Todo esto tiene impacto en la elaboración de políticas públicas, pero también en su estratégica ausencia.

Los datos reflejan una serie de problemas de violencia armada en las capitales de Brasil. Buena parte de los estados no tienen un plan de seguridad pública que priorice la vida de la población. Como consecuencia, capitales como Río y Salvador se ven divididas entre distintos grupos armados que se disputan áreas, además de la Policía, que hace operativos policiales de alta mortalidad con la pretensión de solucionar el problema. En Recife, los datos muestran un alto índice de muertos, marcado por las numerosas muertes por encargo.

GV: ¿Quiénes son las principales víctimas de la violencia por arma de fuego en Brasil?

CO: As pessoas pobres e negras que vivem nas favelas e periferias. O Atlas da Violência mostrou, em 2021, que as pessoas negras têm 2,6 vezes mais chances de serem mortas do que as pessoas brancas. Os negros são mais de 77% das vítimas de homicídios no Brasil, embora sejam pouco mais que a metade da população do país. Os dados revelaram ainda que enquanto o número de mortes entre a população não-negra caiu 33%, o número de pessoas negras mortas aumentou 1,6%.

CO: Los negros y los pobres que viven en favelas y arrabales. El Atlas da Violência es un estudio de 2021 que mostró que los negros tienen 2,6 veces más posibilidades de morir que los blancos. Los negros constituyen más del 77 % de las víctimas de homicidio en Brasil, aunque representan poco más de la mitad de la población del país. Los datos revelan que, aunque el número de muertes entre la población no blanca ha caído un 33 %, el número de personas negras muertas aumentó un 1,6 %.

GV: ¿Puedes explicar cómo usa Fogo Cruzado datos y tecnología para salvar vidas? 

CO: Através de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado recebe e disponibiliza informações sobre tiroteios, checadas em tempo real por uma equipe especializada e local. Estas informações estão disponíveis no primeiro banco de dados aberto sobre violência armada da América Latina, que pode ser acessado gratuitamente pela API do Instituto.

Rastreamos e mapeamos tiroteios e disparos de armas de fogo em quase cinquenta cidades brasileiras nas regiões metropolitanas de Rio, Recife e Salvador. Mapeamos também os impactos da violência, como ruas, escolas e postos de saúde fechados, quem são estas vítimas atingidas, em qual circunstância, etc., desdobrando a informação do tiroteio em mais de 30 indicadores sobre violência armada.

Estas informações chegam para as pessoas em tempo real e as permite buscar proteção imediata e tomar decisões sobre seu dia a dia. Podem decidir qual o melhor caminho para o trabalho, ver se o ônibus está em serviço regular, se conseguem ir à consulta na UPA ou se ela está fechada devido a algum tiroteio. O usuário pode se manter a salvo.

Somado à isso, o acúmulo dos dados, relatórios e análises produzidas permitem a construção de melhores propostas para uma segurança pública, baseadas na proteção à vida.

CO: A través de una aplicación de móvil, Fogo Cruzado recibe y publica información sobre tiroteos, comprobadas en tiempo real por un grupo de expertos locales. Esta información está disponible en la primera base de datos de fuente abierta sobre violencia armada en Latinoamérica, a la que se puede acceder gratuitamente mediante la API de nuestro instituto.

Rastreamos y mapeamos tiroteos y disparos de armas de fuego en casi 50 ciudades brasileñas de las regiones metropolitanas de Río, Recife y Salvador. También mapeamos los impactos de la violencia, como cierres de calles, escuelas y centros de salud, quiénes son esas víctimas, cuáles son las circunstancias, etc., y desentrañamos información del tiroteo con más de 30 indicadores sobre violencia armada.

Esta información llega a la gente en tiempo real, y le permite buscar protección inmediatamente, y tomar decisiones sobre su día a día. Pueden decidir cuál es el mejor camino para ir al trabajo, si sus autobuses tienen un servicio regular, si pueden ir a su centro de salud o si está cerrado por algún tiroteo. El usuario puede mantenerse a salvo.

Además, los datos, informes y análisis que se producen permiten elaborar mejores propuestas de seguridad pública, basadas en la protección de la vida.

GV: El gobierno de Jair Bolsonaro ha flexibilizado las leyes de armas en Brasil, lo que ha provocado que el aumento del número de CAC (cazadores, tiradores y coleccionistas de armas registrados). En la base de datos de Fogo Cruzado, ¿han observado el impacto de estas cifras?

CO: Acompanhamos com atenção o que vem sendo feito na política de armas. As noticias sobre desvios, roubos e extravios de armas – inclusive para facções e milícias – tem sido mais constantes. As notícias sobre a ingerência do Exército sobre o arsenal nas mãos de civis é preocupante. Quantas armas são, quais armas, nas mãos de quem? O agente fiscalizador não sabe. E isso só é bom para quem tem más intenções.

A notícia de um jovem armado que invadiu uma escola no interior da Bahia e matou uma estudante PcD (pessoa com deficiência) chocou o Brasil. Nos últimos meses, relatos de crianças levando armas para escola e ameaças a estudantes com fotos de armas têm se tornado cada vez mais frequentes. Também foram reportados casos de tentativas de massacres em escolas em diversos estados. A preocupação é crescente: em metade dos ataques a tiros contra escolas no Brasil, a arma foi obtida dentro de casa, segundo dados do nosso parceiro, Instituto Sou da Paz, em 2019.

CO: Seguimos con atención lo que se va haciendo en política de armas. Las noticias sobre tráfico, robos y extravíos de armas —incluidas las que se dirigen a bandas y milicias— son más constantes. Las noticias sobre injerencias del Ejército en el arsenal en manos de civiles es preocupante. ¿Cuántas armas hay, de qué tipo, en qué manos? El agente supervisor no lo sabe. Y para alguien con malas intenciones, eso es muy bueno.

La noticia de un joven armado que entró en una escuela de Bahía y mató a una estudiante discapacitada ha escandalizado a Brasil. En los últimos meses, relatos de niños que llevan armas a la escuela, o de estudiantes amenazados con fotos de armas se han hecho más frecuentes. También hay informes de intentos de masacres en escuelas de varios estados. La preocupación crece: en la mitad de los ataques con armas de fuego contra escuelas de Brasil, el arma se obtuvo en casa del atacante, según datos de 2019 de uno de nuestros socios, el Instituto Sou da Paz.

GV: Dentro de este alto número de CAC, que ya rebasa el de armas en manos de las fuerzas armadas, un artículo publicado por la agencia UOL muestra que el Ejército no conoce el número que hay en cada capital. ¿Cuáles son los riesgos de esta falta de control?

CO: Sem o devido controle do número de armas circulando nas cidades brasileiras, você não consegue estabelecer políticas públicas adequadas para evitar/reduzir crimes. A falta de controle facilita desvios para grupos criminosos diversos, o que pode impactar no número de assaltos nas ruas, de pessoas baleadas e de homicídios etc.

CO: Sin el debido control del número de armas que circulan por las ciudades brasileñas no se pueden establecer políticas públicas adecuadas para evitar o reducir los delitos. La falta de control facilita el tráfico hacia grupos delincuenciales, lo que tiene impacto en el número de asaltos en las calles, de personas heridas por arma de fuego, de homicidios, etc.

GV: Otros artículos recientes demuestran que grupos delincuenciales organizados se benefician de los cambios en las leyes para obtener armas legalmente. ¿Dónde ha fallado la política de Bolsonaro? 

CO: O Brasil já tinha muitos problemas com armas e já era um dos países onde mais se mata no mundo. Mas agora, temos ainda mais armas nas ruas, e os mecanismos de fiscalização e investigação não acompanharam essa flexibilização do uso de armas. O resultado disso é que desviar armas ficou mais fácil.

Em janeiro, a polícia do Rio encontrou 54 armas, entre pistolas, fuzis e espingardas, na casa de um CAC. Ele se aproveitava do fato de ter registro de CAC, e assim ter acesso mais fácil às armas, para revendê-las para o Comando Vermelho. O problema não é ser CAC, obviamente. A falha está no controle que o governo federal faz dessas armas que passam por debaixo da fiscalização e abastecem traficantes, milicianos e grupos de extermínio.

A responsabilidade de fiscalização dos CACs é do Exército. Este CAC obteve três licenças junto ao órgão, que apesar de dizer que irá colaborar nas investigações, manteve os dados sobre a licença de colecionador do acusado sob sigilo. Por quê? Isso beneficia quem? O próprio delegado que atuou no caso, Marcus Amin, disse que a flexibilização criou novos usos para os CACs. Em entrevista ao Fantástico, ele afirmou que «é uma nova modalidade que está sendo utilizada para camuflar, escamotear o tráfico de armas. A pessoa usa um rótulo de legalidade, um manto de legalidade, procurando esconder a sua atividade criminosa».

CO: Brasil ya tiene muchos problemas con las armas, y ha sido uno de los países del mundo donde más se mata. Pero ahora tenemos aún más armas en la calle, y los mecanismos de supervisión e investigación no están a la altura de esa flexibilización del uso de armas. El resultado de esto es que el tráfico de armas se ha hecho más fácil.

En enero, la policía de Río encontró 54 armas —entre pistolas, rifles y escopetas— en casa de un CAC, que se aprovechaba de tener registro de CAC para acceder más fácilmente a armas con el fin de revenderlas al Comando Vermelho (Comando Rojo, una de las principales bandas de Brasil). El problema, evidentemente, no es ser CAC, sino el control que hace el Gobierno de esas armas, que no tienen supervisión y abastecen a traficantes, milicias y escuadrones de la muerte.

La responsabilidad de la supervisión de los CAC es del Ejército. Ese CAC tenía tres licencias de esta institución, que a pesar de decir que va a colaborar con la investigación, alegó secreto procesal para ocultar la información sobre las licencias del coleccionista acusado. ¿Por qué? ¿A quién beneficia todo esto? El mismo investigador que trabajó en el caso, Marcus Amin, dijo que la flexibilidad ha creado nuevos usos para los CAC. En una entrevista con el programa Fantastico, declaró que «es una nueva categoría que se está utilizando para camuflar, ocultar o traficar con armas. La persona usa una etiqueta de legalidad, un manto de legalidad, intentando esconder su actividad criminal».

GV: ¿Cómo han operado los grupos de presión del sector armamentístico con el gobierno actual?

CO: O lobby armamentista agiu quase como se fosse um braço do governo federal. Já investiram na liberação do porte, e agora têm recorrido às assembleias legislativas para tentar reduzir o ICMS sobre armas de fogo. Pelo menos 23 estados brasileiros têm projetos de lei que propõem a alteração da alíquota, de acordo com um levantamento do Instituto Sou da Paz. Dos 35 PLs apresentados, 21 são voltados a profissionais da segurança pública, como policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais e agentes penitenciários. Outros 14 incluem no rol de beneficiários os Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs). Segundo o levantamento, quatro dos 35 PLs já viraram lei e uma delas contempla, além de agentes de segurança, os CACs.

O filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo, já se reuniu com o diretor da Polícia Rodoviária Federal para questionar abordagens policiais aos CACs. Ele estava acompanhado do advogado do movimento Pró-Armas Brasil, Marcos Pollon. Isso ocorreu após uma reportagem da TV Band que mostrou policiais rodoviários abordando CACs que transportavam armas nos carros — o que pode ser ilegal a depender do caso.

Em caso revelado pela Folha de São Paulo, Pollon aparece oferecendo apoio a candidatos em troca de cargos no Congresso. Ele disse: «nós pedimos para todos os candidatos a assessoria jurídica do gabinete porque nós queremos conduzir a pauta de armas do gabinete. Então projetos de lei, manifestações, nós queremos fazer».

CO: Los grupos de presión armamentista han operado casi como una rama del Gobierno federal. Ya han invertido en liberar las licencias de uso de armas, y ahora han recurrido a las asambleas legislativas para intentar reducir el impuesto local sobre armas de fuego. Al menos 23 estados brasileños (de un total de 26, más el distrito federal) tienen propuestas de ley para cambiar la parte proporcional, según el Instituto Sou da Paz. De las 35 propuestas de ley, 21 se refieren a oficiales de seguridad pública, como policías civiles y militares, bomberos, guardias municipales y agentes penitenciarios. Otros 14 incluyen en la lista de beneficiarios a cazadores, tiradores y coleccionistas (CAC), además de los agentes de seguridad.

El hijo del presidente, el congresista Eduardo Bolsonaro, por ejemplo, se ha entrevistado con el director de la policía federal de tráfico para cuestionar el planteamiento de la Policía al enfrentar a los CAC. Estaba acompañado de Marcos Pollon, abogado del movimiento Pró-Armas Brasil. Esto ocurrió después de que se emitió un reportaje de TV Band que mostraba a policías de tráfico deteniendo CAC con armas en el auto, lo que en algunos casos sería ilegal.

En un caso revelado por el periódico Folha de São Paulo, Pollon aparece ofreciendo apoyo a candidatos a cambio de trabajos en el Congreso Nacional. Pollon dice: «Preguntamos a todos los candidatos por su asesoría jurídica, ya que deseamos llevar a cabo el debate sobre armas en el gabiente. Así que, propuestas de ley, manifestaciones, queremos hacerlo»

GV: El Tribunal Supremo ha tomado medidas para intentar frenar algunos de estos cambios, pero ¿han tenido algún efecto real hasta ahora?

CO: As medidas tomadas pelo STF foram importantes – embora demasiadamente tardias – mas elas sozinhas não resolvem um problema que é profundo e até difícil de mensurar, uma vez que não temos dados de qualidade sobre as vendas e circulação de armas no país. O próprio Exército – entidade fiscalizadora – já disse não saber quantas, quais e onde estão as armas registradas desde 2019.

Este não é um problema que se resolve com eleição ou eventual revogação de decretos. As milhares de armas compradas já estão nas ruas e esse é o cenário com o qual vamos lidar nos próximos anos. Não existe clima político para uma eventual campanha do desarmamento e sequer há base política no congresso para efetuar mudanças. Gestores e legisladores precisam não apenas estudar o cenário político do momento, mas entender de estratégia e planejar ações futuras – o que é muito difícil quanto se pensa e se prospecta pensando na linha temporal de 4 em 4 anos. É preciso que as pessoas estejam comprometidas com políticas de estado, não de governo.

CO: Las medidas tomadas por el Tribunal Supremo han sido importantes, aunque llegan demasiado tarde, pero solas no resuelven un problema profundo y difícil de medir, ya que no tenemos datos fiables sobre ventas y circulación de armas en el país. El mismo Ejército, que es el órgano supervisor, ya ha dicho que no sabe cuántas, cuáles ni dónde están las armas registradas desde 2019.

Esto no es un problema que se resuelva con elecciones o una eventual revocación de decretos. Los millares de armas compradas ya están en la calle, y este es el escenario con el que vamos a tener que lidiar en los próximos años. No existe clima político para una eventual campaña de desarme ni apoyo político en el Congreso para efectuar cambios. Gestores y legisladores necesitan estudiar el actual escenario político, y también entender la estrategia y planificar acciones futuras, lo que es mucho más difícil cuando se piensa y programa pensando en una línea temporal de cuatro en cuatro años. Es preciso que las personas se comprometan con las políticas de Estado, no del Gobierno.

GV: ¿Cómo ves todo este contexto —número creciente de civiles armados, un discurso político de odio y el descrédito del sistema electoral por parte de Bolsonaro— para la época actual en Brasil?

CO: O acesso a armas foi ampliado e os mecanismos de controle não acompanharam esse crescimento rápido de armas nas mãos de civis. Hoje há mais CACs armados no Brasil do que militares – e o Exército não sabe exatamente onde estão e quais são estas armas. Na prática, isso significa que investigar crimes cometidos com arma de fogo, desvios, roubos, extravios, é mais difícil. E já não era simples antes. Os índices de elucidação de crimes no Brasil são irrisórios, mesmo sabendo haver em média entre 40 e 50 mil homicídios por ano no país e que 70% deles são cometidos com armas de fogo.

Os discursos de ódio tem incentivado pessoas desequilibradas a resolverem desentendimentos ou conflitos, com armas. Já vimos casos de pessoas que foram cobrar atraso na entrega de pizzas ameaçando funcionários da loja, um jovem baleado devido a um cupom de desconto de um sanduíche e afins. Mas também temos visto casos de crimes cometidos contra opositores políticos, como um fiel baleado dentro de uma igreja por um bolsonarista, em Goiás.

E isso poderia ter sido ainda pior. Houve uma tentativa do governo federal, travada pelo Conselho Federal de Psicologia, de estender a validade da avaliação psicológica do cidadão que possui uma arma, de 5 para dez anos. O CFP disse que a avaliação psicológica é uma ferramenta para avaliar a aptidão das pessoas que querem ter armas e que como as condições psicológicas das pessoas mudam, o período de uma década não é uma decisão acertada quando o intuito é proteger a sociedade.

CO: El acceso a las armas se ha ampliado, y los mecanismos de control no han seguido el ritmo de crecimiento del número de armas en manos de civiles. En Brasil, hoy hay más civiles armados que militares, y el Ejército no sabe dónde están exactamente ni qué armas son. En la práctica, eso significa que es más difícil investigar delitos cometidos con arma de fuego, tráfico, robos, extravíos, etc. Y ya no era fácil antes. Los índices de resolución de delitos en Brasil son para la burla, incluso con un promedio de entre 40 000 y 50 000 homicidios al año en el país, el 70 % de los cuales se cometen con armas de fuego.

Los discursos de odio incentivan a las personas desequilibradas a resolver malentendidos y desavenencias con armas. Ya hemos visto casos de personas que han ido a preguntar por un retraso en la entrega de pizzas amenazando a los empleados del restaurantes, un joven baleado por un cupón de descuento para un emparedado, etc. Pero también hay delitos que se han cometido contra oponentes políticos, como el hombre víctima de un tiroteo en una iglesia de Goiás por un bolsonarista después de declarar su apoyo a Lula.

Y podría ser mucho peor. Ha habido un intento del Gobierno federal, frenado por el Consejo Federal de Psicología, de extender de cinco a diez años la validez de la evaluación psicológica de los ciudadanos que portan armas de fuego. El Consejo dijo que esta evaluación es una herramienta para analizar la aptitud de los que desean tener armas y que como las condiciones psicológicas de las personas cambian, el periodo de diez años no es una decisión acertada, si la idea es proteger a la sociedad.