Imagen cortesía de Giovana Fleck

En enero de 2022, Access Now y Citizen Lab confirmaron que varios periodistas fueron objeto del uso del programa espía Pegasus del Grupo NSO a gran escala en El Salvador. Fueron al menos 35 los teléfonos móviles de periodistas de seis medios de comunicación (El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Grafica, Revista Digital Disruptiva y El Diario de Hoy) infectados por este software espía entre julio de 2020 y noviembre de 2021.

El Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional vio el informe y verificó las pruebas forenses sobre el uso del programa espía Pegasus contra periodistas salvadoreños. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que: “El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador revela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país. Las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”. Sin embargo, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha negado su responsabilidad y no ha mostrado resultados ni indicios de una investigación completa de este caso de espionaje.

Desde que Bukele asumió el poder en 2019, ha habido varios indicios de que se dirige hacia una administración populista y autoritaria. Actualmente, Bukele no solo controla el poder ejecutivo del Gobierno, sino que su partido político Nuevas Ideas tiene amplia mayoría de la Asamblea Legislativa, que destituyó y eligió ilegítimamente a nuevos jueces de la Corte Suprema y a un nuevo fiscal general. Según la revista The Economist, en un artículo de junio de 2022 titulado «Criptocracia», destaca de Bukele que «desde que asumió el cargo, el ‘dictador más genial del mundo’, como él mismo se llama, ha gobernado el país de 6,5 millones como un feudo privado».

Las autoridades salvadoreñas han sido acusadas de varias violaciones de los derechos humanos contra los ciudadanos durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, por la detención y la tortura de miles de personas en el marco de lo que el Gobierno llama «la guerra contra las pandillas». Bukele y otras autoridades estatales han expresado públicamente su negativa a aceptar la rendición de cuentas y el descrédito del trabajo de periodistas y medios independientes. En ese marco, el uso del programa espía Pegasus contra los periodistas representa una seria amenaza para la libertad de prensa, los derechos digitales, y un desafío clave para investigar la configuración de un autoritarismo digital en El Salvador.

Tras las revelaciones del uso de Pegasus contra 35 periodistas en El Salvador, una coalición de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y de periodistas, a través de un comunicado público en enero de 2022, solicitó a las autoridades salvadoreñas que dejaran de acosar periodistas y defensores de derechos humanos que protegieran la libertad de expresión, de opinión y de prensa, y que respetaran la privacidad de sus ciudadanos. Asimismo, esas organizaciones instaron a la Fiscalía General a investigar el uso de Pegasus en este caso.  Además, en febrero, Cristosal, organización local de derechos humanos, solicitó al Tribunal de Cuentas que investigara el probable uso de fondos públicos para la adquisición del programa espía Pegasus del grupo israelí NSO.

Reporteros sin Fronteras (RSF) también ha pedido a las autoridades salvadoreñas «que abra inmediatamente una investigación para identificar y condenar a los autores de este espionaje masivo». Además, RSF apeló al Gobierno israelí para que impusiera una moratoria a la exportación de este tipo de programas espía que pueden utilizarse para espiar a los periodistas y suponen un verdadero problema para la democracia en todo el mundo. Según expertos en seguridad digital, el programa espía Pegasus puede infectar silenciosamente el teléfono móvil de una persona y obtener pleno acceso a fotos, contactos, mensajes, conversaciones, y activar micrófono y cámara del dispositivo infectado.

Es bastante revelador que el periodo de espionaje informático de los dispositivos móviles de varios periodistas coincidiera con el desarrollo de varias investigaciones periodísticas sobre la negociación clandestina del presidente Bukele con pandillas callejeras para reducir los homicidios y obtener apoyo político, casos de corrupción de funcionarios gubernamentales y la decisión autoritaria de adoptar bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador.

Responsabilidad del Gobierno

En marzo de 2022, hubo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este caso Pegasus de práctica de vigilancia ilegal contra periodistas y activistas en El Salvador. En esa ocasión, Margarette May Macaulay, una de las comisionada del CIDH, dijo: «Este es un grave ataque a la democracia y a sus estándares […] no se quiere hacer una lista pero se violaron muchos derechos». Además, la comisionada Macaulay subrayó que «la investigación debe ser lo más rigurosa y rápida posible, [pero] no parece haber urgencia por parte del Estado».

En la audiencia, el representante del Estado salvadoreño, un funcionario de la Fiscalía General de la República, negó conocer este uso ilegal de Pegasus en El Salvador, dijo que «se está realizando una amplia investigación» y acusó a las víctimas de retrasar la investigación por no hacer llegar información a las autoridades. Esta acusación fue fuertemente refutada por los periodistas que asistieron a la audiencia.

El informe de investigación N° 148 de Citizen Lab, publicado en enero de 2022, identificó a un cliente de Pegasus, «TOROGOZ», que funciona casi exclusivamente en El Salvador desde 2019. Los hallazgos de este informe establecieron que «si bien no hay evidencia técnica concluyente de que TOROGOZ represente al Gobierno salvadoreño, el fuerte enfoque específico del país de las infecciones sugiere que esto es muy probable». Sin embargo, en un comunicado a la agencia de noticias Reuters, tras la publicación del reportaje de Citizen Lab, el gobierno salvadoreño negó ser cliente del grupo NSO. Hasta ahora, el Gobierno no ha mostrado voluntad de investigar este caso de vigilancia ilegal contra varios periodistas y rendir cuentas a la sociedad por las violaciones de los derechos digitales fundamentales.

Julia Gavarrete, periodista del medio salvadoreño El Faro y una de las víctimas de la infección del programa espía Pegasus, escribió en un artículo de opinión que «hay que decir que en un país donde se confirmó el uso de un programa de espionaje y las autoridades, en lugar de investigar, movieron las piezas para que ahora exista la posibilidad de criminalizar cualquier voz crítica». Gavarrete subraya las amenazas y los retos de hacer periodismo bajo ciberespionaje en El Salvador: «Con un programa como Pegasus, quien está detrás tiene acceso a nuestras actividades, a nuestras conversaciones, a la información que recibimos y a quien la comparte con nosotros, y a lo que estamos investigando. El clima para el periodismo es complejo, y por eso quiero enfatizar que aún así no dejaremos de hacer periodismo».

Por favor, visita la página del proyecto para más artículos de Unfreedom Monitor.