Imagen cortesía de Ameya Nagarajan

En Tanzania, la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos, consagrado en el artículo 18 (1) de la Constitución. Sin embargo, este derecho inalienable se ha visto socavado por la continua aprobación y promulgación de una serie de normas represivas a lo largo de los años.

La aprobación de la Ley de Delitos Cibernéticos de Tanzania de 2015 suscitó duras críticas de las partes interesadas en los derechos digitales. Las partes interesadas consideraron que los actores estatales usarían la ley para amordazar el derecho a la libertad de expresión en línea. Así, no pasó mucho tiempo antes de que cinco tanzanos fueran acusados por separado de insultar al fallecido presidente John Magufuli en las redes sociales (WhatsApp y Facebook) en 2016. La ley volvió a aplicarse en 2021, cuando se detuvo a cuatro personas acusadas de difundir noticias falsas en las redes sociales en las que se afirmaba que el presidente John Magufuli estaba gravemente enfermo.

En 2020, el entonces ministro de Información de Tanzania, Harrison Mwakyembe, promulgó el Reglamento de Comunicaciones Electrónicas y Postales – EPOCA (Contenido en línea) 2020. Esta normativa sobre contenidos en línea otorga de hecho a los agentes estatales el derecho a vigilar internet y las interacciones en las redes sociales. El reglamento tipifica como delito la publicación de rumores y artículos que desprecien, abusen o dañen la situación y la imagen de Tanzania (República Unida) en las plataformas de las redes sociales. Según el reglamento, toda plataforma que albergue contenido prohibido deberá, tras recibir un aviso, informar a su abonado para retirar ese contenido en un plazo estipulado de dos horas. Este requisito traslada la carga de la responsabilidad a las plataformas, y las obligaba a supervisar proactivamente el contenido de sus usuarios y a actuar con prontitud para filtrar o eliminar las publicaciones que puedan causarles problemas con el Estado.

En una entrevista concedida a la BBC en 2021, la presidenta Samia Suluhu tomó unas declaraciones que había hecho este mismo año: que estaba «abierta a las críticas en línea». Mencionó que la crítica era «vital para ayudar al Gobierno a conocer los pensamientos de la gente, y por tanto, no era necesario prohibirla». A pesar de la retórica, bajo su presidencia, sin embargo, poco ha cambiado en lo que respecta a la libertad en internet en Tanzania. Las leyes represivas promulgadas por su predecesor siguen intactas, y el régimen de Suluhu ha retomado el camino donde lo dejó su predecesor: en represión a los críticos. Apenas un mes después de que la presidenta Suluhu garantizó la libertad de expresión, el ministro del Interior, George Simbachawene, emitió un comunicado en el que afirmaba que Tanzania tenía la intención de poner en marcha un «sistema de control» de los debates en curso en las redes sociales, y tomar medidas contra todos aquellos que abusaran de los espacios de Facebook, Instagram y Twitter. Las declaraciones del ministro suscitaron la oposición de un profesor universitario y activista de derechos humanos, el doctor Christopher Cyrilo. En su declaración en Twitter, Cyrilo criticó las declaraciones del ministro, alegó que tales acciones traerían de vuelta los tristemente célebres secuestros estatales y las acusaciones falsas contra las voces disidentes. Esta respuesta culminó con la detención de Cyrilo. Fue puesto en libertad 72 horas después, tras el clamor público.

Ese mismo año, la Policía tanzana detuvo al dibujante Opptertus Fwema, a su hermano Florence Fwema y a Robert Mwampembwa, director de la Red de la Industria Creativa, organismo registrado en Tanzania que trabaja para defender cuestiones del sector creativo en materia de política, educación, género, infraestructuras y libertad artística. La Policía sostuvo que a Fwema se le estaba investigando por delitos cibernéticos. El caricaturista fue detenido pocos días después de publicar en su página de Instagram una caricatura política que denigraba al presidente, según la Policía. La caricatura presentaba al presidente Suluhu como un presidente débil protegido por el expresidente Jakaya Mrisho Kikwete. Tras su detención, la página de Instagram del caricaturista desapareció misteriosamente.

En mayo de 2022, el activista Abubakar Fambo, presidente de Umoja wa Kudai Katiba Mpya Tanzania (UKUKAMTA), movimiento que aboga por una nueva Constitución, fue secuestrado por desconocidos, al parecer policías estatales. Fambo es conocido por su defensa de las reformas constitucionales. Su secuestro provocó la ira de la opinión pública, que exigió su liberación en Twitter con la etiqueta #FreeFambo [liberen a Fambo]. En agosto, Jonas Afumwisye, director regional de la Tanzania Railways Corporation (TRC), fue despedido y posteriormente detenido por la Policía en Dar es Salaam. Afumwisye se había opuesto a las nuevas tasas impuestas por el Gobierno tanzano a las transacciones con dinero móvil. Se dice que publicó sus opiniones en un grupo de WhatsApp. Además, en una carta de despido que se difundió en línea, se le acusaba de oponerse a los esfuerzos de vacunación del Gobierno contra los brotes de enfermedades en el país y de difamar al presidente Suluhu y a la presidenta del Parlamento de Tanzania, la doctora Tulia Ackson, en sus publicaciones en las redes sociales).

En otro incidente de autoritarismo digital, la televisión en línea Zama Mpya fue multada en septiembre de 2022 con dos millones de chelines (800 dólares) por el Comité de Contenidos de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Tanzania (TCRA), por publicar los comentarios del famoso artista tanzano Afande Sele, sobre las exorbitantes tasas por transacciones móviles impuestas por el Gobierno a sus ciudadanos. Se le había dicho que las tasas no estaban justificadas y que el Gobierno debería haber gravado parlamentarios, que no pagan impuestos. La multa obligó a la plataforma en línea a recurrir a una recaudación de fondos en las redes sociales, en la que instaba a sus seguidores y simpatizantes a hacer donaciones para sufragar las tasas impuestas por la TCRA. Antes de esta sanción de la TCRA, Zama Mpya TV había sido convocada en mayo por Nape Nnauye, ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nnauye se indignó tras el reportaje de la plataforma en el que se citaba el aumento del costo de los planes de datos de internet, informe que consideraba totalmente falso.

El Gobierno redobló esta tendencia cuando, en octubre, un tribunal de primera instancia de la región tanzana de Simiyu condenó a Levinus Kidanabi, cuadro juvenil del partido gobernante CCM, a siete años de cárcel y una multa de 10 millones de chelines (4000 dólares) por difamar al presidente de la República de Tanzania en un grupo de WhatsApp. Según la sentencia del magistrado, Kidanabi contravino la Ley de Delitos Cibernéticos de 2015 al difundir falsedades. Kidanabi también fue multado con un millón de chelines (400 dólares) por suplantación de identidad. Estaba en posesión de una tarjeta SIM no registrada a su nombre, lo que contraviene el Reglamento EPOCA de 2020.

Estos incidentes concretos ilustran cómo las diversas leyes recién promulgadas o aplicadas permiten al Gobierno tanzano vigilar las redes sociales y restringir el derecho a la libertad de expresión de los tanzanos, violación absoluta del artículo 18 de la Constitución tanzana y del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

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