Pekín autoriza jefe ejecutivo de Hong Kong a dirigir los tribunales locales en juicios relacionados con la seguridad nacional

Imágenes para la prensa de la oficina del Gobierno de Hong Kong. vía HKFP

El 30 de diciembre de 2022, el máximo órgano legislativo chino, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, emitió una serie de interpretaciones sobre la ley de seguridad nacional de Hong Kong y concedió al jefe ejecutivo y al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional amplios poderes para dirigir los procedimientos judiciales sobre delitos relacionados con la seguridad nacional.

Jimmy Lai, acusado de colusión extranjera

En noviembre de 2022, el Gobierno de Hong Kong solicitó a Pekín ayuda para la «interpretación» de la ley de seguridad nacional, tras un intento fallido de impedir que el abogado británico Tim Owen defendiera al magnate de los medios y activista prodemocrático Jimmy Lai, acusado de colusión extranjera. El máximo tribunal de la ciudad desestimó la afirmación del Gobierno de que la presencia de abogados extranjeros frustraría el objetivo de la ley de seguridad nacional, a saber, impedir la injerencia extranjera.

El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional agregó la ley de seguridad nacional a la Ley Básica de Hong Kong el 30 de junio de 2020 como una herramienta legal para reprimir a los disidentes políticos después de las protestas contra la extradición de China de 2019, que se definió como un movimiento independentista a favor de Hong Kong. La ley de seguridad nacional define cuatro tipos de actos delictivos (secesión, subversión, terrorismo y colusión con una potencia extranjera) en términos imprecisos que pueden criminalizar una amplia gama de discursos y actos de protesta, y se ha usado para cerrar el periódico prodemocrático Apple Daily y detener a 47 activistas que participaron en las elecciones primarias al Consejo Legislativo entre los prodemocráticos.

En un principio, el Gobierno de Hong Kong pidió a Pekín aclarar la ley de seguridad nacional y afirmar que la legislación y la práctica locales vigentes, que permiten el nombramiento de abogados extranjeros en juicios de seguridad nacional, eran incompatibles con la ley, de modo que la administración pudiera anular la decisión del tribunal local, según el artículo 62 de la ley de seguridad nacional.

Sin embargo, Pekín no impuso una prohibición estricta de que los abogados extranjeros intervinieran en casos de seguridad nacional. En cambio, adoptó un enfoque radical al otorgar al jefe ejecutivo y al Comité Permanente la facultad de intervenir en mayor medida en los procedimientos judiciales sobre delitos que pongan en peligro la seguridad nacional o le supongan un riesgo.

Intervención en casos de seguridad nacional

En primer lugar, la Asamblea Popular Nacional de China restableció la necesidad de que los tribunales locales obtuvieran certificados o directrices del jefe ejecutivo cuando tramiten casos de seguridad nacional, según el artículo 47 de la ley de seguridad nacional. La participación de abogados extranjeros en juicios relacionados con la seguridad nacional entra dentro de este ámbito y, por tanto, debe obtener la aprobación del jefe ejecutivo.

El Comité Permanente también especificó que si los tribunales tomaban decisiones sin obtener directrices del jefe ejecutivo, el Comité Permanente podía intervenir para hacer una evaluación y tomar una decisión, según el artículo 14 de la ley de seguridad nacional. Esto significa que tiene potestad para anular la decisión judicial, y sus acciones no pueden ser impugnadas con una revisión judicial.

La interpretación más alarmante, según destacan los expertos jurídicos de NPC Observer, es que el Comité Permanente amplió las funciones del Comité para incluir la autoridad de emitir juicios y tomar decisiones sobre si un asunto afecta a la seguridad nacional, y añadió que estas decisiones «tienen efectos jurídicos ejecutables». Todas las demás entidades públicas y privadas están obligadas a respetarlas y aplicarlas en consecuencia.

Samuel Bickett, antiguo abogado de derechos humanos en Hong Kong, señaló que, tras la interpretación del Comité Permanente, los acusados de juicios por motivos de seguridad nacional se ven privados de sus derechos legales básicos, ya que el jefe ejecutivo «ostenta ampliamente el poder sobre los abogados de ambas partes, el juez y el jurado».

El caricaturista político Wong Sir presenta el poder del jefe ejecutivo con su dibujo:

El máximo órgano legislativo del país ha aprobado una interpretación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong, aclara que los tribunales necesitan la aprobación del jefe ejecutivo, o del Comité Permanente, para permitir que abogados extranjeros participen aquí en casos de seguridad nacional.

El hecho de que el Comité Permanente tenga potestad para definir si algo afecta a la seguridad nacional con un «efecto jurídico ejecutorio» que no puede ser impugnado judicialmente ha puesto a la autoridad de seguridad nacional por encima de los sistemas jurídicos y judiciales locales. Eric Lai, activista y estudioso de los derechos humanos, describe la posición del Comité Permanente como el comité político-jurídico del Partido Comunista Chino en China continental:

China faculta a un dirigente de Hong Kong a prohibir el acceso a abogados extranjeros en casos de seguridad nacional.
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Mi opinión sobre el informe de Reuters sobre la interpretación de la ley de seguridad nacional de Pekín: crea un comité político-jurídico de facto para Hong Kong, ya que la independencia judicial se desvanece cuando las autoridades ejecutivas pueden anular una decisión judicial sin ser cuestionadas por una revisión judicial.

El Comité Político-Jurídico, controlado por el Partido Comunista Chino, supervisa a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas policiales y judiciales de todas las administraciones locales de China continental. Su objetivo es consolidar el liderazgo absoluto del Partido en los asuntos políticos y jurídicos del país.

Con el liderazgo del jefe ejecutivo, la mayoría de los miembros del Comité Permanente proceden de las fuerzas del orden de la ciudad. Su principal asesor actual es el director de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central en Hong Kong, Luo Huining, nombrado directamente por el Consejo de Estado chino.

El efecto inmediato de la interpretación de Pekín es que Jimmy Lai perdería su derecho a contratar a un abogado del extranjero para defenderse de los cargos de colusión extranjera, lo que podría acarrearle una pena máxima de cadena perpetua:

La ley de seguridad nacional: Hong Kong aprobará «en meses» una reforma legislativa para prohibir a un abogado británico participar en el juicio de Jimmy Lai, tras la sentencia de Pekín.
Se prevé que el Comité Permanente, presidido por el líder de la ciudad, convoque una reunión y establezca el marco para la reforma.
El máximo órgano legislativo del país había aclarado el viernes dos cláusulas de la legislación decretada por Pekín, afirma que el asunto requería la opinión del jefe ejecutivo
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Las autoridades de Hong Kong aprobarán una enmienda legislativa en los próximos meses para impedir que Tim Owen represente a Jimmy Lai tras una decisión de Pekín. Una medida que pone al jefe ejecutivo, John Lee, por encima de los tribunales. Libertad para Jimmy Lai.

A largo plazo, el impacto del sistema judicial de la ciudad puede ser más devastador, ya que la definición de los asuntos de seguridad nacional sigue siendo muy amplia e imprecisa. Dado el poder ilimitado que ostenta el Comité Permanente, a muchos les preocupa que el requisito del «certificado» no se limite a los juicios políticos estrictamente definidos, sino que se extienda a otros sectores, como los delitos económicos o financieros que impliquen vínculos con el extranjero.

En respuesta a la interpretación de Pekín, el grupo de defensa Hong Kong Watch, con sede en Londres, instó:

2022 fue el año en que murió el estado de derecho en Hong Kong.

Un decreto de Pekín del 31 de diciembre acabó finalmente con los últimos vestigios de independencia judicial en Hong Kong.
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En un nuevo artículo de opinión sobre la interpretación de Pekín de la ley de seguridad nacional de Hong Kong, nuestro presidente ejecutivo Benedict Rogers pide a los jueces extranjeros que se retiren y a Reino Unido y otros países que impongan sanciones

«Hasta ahora la comunidad internacional se ha hecho de la vista gorda en gran medida. Ahora es el momento de actuar».

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