Obra de Mariam A., usada con autorización.
La Copa del Mundo en Qatar ha destacado una vez más las realidades de los trabajadores migrantes; han surgido historias de muertes, lesiones y condiciones laborales peligrosas de quienes construyeron la infraestructura para el evento.
The Guardian [1] fija en 6500 el número de muertes de trabajadores migrantes en los últimos diez años desde que se anunció la sede de la Copa del Mundo. Este informe llama la atención sobre cuestiones importantes relacionadas con la explotación de trabajadores migrantes por parte de empleadores públicos y privados por igual.
Sin embargo, el enfoque en los trabajadores de la construcción ha vuelto invisible en la memoria pública a otro grupo importante: los trabajadores domésticos migrantes. Las trabajadoras del sur y sudeste de Asia y África constituyen casi el 17 % [2] de los 41,4 millones de migrantes en los países del Golfo, en su mayoría encuentra trabajo en el sector del trabajo doméstico. Solo Qatar cuenta con 1.8 millones de estos trabajadores.
El Día Internacional del Migrante [3] es un momento oportuno para pedir el desmantelamiento de los problemas estructurales que subyacen a la explotación de los trabajadores y destacar las vías para restaurar su agencia.
El sistema Kafala [4] es el régimen de inmigración subyacente a las condiciones de trabajo forzado, que regula los contratos de trabajo de los inmigrantes en la mayoría de los países del Golfo, con excepción de Irak. El sistema vincula el empleo y la condición migratoria de los trabajadores y la libertad de movimiento a los empleadores, lo que propaga el trabajo forzoso y socava la acción de los trabajadores.
La Kafala es un excelente ejemplo de regímenes de visas restrictivos y explotadores que también rigen el empleo temporal o vinculado en otros contextos, lo que lleva a situaciones similares a la trata de migrantes [5].
La Alianza Global contra la Trata de Mujeres [6] (GAATW, por sus siglas en inglés) señala formas de abuso y condiciones de trabajo forzoso que permiten los regímenes restrictivos de visas en países como Estados Unidos [7], por ejemplo.
Bajo el sistema de kafala, los trabajadores pueden ser deportados si dejan sus trabajos sin el permiso escrito de sus empleadores. Los trabajadores también siguen dependiendo completamente de los empleadores para renovar sus visas, lo que elimina efectivamente su derecho a determinar dónde viven o trabajan. Esto significa que los trabajadores tienen muy poca acción para encontrar alternativas a salarios o condiciones de trabajo deficientes. Además de eso, los trabajadores están expuestos [8] a frecuentes robos de salarios, falta de pago de salarios y exceso de trabajo sin vacaciones semanales ni descansos regulares a lo largo del día.
En muchos casos, los empleadores confiscan documentos de identidad, como pasaportes, al ingresar e incluso restringen el acceso a los teléfonos móviles y limitan el contacto con las familias, lo que restringe gravemente la independencia de los trabajadores. Los trabajadores domésticos son especialmente vulnerables por la naturaleza de su trabajo, que se lleva a cabo dentro de los hogares de los empleadores.
Dada la cultura de impunidad que rodea tal abuso y la persecución criminal de los trabajadores que «se fugan» de las casas de sus empleadores, los empleadores casi no tienen responsabilidad.
Un innovador estudio [9] realizado por Egna Legna, organización de trabajadores migrantes con sede en el Líbano, encontró que el 68 % de los trabajadores en su muestra de casi mil trabajadores domésticos migrantes en el país han enfrentado al menos una experiencia de acoso sexual. Los perpetradores eran en su mayoría empleadores (70 % de los casos denunciados), así como amigos y familiares de los empleadores (40 %).
A los trabajadores se les negó el acceso a la justicia, incluso los pocos trabajadores en el estudio que se acercaron a las fuerzas del orden público fueron despedidos o se les pidió que fueran cautelosos o incluso que huyeran. El abuso desenfrenado con poco apoyo de las autoridades locales, además del aislamiento de las familias, tiene un impacto severo en la salud mental de los trabajadores: varios de los encuestados en el estudio habían pensado en autolesionarse o suicidarse.
Otra realidad sorprendente es la fetichización y el abuso de los trabajadores migrantes negros. Los trabajadores originarios de la región africana informan [10] que experimentan diversas formas de violencia física, verbal y sexual de manera más constante que los trabajadores de otros países.
Los regímenes de inmigración de los países de origen también desempeñan un papel en el aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores. Etiopía, por ejemplo, ha prohibido [11] el envío de trabajadores domésticos a los países del Golfo, aunque los agentes continúan reclutándolos y ubicándolos de forma ilegal. Los trabajadores se ven obligados a ingresar a los países del Golfo a través de visas de visitante y se quedan más tiempo del que tienen, lo que los expone a una mayor explotación por parte de agentes, empleadores y autoridades locales.
La GAATW señala [12] que las políticas que restringen el movimiento de las mujeres como justificación para reducir la trata empujan a los trabajadores hacia rutas ilegales de migración. Para las mujeres migrantes, la migración puede ofrecer independencia [13], ya que sus opciones de subsistencia en sus países de origen pueden verse limitadas por las normas de género y otros factores. Necesitamos sistemas que protejan los derechos de los trabajadores más que sistemas que apunten a detener la migración por completo.
Catar se convirtió en uno de los primeros países en reformar [14] el sistema de kafala en 2020, con el objetivo de reducir el control absoluto que tienen los empleadores sobre la condición legal de los trabajadores migrantes en el país. Los trabajadores en Catar ya no están obligados a recibir certificados de no objeción de sus empleadores antes de cambiar de trabajo antes de la finalización de su contrato, como sigue siendo el caso en otros países.
Las reformas también establecieron un salario mínimo más alto para todos los trabajadores, lo que convierte a Catar en el segundo [14] país del Golfo después de Kuwait en tener una regulación del salario mínimo. El país también aprobó una ley de trabajadores domésticos en 2017, con disposiciones sobre contratos de trabajo, horas de trabajo y pensión.
Sin embargo, como señala [15] la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, implementar estas leyes y reformas sigue siendo bastante deficiente: más de la mitad de las solicitudes para cambiar de empleo siguen siendo rechazadas. El sindicato ha realizado llamados al Gobierno de Catar para que trabaje con grupos de trabajadores migrantes para implementar reformas.
La organización de los trabajadores es una de las rutas principales para romper estos ciclos de aislamiento y abuso. Los sindicatos y colectivos informales de trabajadores han logrado afianzarse a pesar de que el sistema kafala niega la libertad de asociación. Los sindicatos siguen sin poder registrarse y obtener derechos de negociación colectiva a pesar de crear conciencia entre los trabajadores y ofrecer servicios esenciales como representación legal y respuesta a crisis. En la mayoría de los países del CCG y varias jurisdicciones a nivel mundial, los trabajadores domésticos están explícitamente excluidos [16] de la legislación laboral y las protecciones sociales.
Hay caminos claros para restaurar la acción y la dignidad de los trabajadores.
Primero, la reforma y la abolición del sistema kafala son necesarias para desvincular la condición migratoria de la condición laboral. Los trabajadores domésticos deben incluirse en los marcos de la legislación laboral nacional con protecciones adecuadas para el salario mínimo, las horas y condiciones de trabajo y la protección social.
Los trabajadores domésticos también deben incluirse en la legislación nacional sobre acoso sexual, como la ley 205 en el Líbano, que se aprobó recientemente para proteger a los trabajadores contra la violencia en el lugar de trabajo, pero no da garantías laborales adicionales para garantizar la protección de los trabajadores domésticos.
Una segunda vertiente de la reforma debe centrarse en las leyes sobre inmigración en los países de origen, incluido el levantamiento de las prohibiciones discriminatorias [17] sobre la migración, los programas de reintegración para los trabajadores que regresan y la firma de acuerdos bilaterales para proteger los derechos de los trabajadores.
Otras demandas procesables incluyen el apoyo a los trabajadores que enfrentan abusos a través de las embajadas locales de los países de origen, y el acceso a la justicia a través de funcionarios policiales y de derecho laboral capacitados.
Es vital ratificar los estándares globales en torno a la migración. incluyendo el Protocolo de 2014 al Convenio sobre Trabajo Forzoso de 1930 [18], y los Convenios 189 sobre Trabajadores Domésticos [19] y 190 sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso [20].
Sobre todo, estas reformas exigen un cambio de los regímenes de inmigración que tienen como objetivo penalizar a los trabajadores que huyen de condiciones económicas devastadoras hacia sistemas que promuevan rutas migratorias seguras y restablezcan la acción de los trabajadores.