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Turquía ha tenido un año difícil política, social y financieramente. El gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) se ha dedicado a luchar dentro y fuera del país y ha llevado al país a una crisis financiera. Según algunas cuentas no oficiales, la inflación ha alcanzado el 170 %, y el aumento anual de los precios llegaba al 86 % hacia fines de diciembre de 2022, lo que hace que las proyecciones de futuro parezcan sombrías para el país, de unos 80 millones de habitantes. Pero no es solo el panorama político interno o la economía lo que pasa dificultades.

La represión de los profesionales de los medios y un entorno mediático cada vez más restrictivo fue otro de los aspectos más sombríos de 2022. En lo que los críticos han descrito como un impulso a la censura sistemática y una amenaza a la libertad de expresión, con consecuencias desastrosas antes de las elecciones turcas de junio de 2023, en octubre los legisladores turcos aprobaron una ley sobre desinformación. El 15 de diciembre, Sinan Aygül se convirtió en el primer periodista procesado en virtud de la nueva ley.

Según la plataforma cívica local Asociación de Estudios de Derecho y Medios hay al menos 66 periodistas y empleados de medios encarcelados en Turquía. El ejemplo más reciente es el del periodista financiero Mustafa Sönmez, acusado de insultar al jefe del Estado por un tuit que el periodista publicó sobre la (mala) gestión económica y monetaria del Gobierno. Según el artículo 299 del Código Penal turco, es ilegal insultar al presidente. El acusado puede ser condenado a cuatro años de cárcel. Estudiantes, artistas, periodistas, abogados y ciudadanos comunes y corrientes han sido procesados o enfrentado a juicios por insultar al presidente.

El partido gobernando sigue librando una guerra contra las artes y la cultura. El ejemplo más reciente es una película turca, «Días ardientes» [Kurak Gunler], que ha recibido elogios en todo el mundo desde su estreno. La película fue censurada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía; alegó que la película había cambiado su guion tras obtener financiación del ministerio. Los creadores de la película refutaron estas afirmaciones. La trama de la película «condena sutilmente la crueldad contra los grupos minoritarios, desde las personas con orientaciones sexuales diferentes hasta las minorías étnicas, las mujeres, los animales y el ambiente. Usa un pueblo empobrecido de la campiña de Anatolia como alegoría de Turquía», escribió el periodista independiente y académico Kenan Behzat Sharpe.

En 2022, las autoridades locales también cancelaron una serie de eventos musicales, intentaron censurar Spotify y prohibieron un video musical sobre el amor entre dos hombres. Al menos un cantante fue detenido, y las noticias sobre músicos que recibieron palizas de desconocidos siguieron apareciendo en los medios. En un caso, el músico Onur Şener murió a consecuencia de la violencia.

El sistema judicial también suscitó la ira pública. Mientras los autores de delitos como abusos a menores y pederastia, los partidarios del odio y la violencia y los culpables de la muerte de un universitario quedaban impunes, los tribunales se apresuraban a dictar sentencias a diestra y siniestra para encarcelar o amonestar a periodistas, lanzar acusaciones contra alcaldes y condenar a cadena perpetua a un destacado filántropo por cargos falsos. Recientemente, la documentalista Sibel Tekin fue detenida por filmar un auto policial y la acusaron de pertenecer a una organización terrorista. Tekin estaba trabajando en un nuevo proyecto sobre el horario de verano, según informan los medios locales.

Sin embargo, no se tomaron medidas contra los policías que golpearon, usaron gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes que salieron a la calle por diversas causas, como la marcha nocturna anual organizada por mujeres, la marcha del orgullo y una manifestación que pedía el fin de la violencia contra la mujer, por nombrar algunas.

Turquía también se vio sacudida por la noticia de una explosión mortal en la concurrida calle peatonal Istiklal de Estambul, en la que murieron seis personas y más de 80 resultaron heridas. Poco después de la explosión, se cortó el acceso a internet en todo el país y las autoridades acusaron a militantes kurdos, concretamente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a las Unidades de Protección del Pueblo Sirio (YPG), de orquestar el atentado. Poco después, Turquía lanzó su mayor campaña aérea hasta la fecha, la operación «Garra-Espada», contra grupos kurdos sirios.

Ambos grupos acusados negaron toda responsabilidad en el bombardeo. En una entrevista con Al-Monitor, Mazlum Kobane (también conocido como Mazloum Abdi), comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) respaldadas por Estados Unidos, dijo que sus investigaciones apuntaban a «grupos opositores sirios que operan bajo el control de Turquía» como culpables y posibles vínculos con el Estado Islámico. En un comunicado emitido por el opositor Partido Democrático del Pueblo (HDP), al que el Estado acusa de colaborar con el PKK y enfrenta un posible cierre, el portavoz del partido insinuó que el Gobierno estaba usando el bombardeo como «pretexto para legitimar y profundizar su agresión contra los kurdos en Siria», y para impulsar la imagen del partido gobernante antes de las elecciones generales de 2023.

A lo largo de 2022, los médicos turcos se declararon en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo y protección frente a la violencia. Una declaración emitida por la Asociación Médica Turca el 14 de marzo, afirmaba: «En este momento, está claro para todos que el sistema de salud está detenido. La salud de la sociedad se deteriora día a día y el acceso a la atención de salud es cada vez más difícil».

El Estado fue criticó duramente a la asociación, y la acusó de difundir propaganda. El 16 de octubre, el doctor Sebnem Korur Fincanci, presidente del Comité Central de la Asociación Médica Turca, fue detenido bajo falsas acusaciones de «difundir propaganda terrorista» tras pedir una investigación completa sobre el posible uso de armas químicas contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) armado en la región iraquí del Kurdistán por parte del Ejército turco.

El video en el que el empleado de un refugio de animales de la provincia turca de Konya mata a un perro callejero puso de manifiesto otros agravios que afectan a todo el país, como el trato que reciben las mujeres, la comunidad LGBTQ+ y otros grupos minoritarios, y lo polarizada que está la sociedad turca.

Muchos inundaron Twitter e Instagram con mensajes sobre cómo enfrentar la realidad de sentirse menos seguros, criar a los hijos en un entorno de miedo y darse cuenta una vez más de que tus derechos como ciudadano penden de un hilo sin ninguna garantía de protección.

El país sale de un año sombrío, y hay pocas esperanzas para el año que viene. Los jóvenes del país están especialmente descontentos con la situación. En un reciente estudio de investigación publicado por la organización no gubernamental SOMDER sobre las percepciones de los jóvenes acerca de la ciudadanía activa y la política, el 96,3 % de los participantes afirmó que la gente en Turquía no estaba contenta, y el 27,8 % dijo que cambiaría su país a la pregunta: «¿Qué es lo primero que te gustaría cambiar en tu vida si tuvieras la oportunidad de cambiar?».

Según una encuesta de 2020, la mitad de los jóvenes turcos son infelices, y citan las dificultades económicas como causa principal. Más del 70 % de los encuestados dijeron que «definitivamente se mudarían al extranjero temporalmente», mientras que más del 60 % dijeron que se mudarían permanentemente.

Turquía lucha contra la fuga de cerebros por circunstancias sociales, políticas y económicas.

Y el partido gobernante no ayuda. El 1 de junio, un día después del noveno aniversario de las famosas protestas del parque Gezi de Estambul, el presidente Recep Tayyip Erdoğan arremetió contra quienes asistieron a las protestas de Gezi  y los llamó «vagabundos». En su discurso, Erdoğan también calificó a los manifestantes de «corruptos» y de «perras», y añadió: «Sabemos quiénes estaban detrás de los sucesos de Gezi, en los que se quemaron edificios públicos, vehículos policiales, ambulancias, comercios, autos de civiles, autobuses municipales, calles y parques». El presidente se aferró a la retórica estatal de que Gezi no fue más que un periodo de «traición, vergüenza y vandalismo» en la historia del país.

A meses de las elecciones generales de junio de 2023, está por verse si el país y su población verán cambios y días mejores.