Foto de concepto de corrupción de Focal Foto en Flickr (CC BY-NC 2.0).

En 2023 se cumplirán 20 años de la adopción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Aunque la lacra de la corrupción es una amenaza para la equidad y la estabilidad de las personas en todo el mundo, el tamaño comparativamente menor de las naciones insulares hace que el problema parezca mucho mayor y más inmediato. La celebración en 2022 del Día Internacional contra la Corrupción, que tiene lugar el 9 de diciembre, pretende «poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo»:

At its core is the notion that tackling this crime is the right and responsibility of everyone, and that only through cooperation and the involvement of each and every person and institution can we overcome the negative impact of this crime. States, government officials, civil servants, law enforcement officers, media representatives, the private sector, civil society, academia, the public and youth alike all have a role to play in uniting the world against corruption.

Su núcleo es la noción de que hacer frente a este delito es un derecho y una responsabilidad de todos, y que solo mediante la cooperación y la participación de todas las personas e instituciones podremos superar el impacto negativo de este delito. Los Estados, los funcionarios públicos, los agentes del orden, los representantes de los medios, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, el público y los jóvenes por igual tienen un papel que desempeñar para unir al mundo contra la corrupción.

A lo largo de 2023, los organizadores tienen previsto reflexionar sobre los avances que la Convención ha contribuido a facilitar y examinar qué lagunas persisten en esta batalla aparentemente continua. Por eso, en Global Voices hemos decidido ver nuestras historias relacionadas con la corrupción, para obtener una instantánea de cómo se ha visto afectado el Caribe y qué progresos se han hecho a lo largo de los años.

El tema de la corrupción ha estado siempre presente en nuestros informes regionales de fin de año, que ofrecen una instantánea anual de las noticias que cubrimos. En 2014, el país caribeño mejor clasificado (por tanto, percibido como el menos corrupto) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional fue Barbados, en el puesto 17 de una lista de 174 países. Sin embargo, había descendido en la clasificación con respecto al año anterior. Mientras tanto, Jamaica y Trinidad y Tobago compartían el puesto 85, Guyana se situaba en el 124 y Haití ocupaba el último lugar de la región, en el 161, lo que le otorgaba el dudoso honor de ser el territorio caribeño más corrupto.

Siete años después, en el IPC de 2021, puede parecer que no ha cambiado mucho. Barbados, bajo el liderazgo de la primera ministra Mia Mottley, obtuvo un buen resultado en el puesto 29, mientras que Bahamas se situó en el número 30. Algunos países caribeños se situaron en los puestos 30, 40 y 50, con Jamaica en el número 70, Trinidad y Tobago en el 82, y Guyana también mejorando su clasificación en el 87. Haití fue una vez más el último de la región, en el número 164, pero su posición supuso una mejora con respecto al año anterior.

Sin embargo, Transparency International siempre tiene cuidado de señalar que su IPC anual mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público por país, no los casos de corrupción en sí. Su metodología implica la selección de datos de origen, que luego vuelve a medir, agrega e informa, teniendo en cuenta cierto grado de incertidumbre. Los resultados se rigen por estrictos controles de calidad, que incluyen «cálculos independientes paralelos realizados por dos investigadores internos y dos asesores académicos sin afiliación a Transparency International».

Las fuentes de datos incluyen el soborno, el abuso de cargos públicos, el nepotismo y el desvío de fondos públicos, pero el proceso también implica el examen de la capacidad de un país para hacer cumplir los mecanismos de integridad, procesar a los funcionarios corruptos, hacer que los procesos sean menos burocráticos y más transparentes, hacer cumplir las leyes de divulgación financiera, respetar los derechos de los ciudadanos al acceso a la información y proteger a los periodistas y denunciantes. Es en algunos de estos rubros en los que el Caribe ha hecho algunos progresos, lo que puede explicar en parte la mejora en la clasificación.

Hacia finales de 2019, por ejemplo, Jamaica lanzó su Portal del Medidor de Rendición de Cuentas, un sitio web que rastrea el desempeño del Gobierno, incluida actividad corrupta, y da a los ciudadanos acceso sin inhibiciones a sus representantes políticos y les instruye sobre cómo funciona el Gobierno. Se trata de una iniciativa no partidista, no gubernamental y sin ánimo de lucro, construida en torno al concepto de un Account-A-Meter que permite a todos, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil hasta periodistas y el propio Gobierno, dar seguimiento de los incumplimientos de las políticas o las normativas mediante el acceso directo a los funcionarios encargados de la rendición de cuentas.

Sin embargo, la creadora del sitio, Jeanette Calder, no lo considera una herramienta anticorrupción, aunque admite que puede revelar prácticas corruptas. Más bien lo ve como una forma de garantizar la rendición de cuentas. En una entrevista concedida a Global Voices en 2020, señaló:

I don’t think you can ‘fight corruption.’ Corruption happens in the dark. […] Let's hold people accountable for not doing their job, not honouring the rules and policies that are in place! Once you start doing that, it takes care of a lot of the corruption. […] Accountability is not just a key — it is the master key to change.

No creo que se pueda «luchar contra la corrupción». La corrupción ocurre en la oscuridad. […] ¡Hagamos que la gente asuma responsabilidades por no hacer su trabajo, por no cumplir las normas y políticas vigentes! Una vez que se empieza a hacer eso, se acaba con gran parte de la corrupción. […] La rendición de cuentas no es solo una llave, es la llave maestra del cambio.

También en 2020, Jamaica introdujo un Consenso Nacional sobre Delincuencia, acuerdo entre el Gobierno, la oposición parlamentaria, el sector privado y la sociedad civil, que marca el rumbo para reforzar la legislación contra la delincuencia y la corrupción. Sin embargo, el reto de estas medidas es el seguimiento y, como era de esperar, un comité de supervisión presidido por el presidente de la Cámara de Comercio de Jamaica no tardó en manifestar su preocupación por el incumplimiento de los plazos de varias medidas específicas.

Al igual que muchos otros territorios de la región, Jamaica no siempre ha logrado enjuiciar los casos de presunta corrupción, y su servicio de Policía es ampliamente percibido como corrupto. En Trinidad y Tobago, el enjuiciamiento de presuntos casos de corrupción parece más bien irregular y, aunque el país aprobó una ley de regulación de la contratación pública en 2020, sigue preocupando una cláusula que, según los críticos, podría facilitar el desarrollo de la corrupción.

Recientemente, el exvicepresidente de la FIFA Jack Warner, nacido en Trinidad, fue noticia por perder su apelación ante el Consejo Privado en relación con su extradición a Estados Unidos por cargos de asociación ilícita y blanqueo de dinero. Aunque el fiscal general, Reginald Armour, no tiene previsto bloquear la extradición, los trinitenses siguen mostrándose escépticos ante la posibilidad de que se haga justicia.

Todo, desde las elecciones hasta el sistema judicial, se percibe con algún grado de corrupción en la región. Durante unos meses de 2018, el propio sistema político de Guyana estuvo en una situación precaria tras una moción de censura parlamentaria que, al parecer, fue precipitada por acusaciones de corrupción.

En toda la región, también hay preocupación sobre la libertad de prensa, muchas de las cuales se centran en la privacidad digital, la protección y las leyes de ciberdelincuencia, pero para cada desafío, hay esperanza. Los jóvenes caribeños han estado a la vanguardia del movimiento anticorrupción, y los capítulos regionales de Transparency International han estado haciendo su parte para eliminar el velo de secretismo de las prácticas corruptas.

Aunque todavía queda mucho por hacer para desmantelar los sistemas, muchos heredados, que han permitido que se inculque una cultura de corrupción en la región, quizá los países caribeños estén empezando por fin a deshacerse de la percepción de que la corrupción es simplemente parte de hacer negocios. Como ha demostrado repetidamente el IPC anual de Transparencia Internacional, es todo lo contrario.