Activistas denuncian reducción de libertad de expresión en Filipinas

Activists call out President Ferdinand Marcos Jr. for his inaction on climate justice, intensified surveillance and human rights abuses, and his penchant for attending parties.

Activistas critican al presidente Ferdinand Marcos hijo por su inacción en materia de justicia climática, la intensificación de la vigilancia, los abusos contra los derechos humanos y su afición de asistir a fiestas. Foto de Altermidya, utilizada con autorización.

Los activistas filipinos conmemoraron los cien días en el cargo del presidente Ferdinand Marcos hijo con una protesta cerca del palacio presidencial de Manila.

Criticaron el presupuesto que propuso el Gobierno para 2023, que reducía la financiación de varios programas de servicios sociales y asignaba más dinero a los organismos de defensa y al pago de la deuda externa. Acusaron al nuevo presidente de no dar prioridad a preocupaciones urgentes como el aumento de la inflación, la crisis alimentaria y el agravamiento del desempleo.

Los grupos de derechos humanos también denunciaron la «reducción del espacio cívico para la libertad de expresión», al igual que instaron al Gobierno a revertir las políticas represivas del expresidente Rodrigo Duterte, que estuvo en el poder entre 2016 y junio de 2022. El Movimiento Contra la Tiranía (MAT) resumió el deterioro de los derechos humanos bajo el nuevo gobierno:

We are disturbed by the shrinking civic space for freedom of expression. Over the past two weeks, we saw the cold-blooded murder of a radio broadcaster, the signing into law of the mandatory SIM card registration which could become a tool for mass surveillance, the brief detention of two labor advocates over trumped up charges, and now the court rejection of the appeal by Ressa and Santos Jr. over their cyber libel conviction.

Estamos preocupados por la reducción del espacio cívico para la libertad de expresión. En las últimas dos semanas, hemos visto el asesinato a sangre fría de un locutor de radio, la firma de la ley de registro obligatorio de la tarjeta SIM, que podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva, la breve detención de dos defensores del trabajo por cargos falsos, y ahora el rechazo del tribunal a la apelación de Ressa y Santos Jr. sobre su condena por «ciberdifamación».

El MAT se refiere al asesinato de dos periodistas durante el gobierno de Marcos hijo E.l Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas ha documentado 17 violaciones de la libertad de prensa desde julio.

Desde el 1 de julio, el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas ha documentado 17 casos de violaciones de libertad de prensa. Se incluye el asesinatos de dos periodistas, cuatro incidentes de «ciberdifamación» (incluidos los 941 cargos denunciados contra de Galicia y Alamar), dos detenciones por «ciberdifamación», acusación de difamación, una de vigilancia y acoso, a dos se les ha calificado como «comunistas», una denegación de cobertura, una agresión física, una amenaza de muerte y dos de acoso en línea.
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[DECLARACIÓN] LAS VIOLACIONES DE LA LIBERTAD DE PRENSA SE ACUMULABAN BAJO EL GOBIERNO DE MARCOS DESDE HACE TRES MESES

No solo se calla a los periodistas matándolos, como ocurrió con el asesinato de Percival «Percy Lapid» Mabasa el 3 de octubre.

El grupo añadió: «Tomamos nota de que Ferdinand Marcos hijo prometió proteger a los periodistas y desafiamos a la administración a que denuncie los asesinatos de los periodistas y traduzca su promesa en acciones concretas».

La declaración del MAT también mencionaba la decisión del Tribunal de Apelación que confirmaba la condena por «ciberdifamación» de Maria Ressa, directora general de Rappler y ganadora del Premio Nobel de la Paz, y de Reynaldo Santos Jr, exinvestigador de Rappler.

Ressa dijo que su equipo apelará la decisión ante el Tribunal Supremo. Añadió:

The ongoing campaign of harassment and intimidation against me and Rappler continues, and the Philippines legal system is not doing enough to stop it. I am disappointed by today’s ruling but sadly not surprised.

La actual campaña de acoso e intimidación contra mí y contra Rappler continúa, y el sistema jurídico de Filipinas no hace lo suficiente para detenerla. Estoy decepcionada por la sentencia de hoy, pero lamentablemente no me sorprende.

También destacó los aspectos cuestionables del caso presentado en su contra.

ARTICLE 19 condena la decisión de las autoridades de Filipinas de rechazar la apelación contra la condena por «ciberdifamación» de Maria Ressa y se solidariza con Ressa y este flagrante ataque a la libertad de prensa. Manténganse firmes.
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La pregunta: ¿vivimos en Matrix o existe el estado de derecho? Esta es una historia que no escribí, ni edité, ni supervisé, publicada en una época en la que la ley que supuestamente violamos ni siquiera existía. Vaya acrobacias para llegar a este punto, pero nos mantendremos firmes.

Por último, en la declaración del MAT también se habla de cómo la Ley de Registro Obligatorio de Tarjetas SIM, la primera ley que firmó Marcos hijo puede utilizarse de mala manera para permitir la vigilancia masiva y violar los derechos de privacidad de los ciudadanos. En un hilo de Twitter, la Unión de Profesionales de la Informática (CPU) explica cómo la nueva ley puede destruir las libertades civiles.

¡No al registro de la tarjeta SIM!
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La CPU condena la Ley de Registro de la tarjeta SIM firmada por el presidente Bongbong Marcos. En medio de una crisis que empeora y de la cultura de la impunidad en nuestra nación, le da prioridad a la legislación que ha demostrado ser ineficaz para enfrentar la delincuencia y que pone aún más en peligro la información de las personas.

Al reflexionar sobre sus primeros cien días, Marcos hijo dijo que había conseguido que los expertos dieran un giro a la economía y que el Gobierno volviera a ser «funcional«. Su Secretario de Justicia también aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el Gobierno está comprometido con la promoción de los derechos humanos y la reforma del sistema judicial.

Police blocked protesters from marching near the presidential palace in Manila.

La Policía impidió a los manifestantes marchar cerca del palacio presidencial en Manila. Foto de Altermidya, utilizada con autorización.

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