Policías y otros funcionarios en el Centro de Desarrollo Infantil de Uthai Sawan tras la matanza. Foto publicada por Prachatai (fuente: Equipo de prensa del Partido Pheu Thai).

Este artículo lo publicó originalmente Prachatai, sitio de noticias independiente de Tailandia, y Global Voices lo reproduce una versión editada en virtud de un acuerdo para compartir contenido.

Tras el tiroteo del 6 de octubre en la provincia tailandesa de Nong Bua Lamphu, al noreste del país, que dejó 37 muertos, las autoridades y los medios empezaron a reflexionar sobre los errores del pasado y a buscar el camino a seguir.

El 12 de octubre, los cadáveres fueron incinerados en tres templos de Nong Bua Lamphu. El Thai Post informó que las ceremonias se celebraron con el patrocinio real y que el primer ministro, el general Prayut Chan-o-cha, actuó como representante.

El autor del atentado, el expolicía Panya Kamrab, se suicidó junto con su mujer y el hijo de ella. Fue incinerado en un templo de la vecina provincia de Udon Thani. The Manager Online informó que la madre de Panya acompañó su cadáver hasta el crematorio.

A comienzos de octubre, la pequeña ciudad del noreste siguió atrayendo la atención del país. Los funcionarios prosiguieron sus investigaciones y los representantes de los medios se quedaron en el lugar de los hechos, para informar desde el terreno.

La Policía sigue tratando de entender qué desencadenó las acciones de Panya, ya que no encontró ningún rastro de drogas en su cuerpo. Según un informe de la BBC tailandesa, Pol Gen Surachate Hakparn, subcomandante de la policía nacional, cree que Panya se vio impulsado por el estrés por las enormes deudas y la pérdida de empleo.

Pol Gen Surachate ordenó que los 180 testigos de la matanza fueran interrogados una sola vez para que no tuvieran que revivir repetidamente el trauma.

Rabia pública y deseo de censura

Las autoridades estatales y los representantes de los medios fueron los primeros  a quienes culparon. La mañana siguiente al incidente, se decoró la entrada del Centro de Desarrollo Infantil, donde murieron 23 niños y dos profesores, y se instaló una alfombra roja para preparar una ceremonia de coronas en nombre de la princesa Sirivannavari. Sin embargo, la alfombra se consideró inapropiada y se retiró antes de que el vicegobernador de la provincia iniciara la ceremonia.

Como los ministros tardaron en llegar al lugar, las familias de las víctimas se vieron obligadas a esperar mucho tiempo para recuperar los cuerpos de sus seres queridos de la morgue y recibir el dinero de la ayuda.

Estas medidas innecesarias en circunstancias de urgencia no fueron los únicos inconvenientes. Un reportero de CNN y un camarógrafo fueron fotografiados saltando un cordón policial para filmar dentro de la guardería, lo que atrajo la furia del público y de los medios locales. Muchos consideraron que grabar en el interior de la guardería no solo era insensible y poco ético, sino que equivalía a manipular la escena del crimen.

En respuesta a las condenas emitidas por el Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia (FCCT) y la Asociación de Periodistas Tailandeses (TJA), CNN dijo que el personal les permitió entrar y que no había cordones policiales en ese momento. Al parecer, filmaron durante 15 minutos y luego se marcharon.

En un comunicado, el vicepresidente ejecutivo y director general de CNN International, Mike McCarthy, insistió en que los reporteros de CNN habían pedido permiso para entrar, pero «ahora entendemos que estos funcionarios no estaban autorizados a conceder este permiso», y añadió que «nunca fue su intención contravenir ninguna norma».

Añadió que CNN había dejado de emitir el reportaje y retirado el video de su sitio web. El equipo de CNN que se encontraba en el lugar de los hechos, la galardonada periodista Anna Coren y el camarógrafo Daniel Hodge, también se reunieron con el general Surachate y le pidieron disculpas. Se les impuso una multa de 5000 baht (133 dólares) a cada uno y se les pidió que abandonaran el país cuando se descubrió que habían estado trabajando con visas de turista.

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— Prachatai English (@prachatai_en) October 10, 2022

Historia exclusiva.
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Caricatura de Stephff: Cruzando la línea.

En una entrevista con Inside Thailand News el 10 de octubre, el general Surachate reveló que el personal de CNN había entrado mientras se preparaba el lugar para la ceremonia de las coronas. En ese momento, se había retirado el cordón policial y se había abierto la puerta. Varias otras personas también entraron en las instalaciones durante el periodo de preparación.

Además de la CNN, ocho medios locales fueron objeto de investigación por la cobertura «inadecuada» del incidente. El 11 de octubre, la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones (NBTC) emitió una carta en la que convocaba al Canal 3HD, Thairath TV, Amarin TV HD, Canal 8, Nation TV, WorkPoint, National Broadcasting Services of Thailand (NBT) y ONE Channel para hablar de los reportajes que contenían entrevistas con las familias de las víctimas y los heridos, fotos inquietantes y gráficos que simulaban la masacre. Los medios fueron censurados por su supuesta insensibilidad al informar noticias perturbadoras, lo que reavivó un viejo debate sobre cómo deben cubrir los periodistas estas tragedias.

En una entrevista con PPTV, Teeranai Charuvastra, vicepresidente de la TJA, que supervisa la reforma de los medios y la división de libertad de expresión de la asociación, dijo que los medios deben tener en cuenta tres cosas cuando informan sobre contenidos sensibles: si el reportaje es de beneficio público, si causará daño y si se puede gestionar cualquier posible reacción..

There is no concrete rule. Despite how we draft it, despite how stringent it appears, there is no clear rule. The media and its audience are the only ones who can answer.

No hay una norma concreta. A pesar de su redacción, a pesar de lo estricta que parece, no hay una norma clara. Los medios y su audiencia son los únicos que pueden responder.

En el mismo programa, Sakulsri Srisaracam, profesor adjunto de periodismo de la Universidad de Chulalongkorn, dijo que la cobertura de los medios debe centrarse en contenidos que cuestionen la raíz de una tragedia, saquen a la gente del dolor y les ayuden a afrontar mejor los problemas juntos en el futuro.

¿Un paso adelante?

A los 24 niños fallecidos en el siniestro se les ofreció un traje especial para su entierro, confeccionado por una tienda de ropa infantil de la provincia de Lampang. Los trajes reflejaban las carreras soñadas que los niños habían expresado a sus padres: astronautas, enfermeros, pilotos, soldados, bomberos, médicos y policías.

El incidente, considerado una de las masacres de niños más letales del mundo, ha conmocionado al país y ha suscitado llamados a tomar medidas para que no se repita nunca.

El 12 de octubre, el primer ministro anunció cuatro medidas para abordar lo que muchos creen que son las causas fundamentales del incidente: la proliferación de drogas y armas, y la falta de programas de rehabilitación de adicciones y salud mental.

Las medidas incluyen la represión de las redes de narcotraficantes, la reducción de la cantidad de drogas que dan lugar a un proceso penal y a la rehabilitación obligatoria; el endurecimiento de las licencias de armas de fuego; la revocación de las licencias de armas para drogadictos conocidos, enfermos mentales y personas consideradas una amenaza para la sociedad; y la represión del mercado ilegal de armas.

Suwit Chantaworn, vicegobernador de Nong Bua Lamphu, dijo que se han elaborado planes para ofrecer a las familias de las víctimas servicios de asesoramiento a corto, medio y largo plazo.

En un reciente programa de Thairath TV, Yongyut Wongpiromsant, asesor del Departamento de Salud Mental, habló de los problemas de salud mental de los agresores. Citando investigaciones de otros incidentes de disparos masivos, dijo que sólo un 5 % de los asesinos tenían enfermedades mentales. El resto estaba motivado por el estrés, el alcohol o las disputas personales.

Según Yongyut, las personas con enfermedades mentales padecían una adicción a las drogas no tratada y graves trastornos delirantes. Añadió que el tratamiento disminuiría en gran medida la posibilidad de comportamientos violentos, y propuso que se hicieran esfuerzos para rehabilitar a los adictos a las drogas.

En cuanto a los agresores empleados en el sector de la seguridad, Yongyut dijo que apartarlos de sus cargos no solucionaba el problema, y sugirió que se impusiera un tratamiento de salud mental junto con medidas disciplinarias para reducir el riesgo de que exoficiales violentos se vuelvan contra la sociedad.

Sin embargo, una de las víctimas del incidente ha sido ignorada en gran medida: la madre del agresor, viva y afligida, se está preparando para dejar su casa y vivir con otro de sus hijos, para reducir el estrés y asimilar la situación.

La condena y el enfado de la opinión pública se calmaron cuando el Departamento de Salud Mental publicó la disculpa de la mujer por no haber asistido a la ceremonia del funeral. Dijo que esperaba disculparse personalmente con todos cuando estuviera mejor.

Algunas personas se han preguntado por qué una madre debe aceptar la culpa de un crimen que no ha cometido. En su página de Facebook, Decha Piyawatkul, psiquiatra del hospital tailandés de Nakarin, criticó que se «inyecte culpa» a personas que no son responsables del delito, y añadió que las disculpas deberían presentarlas la Policía Nacional:

Claiming [the killer] was no longer a police officer is hideous. He used to be an employee under your affiliation. He had problems all along and when you didn’t have any way to take care of him, you turned him out. That doesn’t mean that you can brush off responsibility.

You’re a public organisation with a public responsibility; you don’t have the rights to brush off the burden.

Afirmar que [el asesino] ya no era policía es horrible. Era un empleado bajo su afiliación. Tuvo problemas todo el tiempo y cuando no tuvieron forma de cuidarlo, lo echaron. Eso no significa que puedan eludir la responsabilidad.

Son una organización pública con una responsabilidad pública; no tienen derecho a desentenderse de la carga.