Imagen de Marco Verch en Flickr. Usado con licencia (CC BY 2.0).

Desde la escalada de la invasión de Ucrania, la libertad de expresión en Rusia ha tenido una extraordinaria contracción. El escrutinio y la censura del público y de los medios son generalizados. Las declaraciones sobre el Ejército ruso contrarios a la posición oficial de los organismos estatales se criminalizan de forma rutinaria. En los primeros ocho meses de la guerra, las declaraciones contra la guerra han servido de motivo para acusar penalmente a 331 personas en 64 regiones.

Las redes sociales han dado a la Policía y a los servicios especiales más herramientas para encontrar y probar los delitos de expresión, y hacer circular la información sobre las detenciones. El partido en el poder incluso ha creado un bot en el servicio de mensajería Telegram que anima a la gente a luchar en la «guerra de la información» del lado del Gobierno. Estas tácticas contribuyen a establecer un régimen de miedo y autocensura similar al panóptico.

Acelerar la represión

La censura y la represión política no son nuevas en Rusia, pero en 2022 alcanzaron nuevos niveles. Junto a las nuevas herramientas digitales, la nueva legislación permite al Estado acelerar e industrializar la represión de los disidentes.

El mismo día en que Vladimir Putin anunció la invasión de Ucrania, Roskomnadzor anunció que, al informar sobre la guerra, los medios deben denominarla exclusivamente «operación militar especial» y basarse únicamente en fuentes oficiales del Gobierno. En dos días, Roskomnadzor empezó a censurar publicaciones sobre la guerra y, en octubre, bloqueó más de 8000 sitios web en Rusia.

En una semana, el Parlamento aprobó enmiendas al Código de Infracciones Administrativas y al Código Penal que entraron en vigor el mismo día. El nuevo artículo (207.3) del Código Penal se refería a la «difusión pública de información falsa a sabiendas sobre el uso del Ejército de la Federación Rusa». El castigo por difundir «falsedades» va desde una multa de 1,5 millones de rublos (poco más de 24 000 dólares) hasta 15 años de prisión. Otro nuevo delito es «desacreditar a las fuerzas armadas rusas». La primera vez que el «desacreditador» recibe una sanción administrativa (30 000-50 000 rublos, equivalente a unos 480-800 USD, según el artículo 20.3.3 del Código de Infracciones Administrativas), mientras que la segunda infracción lo convierte en delincuente (hasta cinco años de prisión, según el artículo 280.3 del Código Penal).

Según OVD-Info, hasta octubre había 107 casos penales abiertos en virtud del artículo sobre «falsificaciones» y 4777 casos administrativos en virtud de los artículos sobre «desacreditación», la mayoría relacionada con actividad en medios sociales. La actividad en las redes sociales incluye publicaciones, comentarios, reacciones emoji, mensajes en chats de grupo y vídeos de YouTube; un caso se basa también en llamadas telefónicas privadas.

Las figuras públicas –periodistas, activistas civiles, políticos y blogueros– tienen más probabilidades de ser acusadas de un caso penal. La detención más notable hasta la fecha se produjo el 12 de julio: el diputado municipal Ilia Yashin fue acusado de «difundir falsificaciones» en un vídeo de YouTube. Yashin es político opositor desde 2000 y es estrecho colaborador de Navalny y Nemstov, y ha sido perseguido toda su carrera. Para gente como él, hay un dicho de la época soviética: «Encuéntrame al hombre y te encontraré el delito», que significa que la ley no puede impedir que el Estado meta a alguien en la cárcel. Teniendo en cuenta la magnitud del tema que Putin tenía que tomar con Yashin, es revelador el hecho de que su primera acusación penal sea bajo el artículo de «falsificaciones». El caso de Yashin aún está en proceso, pero en otro caso, el diputado Aleksey Gorinov fue condenado a siete años de prisión por decir «guerra» en lugar de «operación especial» en una reunión.

Esta ley alivia sustancialmente la carga de procedimientos formales que la Policía y los fiscales deben llevar emprender para crear la ilusión de un sistema de justicia funcional y, por tanto, agiliza el proceso de represión. Esto también es evidente a nivel local. Fuera de Moscú y San Petersburgo, es habitual que haya condenas con multas y sentencias penales más leves. La mayoría de los acusados son activistas civiles y periodistas con pocos seguidores que ya han estado en el radar del Estado.

Por ejemplo, Yevgeniy Fokin, de Novosibirsk, es activista urbano. Solo tenía 17 años cuando lo acusaron de enviar un mensaje en el chat de Telegram «Coalición Novosibirsk 2020″, que tiene 2880 suscriptores. El mensaje incluía una publicación del artículo de noticias que citaba que el jefe de la administración del presidente ucraniano afirmaba que todas las instalaciones nucleares de Ucrania estaban ocupadas por los kadyrovitas. «Espero que esté mintiendo», añadió Yevgeniy en el pie de foto, «Esta es probablemente la peor noticia del siglo XXI». En su entrevista posterior, Yevgeniy se pregunta: «En mi comentario inicial, realmente cuestioné la fiabilidad de la información. Y aún así, dicen que es ‘falsa a sabiendas'».  Sergey Nosov, de la aldea de Baklanovo, en la región de Oriol, fue acusado de publicar mensajes sobre las masacres de Bucha e Irpen en el canal de Telegram «The Nosov List», con 352 suscriptores. En 2021, Aleksey Argunov, catedrático de Barnaul, pidió a sus alumnos que firmaran una petición contra la Agencia Federal de Supervisión de la Educación y la Ciencia. Cree que por eso, en 2022, le impusieron una multa de 30 000 rublos (poco menos de 500 dólares) por un emoji triste y por dar «me gusta» a mensajes antibelicistas de otra persona.

Se han abierto algunos expedientes contra personas sin antecedentes de activismo social. Entre ellos hay un fogonero, un programador de software, un conductor, un arqueólogo y un excavador.

Ritual de vergüenza e intimidación

El 28 de junio, la Policía de San Petersburgo publicó un video en el que tres agentes del Grupo Operativo de Despliegue Rápido, completamente equipados, arrancan la puerta metálica de un apartamento. Corren al interior gritando: «¡Al suelo!», y se ve a un hombre de mediana edad a medio vestir echado en el suelo boca abajo y que después se disculpa ante la cámara. Se trata de Oleg Belousov, que vive con su hijo adulto, ambos discapacitados. Expresó sus opiniones antibélicas en un grupo público «Excavadores de San Petersburgo» en la red social VK.com, y un compañero aficionado a la excavación lo denunció a la Policía.

El género de las grabaciones policiales como esta no es nuevo en Rusia. Sin embargo, este tipo de videos suele publicarse o filtrarse de forma controlada solo en casos de gran repercusión, como terrorismo. Recientemente, el uso notorio de fuerza excesiva y el gasto extravagante durante las detenciones por delitos de expresión se ha convertido en un fenómeno común.

En cuanto a la publicación de videos de disculpas de la Policía en línea, en Rusia esta práctica comenzó en Chechenia en 2015 (por críticas al Gobierno y «faltas de honor»). En 2020, fue adoptada por los agentes de la ley en todo el país, principalmente contra la «difusión de noticias falsas» sobre el coronavirus. A partir de 2021, vemos muchos videos de confesiones de opositores comunes y corrientes, y ahora de disidentes. Se puede suponer que la mayoría de estos vídeos se graban bajo presión.

Según la antropóloga Aleksandra Arkhipova, estos videos pueden desacreditar a la oposición. Muestran a los manifestantes como débiles, humillados e incoherentes, lo que hace que sea emocionalmente más difícil apoyarlos.

Para un movimiento antibélico en un país como Rusia –grande y extendido– la conectividad digital es crucial. Dada la colosal magnitud de la censura en los medios, internet es el único lugar donde se puede acceder a información diversa no filtrada por el Estado. Al mismo tiempo, la violencia policial hacia manifestantes callejeros en los últimos diez años creó la ilusión de que los espacios en línea son más seguros para expresarse que fuera de línea, una visión que se ha ido cuestionando cada vez más en los últimos dos años. Así, cuando la Policía persigue a personas por sus opiniones expresadas en línea aparentemente privados y seguros y anuncia detenciones desproporcionadamente violentas, fomenta aún más la paranoia y la autocensura dentro de la oposición.

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