«Ai Weiwei: Fondo de pantalla sin título (esposas doradas, cámaras de vigilancia y pájaros de Twitter)» de René Clausen Nielsen con licencia (CC BY-SA 2.0).

La censura gubernamental a través de solicitudes legales de retiro de contenido o bloqueo de cuentas y de varias URL se convierte en una herramienta importante de control a medida que las redes sociales toman un papel fundamental como plataforma de debate. India, la mayor democracia del mundo, tiene uno de los mayores números de solicitudes de retiro de contenido.

Aunque ninguna fuente capta la situación completa en India, los informes de cumplimiento de las empresas de medios sociales, las firmas de investigación independientes y las declaraciones del Gobierno indican que la situación es deprimente. En 2019, Comparitech, firma de investigación con sede en el Reino Unido, afirmó que el análisis de datos de empresas como Facebook, Twitter y Google mostró que India tiene la mayor solicitud de retiro de contenido en todo el mundo, después de Rusia. Los datos del Parlamento indio también indican que hubo un incremento exponencial de las órdenes gubernamentales para bloquear cuentas de las redes sociales desde 2014 hasta 2020. Según el último Informe de Transparencia de Twitter, India ocupa el quinto lugar con el 8 % de las solicitudes de eliminación de contenido a nivel mundial, después de Japón, Rusia, Corea del Sur y Turquía. Las luchas de poder de las redes sociales con el Gobierno también son indicativas de la magnitud del problema.

A menudo, Twitter también se ha enfrentado con el Gobierno por las políticas de moderación y las solicitudes de retiro o bloqueo de contenido y de cuentas. En junio de 2022, en el último acontecimiento de esta larga disputa, Twitter llevó al Gobierno central a los tribunales por sus órdenes de bloqueo, con el argumento de que muchas de estas órdenes se dirigían a contenidos «políticos y periodísticos» que infringían el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión. Además, alegó que el Gobierno no justificaba las órdenes como exige la ley.

El razonamiento del Gobierno: todo se hizo de buena fe

El Gobierno de India cree que las peticiones legales hechas a los gigantes de las redes sociales, como Twitter, son proporcionales al elevado número de usuarios de las redes sociales del país. Argumenta que estas medidas son necesarias para crear un internet seguro y abierto.

Las disposiciones legales de la Ley de Tecnologías de la Información (IT) de 2000 y sus normas posteriores permiten al Estado bloquear contenidos solo si es necesario hacerlo en «interés de la soberanía de India, la defensa de India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros o el orden público, o para evitar la incitación a la comisión de cualquier delito cognoscible relacionado con lo anterior». El observatorio de medios de comunicación cívicos de Unfreedom Monitor muestra que India también utiliza otras categorías como «anti-India» y antinacional» para justificar el retiro de contenido. Los datos del observatorio muestran que la necesidad de combatir las «noticias falsas» y la » desinformación» es otra justificación habitual para bloquear cuentas y publicaciones en las redes sociales.

Además, el Gobierno suele obligar a las empresas de medios sociales a retirar contenidos, con el argumento de que es la «ley del país». Sin embargo, el ejecutivo y el legislativo son los que deciden cuáles deben ser estas leyes, lo que da lugar a un círculo vicioso de poder. Según fuentes periodísticas, el Gobierno emitió 105 órdenes de bloqueo a YouTube, Facebook, Twitter, e Instagram mediante las muy controvertidas Normativas (Directrices para los Intermediarios y Código Ético de los Medios Digitales) de 2021. Las normas, que se introdujeron en febrero de 2022, suscitaron la preocupación de grupos de derechos digitales, la sociedad civil y las empresas de medios sociales por la libertad de expresión.

La caja negra de las órdenes y la violación de la libertad de expresión

El deseo del Estado de moderar los contenidos en un ecosistema mediático cada vez más caótico es legítimo, pero la sociedad civil y los grupos de derechos digitales han argumentado que estos esfuerzos violan la libertad de expresión de los ciudadanos. Que el Gobierno pida a los gigantes de las redes sociales que retiren los contenidos críticos se ha convertido en una tendencia. En 2017, a raíz de una carta del Gobierno en la que se señalaba el «contenido objetable», Twitter envió avisos legales a los activistas de derechos humanos, periodistas y otros ciudadanos que tuitearon sobre la situación de los derechos humanos en el disputado territorio de Cachemira. En 2019, tras la derogación del artículo 370 que otorgaba al estado norteño de Jammu y Cachemira un estatus especial, el Gobierno pidió a Twitter que bloqueara algunas cuentas que se manifestaban sobre el tema porque «difundían noticias falsas» y estaban «vinculadas a Pakistán». En 2020, Twitter envió correos electrónicos a quienes protestaban contra la controvertida Ley de Enmienda de la Ciudadanía en los que se les informaba de que el Gobierno había pedido a la empresa que eliminara determinados contenidos.

Como informó The Hindu, Twitter no tomó medidas en muchos casos, con el argumento de que era en interés de «defender y respetar la opinión» de sus usuarios. Al año siguiente, durante el punto álgido de la segunda ola mortal de COVID-19 en India, que arrebató la vida de millones de personas y dejó a muchos otros recurriendo a las redes sociales en busca de ayuda mientras los hospitales se quedaban sin camas y sin medicamentos, el Gobierno ordenó a Twitter y a Facebook que retiraran los contenidos que fueran críticos con la gestión gubernamental del COVID-19. En otro caso, un documento interno de Twitter archivado en la base de datos Lumen mostraba que, en 2021, el Gobierno le había pedido que bloqueara las cuentas y los tuits de organizaciones como Freedom House, periodistas, miembros de partidos opositores y grupos de defensa de los agricultores.

La amplitud de los mecanismos legales existentes agrava las posibilidades de abuso. También existe poca transparencia, ya que la mayoría de las órdenes no son de dominio público. A veces también se eluden los mecanismos legales. Por ejemplo, en 2021, Internet Freedom Foundation, organización sin fines de lucro que trabaja en el ámbito de los derechos digitales y las libertades civiles, recibió cartas que envió el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información a los gigantes de las redes sociales en las que se les pedía que eliminaran todo el contenido relacionado con «la variante india» de COVID-19 y la etiqueta de «medios manipulados» que Twitter había puesto en los tuits de algunos políticos indios.

La disputa entre los gigantes de las redes sociales, los Gobiernos y los ciudadanos plantea cuestiones sobre la acción y el poder. Cada una de las partes interesadas ha tratado de presionar a la otra para promover sus intereses. Las órdenes gubernamentales de retirar contenido, así como la decisión de las plataformas de redes sociales de cumplirlas, son opciones políticas. Además, el mal uso de las redes sociales y la difusión de información equivocada y desinformación por parte de los usuarios complican aún más las cosas y exigen la intervención del Estado, lo que puede acabar siendo un terreno resbaladizo. No obstante, la desproporcionada asimetría de poder entre estas partes interesadas a menudo produce un resultado autoritario a instancias de los derechos de los ciudadanos. 

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