Expresidente sudafricano Jacob Zuma en ceremonia en 2017. Imagen de GovernmentZA, [1] Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) [2].
Reparto de cargos ministeriales, corrupción y malversación de fondos: así es como la familia Gupta [3], en connivencia con el entonces presidente Jacob Zuma, conquistó Sudáfrica usando su imperio empresarial de tecnología, minería, medios e ingeniería. Se les conoce comúnmente como la «familia Gupta», y los tres hermanos [4] Atul, Rajesh y Ajay Gupta crearon una pequeña empresa tecnológica en Sudáfrica en 1993 [5], cuando se trasladaron a este país desde India. Después, tras adquirir grandes participaciones en diversos sectores, consiguieron aumentar su riqueza de forma exponencial. En 2016 [6], Atul Gupta apareció en Who Owns Whom, organización de investigación independiente centrada en los negocios y la industria africanos, como la persona de color más rica del país.
Esta banda de hermanos pudo convertir su riqueza en influencia gracias a una estrecha relación [6] con Jacob Zuma, que fue presidente desde 2009 hasta su destitución [7] en 2018. Ya en 2003 [5], los hijos del expresidente [6] recibieron altos cargos en las empresas de los Gupta, bodas totalmente financiadas e incluso apartamentos en Dubái a cambio de control e influencia.
Esto apunta a un comentario más oscuro sobre la posibilidad de abusos por parte de los ultrarricos en todo el mundo. Más concretamente, la legislación vigente y los responsables políticos parecen operar bajo el supuesto de que tales personas usarán su influencia política con moderación.
Irónicamente, dada la indulgencia concedida a los actores nacionales, cuando se trata de la injerencia de Gobiernos autoritarios extranjeros, existe un aluvión de leyes de «influencia extranjera [8]» para limitar y vigilar cualquier intervención en la política nacional en forma [9] de campañas de desinformación, grupos de presión, donaciones políticas y espionaje por parte de una persona, grupo, organización o empresa en nombre de un Estado extranjero, actos de los que China y Rusia han sido especialmente cómplices [10]. Esto ha impulsado el Plan de Registro de Influencias Extranjeras del Reino Unido [11] –destinado a combatir la influencia y el espionaje extranjeros y a proteger la investigación–, que se espera reciba la aprobación real en 2023 [12]. Del mismo modo, en 2021, Canadá presentó el proyecto de ley para establecer el Registro de Influencias Extranjeras [13] ante la preocupación de que diputados y otros legisladores se hayan beneficiado [14] de mantener una relación con China.
Y así, los Gobiernos están respondiendo a las lecciones aprendidas [15] durante la Guerra Fría, a saber, que los Estados ya no solo hacen la guerra con combate, sino también con influencia. Mientras que el mundo es cada vez más consciente [16] y teme la influencia antiliberal de los regímenes autoritarios, ¿es la captura del Estado en Sudáfrica la prueba de que no son los únicos que trabajan en la sombra para influir en las políticas internas de los Estados liberales?
En el caso de la cleptocracia [17] en Sudáfrica, la tristemente célebre familia Gupta [18] y el expresidente Jacob Zuma se vieron envueltos en el escándalo. Este último se basó en el asesoramiento de la consultora mundial Bain and Co. para reconvertir las instituciones estatales [19] en su propio beneficio. Se «apoderaron [20]» de cinco de las mayores empresas estatales del país y también inutilizaron [21] la agencia de servicios de recaudación de impuestos del país, SARS. Las consiguientes comisiones Zondo y Nugent revelaron que se perdieron miles de millones [22] de rands sudafricanos. Aunque muchos han lamentado [23] el costo financiero, entre otras consecuencias [24] del escándalo figuran el retraso del crecimiento económico, la incapacidad del Estado para intervenir en el aumento del desempleo, el agravamiento de la desigualdad y la pobreza, así como una menor inversión extranjera en el país.
Sin embargo, existe una preocupación secundaria, la de la influencia política indebida [25]. El artículo inicial del Financial Times que destapó el escándalo de la «captura del Estado» hacía referencia a la capacidad de la familia Gupta para influir [26] en los nombramientos para el cargo de Ministro de Finanzas. Mcebisi Jonas, viceministro de Finanzas entre 2014 y 2016, confirmó que los Gupta le ofrecieron [27] el puesto. Además, el miembro del Congreso Nacional Africano Des van Rooyen [28] ha admitido que los Gupta aprobaron su nombramiento [29] como ministro de Finanzas después de haber visitado [30] su casa hasta siete veces en los días previos a su nombramiento. Así pues, la familia Gupta parece haber tenido voz y voto en los nombramientos ministeriales, algo que en el contexto de la influencia extranjera de los regímenes autoritarios, se considera ilegal [16] en la mayoría de las legislaciones.
Los Gupta no son los únicos ricos. La creciente desigualdad [31] y la riqueza sin límites [32] en el mundo globalizado han creado un segmento megarrico [33] de la sociedad. Con el dinero viene la influencia. Así pues, ¿el poder sin control de los megarricos supone un peligro para la integridad de la política nacional y la soberanía? Si bien la familia Gupta estuvo implicada en actividades abiertamente ilegales que incluían sobornos [34] y corrupción en licitaciones [35], en esta era de personas con patrimonios netos ultraelevados (UHNW, por su nombre en inglés), la influencia legal y política desproporcionada seguramente se deriva de ahí.
Un ejemplo reciente de influencia legal [36] es el reciente apoyo [37] de Elon Musk al Partido Republicano antes de las elecciones estadounidenses. Normalmente, los ejecutivos tecnológicos han evitado los anuncios partidistas. Sin embargo, Musk, el nuevo propietario de Twitter, usó su plataforma para abogar por un partido político concreto. Mucha gente admira al fundador de PayPal, con un patrimonio neto de algo menos de 200 000 millones de dólares [38], y lo más probable es que respete su opinión más que el promedio de los politólogos, analistas o expertos. Y así, figuras como Musk influyen en las opiniones del público en general sin necesidad de ser expertos en el campo en cuestión.
Pero el problema es más profundo. Las empresas multinacionales tienen una inmensa riqueza y, por tanto, poder. Las multinacionales pueden seleccionar los países con las mejores normativas y reglas para maximizar sus beneficios, socavando en última instancia la legislación local pertinente. Estas empresas suelen dirigir sus ingresos a sociedades constituidas en países con paraísos fiscales como Suiza, Luxemburgo, islas Caimán y Singapur, lo que genera billones de dólares estadounidenses libres de impuestos en lo que se conoce como «ingresos apátridas [39]«. Los beneficios se han disparado hasta el punto de superar [39] el PIB de la mayoría de los países del mundo. Esto plantea entonces la pregunta: ¿tienen los Estados alguna autoridad sobre los actores de las multinacionales?
En última instancia, la actitud de los legisladores hacia los particulares con grandes patrimonios y las multinacionales es muy diferente de la de los agentes estatales extranjeros. En otras palabras, a los primeros se les concede el beneficio de la duda y se supone que practican la moderación [40]. A los segundos se les vigila y regula [16] mediante sistemas de registro. Eso a pesar de la capacidad de las personas con grandes patrimonios y de las multinacionales para influir en la opinión pública, ejercer presión y representar prioridades sesgadas en las plataformas políticas. Solo se castiga a los peores: quienes optan por comprar su influencia por medios corruptos.
En Sudáfrica, es poco probable que esta legislación cambie para dar cabida a quienes están dispuestos a utilizar su riqueza para comprar influencia política. Un proyecto de ley [41] debe pasar por la Asamblea Nacional y por el Consejo Nacional de Provincias, proceso en el que el 90 % de los proyectos de ley [42] son presentados por el Ejecutivo. Esto hace que los cambios legislativos controvertidos sean poco probables.
Al igual que regulamos la influencia de Estados extranjeros, ¿deberíamos regular a actores individuales y organizativos con niveles extraordinarios de influencia en la política nacional? Quizá algún sistema de registro podría haber propiciado una intervención más temprana en el escándalo de la captura del Estado en Sudáfrica. ¿Es esto responsable y necesario para proteger la soberanía, o es una violación de la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y la libertad de tránsito? La respuesta está por ver, aunque ciertamente merece la pena debatirla a medida que el número de megarricos crece junto con su influencia.