Nueva reforma del Código Penal indonesio no solo amenaza las libertades sexuales

Manifestantes acampan ante el Parlamento indonesio protestan antes de la votación de la revisión del Código Penal. Imagen de YouTube.

El 6 de diciembre de 2022, el Parlamento indonesio aprobó por unanimidad una modificación de su Código Penal (RKUHP) que muchos activistas consideran draconiana y antidemocrática. Aunque las agencias extranjeras se han centrado sobre todo en una clausula que criminaliza el sexo fuera del matrimonio, hay muchos otros cambios en esta renovación del Código Penal que podrían perjudicar a los ciudadanos, asfixiar la libertad de expresión, erosionar la privacidad y minar la democracia en la región y en un ámbito más amplio.

Estos cambios forman parte de un proceso de décadas para revisar el Código Penal de la época colonial implementado por los holandeses, y se aprobaron pese a la amplia oposición y las protestas en el país.

Entre los cambios hay una disposición imprecisa que ilegaliza las críticas al presidente, la bandera o cualquier institución so pena de tres años de prisión. Muchos periodistas afirman que esta clausula tendrá un efecto inhibitorio sobre las libertades de prensa y expresión. Una coalición de grupos locales de periodistas, entre ellos la Alianza de Periodistas Independientes (AJI), protestó en todo el país los días previos a la votación y citó 19 disposiciones de la ley que amenazan la libertad de prensa

Llamado a la acción:

Amigos, hoy las delegaciones de AJI en varias ciudades han llevado a cabo una campaña simultanea para rechazar el Código Penal. A las 11:00 a.m. también se producirá acción en línea vía Zoom que podrá verse en el canal de YouTube de AJI Indonesia. Este es un hilo que publica las acciones de AJI en varias regiones.

LLAMADO A LA ACCIÓN
40 Municipios AJİ haces acciones en línea y fuera de línea de rechazo al Código Penal que aún mantiene varios artículos problemáticos.
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Los periodistas papúes piden rechazar la ratificación prevista del Código Penal. La acción se produjo en Taman Imbi Jayapura y en la oficina provincial papú del Consejo Representativo Popular el lunes 5 de diciembre de 2022.

Beh Lih Yi, coordinador de programas del Comité de Periodistas de Proyectos para Asia, publicó una declaración que pedía al presidente indonesio Joko Widodo (Jokowi) que anulara las revisiones.

President Joko Widodo and the Indonesian legislature must reverse course and revise the country’s new criminal code, which poses a severe threat to press freedom. This code marks a significant setback for Indonesia as the world’s third-largest democracy, and could cause members of the press to be jailed for simply reporting the news.

El presidente Joko Widodo y los legisladores indonesios deben revertir el curso y revisar el nuevo Código Penal del país, que supone una severa amenaza a la libertad de prensa. Este Código marca una significativa involución para Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo, y podría causar la encarcelación de miembros de la prensa simplemente por informar de las noticias.

La ley también ilegaliza expresar cualquier ideología que contradiga los valores indonesios (Pancasila), exige obtener un permiso para manifestarse, prohíbe la promoción de la contracepción a menores y prohíbe la desinformación de una manera poco precisa. Además, prohíbe el aborto excepto en caso de violación, y criminaliza la «magia negra» junto con el marxismo y el comunismo.

A pesar de las críticas y de la reacción pública, algunos ministros conservadores indonesios se sienten orgullosos de apoyar la ley. El subsecretario indonesio de Justicia, Edward Omar Sharif Hiariej, dijo a Reuters que «estamos orgullosos de tener un Código Penal en línea con los valores indonesios».

La reforma supone un considerable retroceso para la tercera mayor democracia del mundo, ya que replica políticas y leyes que han adoptado regímenes autoritarios de todo el mundo.

Criminalizar el sexo prematrimonial

Aunque el nuevo Código Penal está plagado de amenazas a la democracia, uno de los cambios más controvertidos es la criminalización del sexo fuera del matrimonio, dentro de la clausula de moralidad de la ley. Tras una tormenta de críticas, las autoridades aclararon que solo los familiares más cercanos —como padres, hermanos o cónyuges— pueden denunciar una vulneración de la clausula de moralidad. Los culpables de estas infracciones pueden ser condenados a penas de hasta un año de prisión.

Los activistas afirman que la ley es especialmente peligrosa con las personas LGBTQ+, ya que quedan a merced de familiares que podrían apoyar o no su orientación o identidad sexual.

Aunque es demasiado pronto para asegurar cómo se materializa sobre el terreno, según Human Rights Watch (HRW) las leyes de este tipo pueden conducir a extorsión, chantaje, denuncias por venganza, etc.

Aunque en un principio las autoridades enfatizaron que la ley se aplicaría igualmente a locales y extranjeros, posteriormente rectificaron su discurso y aseguraron que los turistas no tienen ningún motivo de preocupación a causa de esta ley, lo que parece indicar que podría haber un doble rasero según la ciudadanía de las personas: una regla para los nacionales, otra para los extranjeros.

Un informe de HRW sobre la clausula de moralidad afirma que:

Indonesia has millions of couples without marriage certificates who will be theoretically breaking the law, especially among Indigenous peoples or Muslims in rural areas who married only using Islamic ceremonies, called kawin siri. While the crimes of sex or cohabitation outside marriage can only be prosecuted on the complaint of the husband, wife, parents, or children of the accused, it will disproportionately impact women and LGBT people who are more likely to be reported by husbands for adultery or by families for relationships they disapprove of.

En Indonesia hay millones de parejas sin certificado de matrimonio que en teoría, estarían infringiendo la ley, sobre todo entre los pueblos indígenas o los musulmanes de zonas rurales que se casan únicamente por ritos musulmanes llamados kawin siri. Aunque los delitos de sexo o cohabitación fuera del matrimonio solo pueden enjuiciarse tras la denuncia de un cónyuge, padres o hijos del acusado, impactaría de forma desproporcionada en mujeres y personas LGBT, más expuestas a ser denunciadas por adulterio por sus esposos o por familiares que desaprueban su relación.

Contraofensiva de la sociedad civil

Activistas y grupos de derechos humanos llevan meses luchando contra las nuevas regulaciones con poco éxito. HRW publicó un informe en el que critica la ley, que define como «desastrosa para los derechos», y advierte que «viola seriamente patrones y leyes internacionales de derechos humanos». Andreas Harsono, experto investigador de HRW para Indonesia, dice:

Indonesia’s new criminal code contains oppressive and vague provisions that open the door to invasions of privacy and selective enforcement that will enable the police to extort bribes, lawmakers to harass political opponents, and officials to jail ordinary bloggers. In one fell swoop, Indonesia’s human rights situation has taken a drastic turn for the worse, with potentially millions of people in Indonesia subject to criminal prosecution under this deeply flawed law.

El nuevo Código Penal de Indonesia contiene clausulas imprecisas y opresivas que abren la puerta a invasiones de la privacidad y a una aplicación selectiva que permitirá que la Policía perpetre la extorsión, que los legisladores acosen a sus oponentes políticos y que las autoridades encarcelen a blogueros normales. La situación de los derechos humanos en Indonesia ha caído en picado, con millones de personas potencialmente sujetas a procesamiento penal bajo esta ley profundamente defectuosa.

En 2019, las autoridades intentaron aprobar las mismas modificaciones del Código Penal, pero las protestas en todo el país obligaron a suspender las deliberaciones. En la foto, la Policía intenta dispersar a una masa de manifestantes con cañones de agua. Captura de YouTube

La ley lleva cerca de diez años en un limbo, debate tras debate. Las autoridades han intentado aprobarla en épocas tan recientes como 2019. No obstante, a causa de las protestas y la oposición en todo el país, las autoridades se vieron obligadas a posponerla y mitigar algunas de sus clausulas más extremas. Los críticos afirman que las autoridades han aprendido de sus errores y han acelerado el proceso de ratificación en este reciente intento a pesar de su impopularidad.

Grupos de activistas y sociedad civil protestaron en Yakarta ante el Parlamento durante los días previos a la votación de la modificación del Código Penal. Imagen de YouTube.

Además de los activistas, el sector empresarial también se opone a la ley, que para muchos podría afectar negativamente a la inversión y al turismo en el archipiélago. El ministro indonesio de Finanzas esperaba atraer un mínimo de 89 600 millones de dólares en inversión extranjera en 2023, cifra que podría ser difícil de alcanzar a causa de la reacción global ante las modificaciones del Código Penal.

«Para el sector empresarial, la implementación de esta ley consuetudinaria creará incertidumbre legal y hará que los inversionistas reconsideren si invierten o no en Indonesia», dijo a Straits Times Shinta Widjaja Sukamdani, vicepresidenta de la Asociación de Empleadores de Indonesia.

El ministro indonesio de Justicia y Derechos Humanos rechazó este malestar, afirmó en una declaración que «los inversionistas y turistas extranjeros no deben tener miedo de invertir y viajar a Indonesia, porque la privacidad de la gente sigue garantizada por la ley».

Algunos analistas sospechan que el Gobierno no estaba preparado para la cantidad de reacciones y atención internacional que han provocado las reformas. Desde que se ratificó el nuevo Código, las autoridades no han dejado de retractarse, intentando asegurar a turistas e inversionistas que Indonesia seguirá siendo un país acogedor para los extranjeros.

El sector turístico está particularmente preocupado con la ley, sobre todo después de que se produjo una oleada de noticias internacionales que advertía a los turistas de que sus devaneos fuera del matrimonio podrían llevarlos a la cárcel. Maulana Yusran, subdirector de la Junta de Turismo de Indonesia, describió las nuevas reglas como «totalmente antiproductivas», y el gobernador de Bali, Wayan Koster, se apresuró a asegurar que la nueva ley no se aplicaría en la isla de los Dioses.

«Según las clausulas del nuevo Código Penal indonesio, las personas que visiten o vivan en Bali no tienen de qué preocuparse». El gobernador afirma que «no habrá controles de situaciones maritales en alojamientos turísticos como hoteles, villas, casas de huéspedes o balnearios, ni inspecciones policiales o de grupos comunitarios». Koster añadió:

Bali is [business] as usual — comfortable and safe to visit. We look forward to welcoming visitors with our Balinese hospitality and advise all parties not to deliver misleading statements regarding the Indonesian criminal code that might disrupt Bali tourism.

Bali funciona como siempre, cómodo y seguro de visitar. Estamos deseando dar la bienvenida a los visitantes con nuestra hospitalidad balinesa, y aconsejamos a todas las partes que no difundan afirmaciones engañosas sobre el Código Penal indonesio que pudieran perturbar el turismo de Bali.

Consecuencias nacionales e internacionales

La ley ha provocado inquietud y críticas dentro y fuera del país. El 8 de diciembre, Naciones Unidas publicó una declaración en la que expresa su preocupación:

The UN is concerned that several articles in the revised Criminal Code contravene Indonesia's international legal obligations with respect to human rights. Some articles have the potential to criminalise journalistic work… Others would discriminate against, or have a discriminatory impact on, women, girls, boys and sexual minorities.

A Naciones Unidas le preocupa que varios artículos del Código Penal revisado infringen las obligaciones legales internacionales de Indonesia respecto a los derechos humanos. Algunos artículos tienen el potencial de criminalizar el trabajo periodístico (…). Otros discriminarían o tendrían un impacto discriminatorio en mujeres, niñas, niños y minorías sexuales.

La declaración de Naciones Unidas provocó una reprimenda de las autoridades indonesias, que la consideran una injerencia, según informó Reuters.

Teuku Faizasyah, portavoz del ministerio del Exterior, dijo que «deberían haber consultado, como cualquier otro representante internacional. Esperamos que no se apresuren a expresar opiniones cuando no hay suficiente información».

Los críticos regionales también entraron en la polémica. La agencia de noticias Prachatai, radicada en Bangkok y socia de Global Voices, publicó una viñeta en la que critica el nuevo Código Penal.

Viñeta de Prachatai, socio de Global Voices. Utilizada por un acuerdo de contenido compartido.
[El personaje de negro dice : «¿Hay trabajo para una policía iraní de la moralidad desempleada?
En el ataúd: Libertades civiles – Libertades políticas – Derechos LGBT]

Las revisiones llegan solo días después de que el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)de Suecia publicó un informe en el que advierte que Asia está sufriendo una crisis democrática. El informe concluye que «la democracia está en recesión en Asia y el Pacífico, al tiempo que se afianza el autoritarismo».

La reforma es un claro cambio de las reformas liberales aprobadas en Indonesia tras la caída del dictador Suharto en 1998, y podría marcar un giro más permanente hacia el conservadurismo en el país.

Los cambios no entrarán en vigor oficialmente hasta dentro de tres años. No obstante, hasta entonces los activistas dicen que seguirán luchando, y urgen a las autoridades de la Unión Europea, así como a inversionistas y empresarios, a rechazar el nuevo Código Penal.

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