Ilustración de Gibrán Aquino (CC BY 4.0 International). Se publicó por primera vez en La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), México.

En septiembre de 2022, Szabolcs Panyi, periodista investigador de Hungría para Direkt36, publicó un reportaje sobre cómo el programa Pegasus había llegado a Hungría. En el reportaje se demuestra cómo el Gobierno puede abusar de las tecnologías de vigilancia sin tener en consideración los derechos humanos.

Panyi, que también es blanco del programa, explicó cómo se introdujo en Hungría y el papel del Servicio de Seguridad Nacional (NSS) en el proceso. En 2021, Direckt36 reveló que periodistas y figuras políticas en Hungría podrían haber sido espiadas con esta herramienta.

Según Direkt36, en 2017, el Servicio de Seguridad Nacional contrató a Communication Technologies Ltd. para comprar el programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Según algunas fuentes que sabían sobre la transacción, el programa se compró por 3000 millones de forintos húngaros (aproximadamente 7,45 millones de euros). Asimismo, en la investigación se descubrió que toda la transacción se mantuvo en secreto porque, en octubre de 2017, el Comité de Seguridad Nacional del Parlamento votó de manera unánime y sin discusión a favor de eximir la compra del programa espía de la contratación pública.

Péter Neuman, antiguo dueño y director ejecutivo de Communication Technologies Ltd., que además de su trabajo en filosofía de la ciencia y estudios en inteligencia artificial, era estudiante de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2013 y tenía muchos enlaces con los miembros principales de los gobiernos anteriores al 2010 y a Fidesz. Después de 2010, su nombre se dio a conocer más fue asesor de organizaciones de medios de comunicación vinculadas a la Congregación Judía Húngara Unificada (EMIH), encabezada por el rabino Slomo Köves. Tiempo después, se convirtió en director ejecutivo de Telegraph, propietaria del diario 168 Hour y vinculada con la EMIH.

En los meses siguientes a la aprobación de la compra del programa Pegasus por el Comité de Seguridad Nacional, otra persona se involucró en Communication Technologies. Se trataba de László Hetényi, que tiene experiencia en asuntos internos y trabajó como representante exclusivo de The Economist y el Wall Street Journal en Hungría. Primero había adquirido el 10 % y luego 33 % de las acciones de la compañía.

En 2019, otro propietario se unió al equipo, László Tasnádi, exsecretario de Estado para cumplimiento de la ley y persona de confianza de Sándor Pintér, ministro del Interior, que inició su carrera antes del cambio de régimen. Antes de 1989, Tasnádi trabajó en el Departamento Antiterrorista para el Servicio de Inteligencia antes de pasar a la Jefatura de Policía de Budapest.

Direkt36 extrajo de los registros de la empresa que en 2018 los ingresos de Communication Technologies Ltd., que también comercia con tecnologías cibernéticas, habían aumentado de 150 millones de forintos (aproximadamente 373 000 euros) a 3,5 mil millones (unos 8,7 millones de euros) tras la adquisición de Pegasus.

El Servicio de Seguridad Nacional obtuvo una cuota para 50 dispositivos gracias a la compañía, pero luego esta cantidad tuvo que incrementarse debido al aumento de interés del programa Pegasus entre los servicios de inteligencia de Hungría. Según las fuentes entrevistadas por Direckt36, el Servicio de Seguridad Nacional utilizó el programa en operaciones de todos los servicios civiles de seguridad nacional, pero no en el Servicio Militar de Seguridad Nacional.

En declaraciones a Direkt36, exoficial de inteligencia afirmó que después de que se destapara el caso Pegasus, el programa espía seguía utilizándose en Hungría. Los colegas de esta persona, que seguían activos, le dijeron que se había suspendido el uso del programa por un tiempo, pero que luego se había reactivado para tareas de vigilancia en cubierto.

Básicamente, en Hungría, el servicio de inteligencia tiene amplios poderes de recopilación de datos con pocas restricciones y no existe ningún organismo independiente que controle sus actividades. El caso más reciente de Pegasus demuestra que no es un problema teórico: los teléfonos de los ciudadanos húngaros fueron hackeados sin que se conociera ningún motivo de seguridad nacional.

No se trata de un problema exclusivo de Hungría, sino de un problema mundial en países donde Pegasus se ha utilizado para espiar a quienes expresan su disidencia. Así que urge regular el comercio de tecnologías de vigilancia y que incluyan la debida protección en materia de derechos humanos.

Organizaciones como Privacy International llevan desde 1995 informando sobre los peligros para los derechos humanos asociados al comercio y uso no regulado de programas espías. En 2019, David Kaye, ex relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, expresó que es necesario que haya “una moratoria inmediata sobre la venta y transferencia global de tecnología privada de vigilancia”. Asimismo, afirmó que “la vigilancia ilegal persiste sin restricción alguna”. A pesar de esto, países como Hungría siguen utilizando el programa sin consecuencias.

El escándalo de Pegasus nos muestra cómo los Gobiernos antidemocráticos en todo el mundo usan la tecnología para seguir y silenciar a activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes. NSO Group, programador de Pegasus, afirma que tiene procedimientos que le permitiría abordar casos en los que el programa se use con defensores de derechos humanos. Cuando Human Rights Watch preguntó cómo respondía la empresa a tales afirmaciones, esta se remitió a su Política de Denuncias y a su Informe de Transparencia. Este último contiene información sobre el enfoque de la empresa en materia de derechos humanos. Con ayuda de un sistema de puntuación, describe cómo evalúa el estado de los derechos humanos en un país antes de iniciar negociaciones. Direkt36 informa que “Bélgica obtuvo 80, España, 75, Polonia y Hungría, 64 y 65, y Arabia Saudita, alrededor de 30”. El jefe de cumplimiento de NSO declaró que la empresa no trabaja con países que tengan un puntaje menor a 20.

Tras las revelaciones de Pegasus, los Gobiernos tomaron algunas medidas para presionar a la empresa. NSO Group fue incluida en la lista de restricciones comerciales del Departamento de Comercio de Estados Unidos por “haber actuado en contra de la política exterior y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”. Grupos de derechos humanos pidieron a la Unión Europea que agregara a NSO Group a la lista global de sanciones contra los derechos humanos. Muchas organizaciones de control y expertos independientes instaron a los Estados a que “aplicaran una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia” hasta que se implementaran garantías de derechos humanos. Desde entonces no se ha tomado ninguna medida significativa.

La reciente investigación de Panyi demuestra lo opaca que es la industria internacional de vigilancia comercial, lo que dificulta en gran medida que las empresas y gobiernos se responsabilicen por el abuso a los derechos humanos. Es por esto que se requieren sanciones dirigidas a la industria y una mayor protección de los derechos humanos para poner fin de una vez por todas a las violaciones de derechos humanos. Por desgracia, la declaración de Privacy International de 1995 sigue en pie: “Las tecnologías de vigilancia se han convertido en tecnologías de control político”.

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