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Legisladores turcos ratifican nuevo proyecto de ley sobre desinformación

Categorías: Medio Oriente y Norte de África, Turquía, Censura, Derecho, Derechos humanos, Elecciones, Gobernabilidad, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, Política, Protesta, GV Advox

Imagen de Gilles Lambert [1]. De uso libre con licencia Unsplash [2].

El 13 de octubre, los legisladores turcos aprobaron un proyecto de ley supuestamente destinado a combatir las noticias falsas y la desinformación, pero las organizaciones locales de la sociedad civil describen el proyecto de ley como un proyecto de censura solapada o de desinformación que se usará para reprimir la disidencia y la crítica. Los críticos del proyecto afirman [3] que la legislación de 40 artículos aprobada [4] por el Parlamento turco es una amenaza para la libertad de expresión y podría tener consecuencias desastrosas antes de las elecciones de 2023 en Turquía.

Hay una serie de nuevas restricciones [5] preocupantes en el proyecto de ley, como eliminación obligatoria de contenidos, violaciones de la privacidad de los usuarios, más medidas de regulación de las plataformas. Uno de los artículos más preocupantes es el 29, según el cual [6] «quien distribuya públicamente información falsa sobre la seguridad interior y exterior de Turquía, el orden público y el bienestar podría enfrentar entre uno y tres años de cárcel por instigar la preocupación, el miedo y el pánico en la sociedad, enfrenta penas de prisión de uno y hasta tres años». Las nuevas restricciones entraron en vigencia [7] el 18 de octubre.

En respuesta al proyecto de ley, una coalición internacional de 22 organizaciones de defensa de la libertad de prensa declaró [8] que el proyecto, «con su definición imprecisamente formulada de desinformación e ‘intención’, con la supervisión del altamente politizado Poder Judicial de Turquía, pondrá a millones de usuarios de internet en riesgo de ser sancionados penalmente y podría conducir a una censura generalizada y a la autocensura antes de las elecciones de 2023″. Está previsto que Turquía celebre elecciones generales en junio de 2023.

El proyecto de ley también llega después [9] de la reciente revelación [9] de que la Autoridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (BTK) del Gobierno está recopilando datos privados de los usuarios en una violación masiva de su privacidad desde 2021. El diputado Onursal Adiguzel, del partido opositor Pueblo Republicano (CH), describió los hallazgos como «el mayor escándalo de escuchas en la historia de la República».

El proyecto de ley fue propuesto por el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AK) y su aliado, los miembros del Partido del Movimiento Nacionalista (MH), y se lleva trabajando desde 2021 [10]. Los dos partidos afirman [11] que el proyecto de ley es similar a la legislación existente en Europa, como la NetzDG alemana [12], pero los críticos no están de acuerdo [13]. Se le ha criticado por sus definiciones legales poco precisas [14] y por convertir en armas términos poco claros como desinformación, noticias falsas, información sin fundamento, desinformación distorsionada, seguridad, orden público y paz pública.

En entrevista [15] concedida a The Guardian, Emre Kizilkaya, director de la sección turca del Instituto Internacional de la Prensa, dijo que el proyecto de ley «criminaliza lo que las autoridades llaman desinformación sin definir lo que realmente significa. Un juez decidirá cómo definir la desinformación y la intención, lo que realmente da poderes arbitrarios al Gobierno para criticar el periodismo».

La feroz oposición al proyecto de ley también fue expresada por miembros de partidos políticos opositores. Antes de la aprobación del proyecto de ley, el diputado Burak Erbay, rompió su teléfono [16] con un martillo durante su intervención en el Parlamento. «Rompan los teléfonos así, no tendrán que usarlos», dijo Erbay antes de la votación.

El 14 de octubre, otro legislador dijo [17] que los turcos podrían acudir a las urnas el mes de las elecciones sin Twitter, Facebook o WhatsApp. «Esta ley de censura permite al Estado cerrar Facebook, Twitter y WhatsApp», dijo el diputado Garo Paylan en referencia al proyecto de ley [15] que autoriza a los fiscales y al BTK a cerrar las plataformas si no cumplen con las peticiones del Gobierno de dar datos sobre los usuarios.

La nueva ley de censura de las redes sociales aprobada por el Parlamento turco marca el inicio –de parte del presidente Erdogan– de la próxima temporada electoral en Turquía. Los comicios de 2023 serán los más injustos de Turquía desde las primeras elecciones libres y justas del país en 1950.

Paylan pidió al Tribunal Constitucional que revocara el proyecto de ley. «Ayer el Parlamento aprobó el proyecto de ley de desinformación. Me avergüenza como miembro de la Gran Asamblea Nacional turca […]. El Parlamento no podía detener el proyecto de ley, pero el Tribunal Constitucional sí. Si todavía hay jueces en el Tribunal Constitucional, deben detener este proyecto de ley que es claramente contrario a la Constitución», dijo [17] Paylan.

El 18 de octubre, el principal partido opositor, República Popular (CH), solicitó oficialmente [19] al Tribunal Constitucional que anulara el proyecto de ley, concretamente el artículo 29.

Censura a los medios y más

El proyecto de ley no solo afecta a los periodistas. Sus definiciones imprecisas también pueden responsabilizar a los usuarios de cualquier publicación que compartan. «Cualquier usuario de una plataforma de medios sociales será responsable, dentro de las premisas de esta ley, de cualquier publicación/tyut», explicó [20] Emre Ilkan Saklica, jefe de redacción de la plataforma de verificación de hechos Teyit.org, en entrevista con DW turco. Los científicos y economistas independientes [21] también pueden enfrentar las consecuencias de sus proyecciones y análisis.

El 19 de octubre, más de 200 destacados escritores turcos emitieron una declaración [22] de condena al nuevo proyecto de ley, escribieron que «sumirá al país en una profunda oscuridad».

Y hay más restricciones, como la eliminación [20] de etiquetas según el artículo 34 del proyecto de ley recién aprobado si se descubre que infringen la ley. Este artículo se suma a los castigos legales ya existentes para diversas infracciones. Según el artículo 299 del Código Penal, quien insulte al presidente puede enfrentar hasta cuatro años [23] entre rejas. Hasta ahora, estudiantes [24]artistas [25]periodistas [26], abogados [27] han sido procesados o han enfrentado un juicio. Por otro lado, los artículos 36 y 37 obligan [20] a las aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Signal, Telegram y Skype a nombrar representantes locales. La nueva ley también obliga a estas plataformas a facilitar los datos personales de los usuarios si el Gobierno lo solicita.

El control de las plataformas de medios sociales «representa un nuevo capítulo draconiano antes de las elecciones de 2023″, dijo [5] Sarah Clarke, responsable de Europa y Asia Central de Article 19, en declaración conjunta con Human Rights Watch. Según [28] Yaman Akdeniz, profesor de Derecho y fundador de la Asociación para la Libertad de Expresión, «las redes sociales amenazan el control del Gobierno sobre los medios en general», ya que son las únicas vías que le quedan a la gente para acceder a la información y expresarse..

Antes de las elecciones de 2015 en Turquía, el Estado intensificó [29] la represión de los medios con «campañas de información e intimidación física». Una turba violenta organizada por el diputado parlamentario de AKP y líder de Juventudes de AKP, Abdurrahim Boynukalın, atacó la sede de Hurriyet Daily News, redacción de tendencia izquierdista. Boynukalın no fue castigado en su momento y, siete años después, consiguió [30] una orden judicial de un juzgado de paz penal para bloquear el acceso a cualquier noticia sobre su participación en el ataque, con el argumento de que violaba sus derechos personales. Tras la orden judicial, se bloquearon en línea más de cien noticias que mencionaban su nombre.

Ministerio de la Verdad de Turquía

Estas medidas recientes son solo la punta del iceberg. En agosto, la Dirección de Comunicación creó [31] un «Centro de Lucha contra la Desinformación». Al igual que la terminología imprecisa a la que se refiere el proyecto de ley del 13 de octubre, hubo poca transparencia en torno al propósito y los procedimientos del centro. En una declaración [32] emitida por el Instituto Internacional de Prensa en ese momento, la organización internacional expresó su preocupación y cuestionó el mandato del centro como organismo gubernamental para «combatir la ‘desinformación'». El comunicado decía:

The establishment of the centre should be seen in the context of the government’s recent attempts to control the information environment as the country heads towards the next elections.

La creación del centro debe considerarse en el contexto de los recientes intentos del Gobierno por controlar el entorno informativo mientras el país se dirige a las próximas elecciones.

Ese contexto incluye el recién aprobado proyecto de ley de desinformación, las enmiendas al Código Deontológico de la Prensa presentadas [33] por la Agencia de Publicidad de la Prensa (BİK) en julio de 2022, proyecto de ley sobre las redes sociales [34] y otras restricciones en línea [35]. Hasta ahora, el centro ha publicado dos [36] boletines semanales [37] con una lista de noticias que el centro califica como noticias falsas de la semana. En el segundo boletín, el centro se refirió a la devastadora explosión de una mina de carbón [38] en una instalación estatal en la que murieron 41 trabajadores. Afirmó que las noticias sobre la explosión que acusaban a las instituciones estatales de no haber aplicado mejores medidas de seguridad eran falsas [39] y que el Estado ha tomado medidas para evitar este tipo de incidentes.

El 18 de octubre, tras presentar una moción ante el Tribunal Constitucional para anular el artículo 29 del nuevo proyecto de ley, el vicepresidente del opositor CHP, Engin Altay, calificó [40] la nueva ley de «ley Stalin», dijo que el nuevo proyecto de ley permite al Estado «presentar sus propias mentiras como verdad».

Los paralelismos entre Stalin y el nuevo proyecto de ley no sorprenden. Después de todo, fue el propio Stalin quien acuñó [41] el término «dezinformatsiya» [desinformación], y lo elevó [42] «a su propia agencia gubernamental, difundió agresivamente mentiras contra los oponentes políticos y engañó a los ciudadanos con propaganda falsa a escala masiva». Si avanzamos hasta la Turquía actual, los acontecimientos actuales atestiguan lo que Stalin y otros [43] hicieron hace décadas, pero esta vez a una escala sin precedentes.