Café internet espera clientes en Central World Mall. Fotografía y leyenda de la página de Flickr del Banco Asiático de Desarrollo. Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.0 Genérico (CC BY-NC-ND 2.0).

El 25 de diciembre de 2022 entró en vigencia un decreto ministerial emitido por el Gobierno de Tailandia que detalla los procedimientos para la «Supresión de la difusión y retiro de datos informáticos del sistema informático B.E. 2565″. El decreto se aprobó a pesar de los llamados de varias organizaciones de la sociedad civil para que se retirara la nueva normativa porque contiene disposiciones que podrían reprimir aún más la libertad de expresión en línea.

El decreto faculta a los funcionarios del Ministerio de Economía y Sociedad Digitales para emitir órdenes de retirada de contenidos que infrinjan la Ley de Delitos Informáticos. Los grupos de derechos humanos han advertido que el artículo 14 de la Ley es «muy problemático y crea varios delitos con definición imprecisa», ya que tipifica como delito los contenidos que «perjudiquen al público, creen pánico, causen daños a la infraestructura pública, la seguridad nacional o la seguridad del Reino, la seguridad pública o la seguridad económica, o sean de naturaleza pornográfica».

Los proveedores de servicios podrían enfrentar sanciones si no responden las órdenes de retiro en un plazo de 24 horas. Esto podría intensificar la censura en línea si los proveedores de servicios adoptan una política de «cumplir primero y evaluar después» para evitar ser procesados.

Grupos con sede en el Sudeste Asiático que pertenecen a la Coalición Regional de la ASEAN para detener la dictadura digital han emitido una declaración en la que describen el nuevo decreto como «otra herramienta de control de las autoridades para silenciar la disidencia crítica, y un reflejo de la dictadura digital en Tailandia». Advirtieron que los contenidos podrían retirarse hasta sin orden judicial:

By mandating service providers to comply with any complaint they receive, irrespective of its basis, necessity, or proportionality, the Thai government is putting service providers under immense pressure to remove content. This will likely result in service providers removing content with haste to avoid penalties, to the detriment of people’s right to freedom of expression and information.

Al obligar a los proveedores de servicios a atender cualquier denuncia que reciban, independientemente de su fundamento, necesidad o proporcionalidad, el Gobierno tailandés está sometiendo a los proveedores de servicios a una inmensa presión para retirar contenido. Es probable que los proveedores de servicios se apresuren a retirar contenido para evitar sanciones, lo que perjudica el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión e información.

The Decree replaced a previous decree from 2017 & compels service providers to remove content allegedly in violation of the #ComputerCrimeAct within repressive time limits, a clear violation of Thai people's #digitalrights and #freespeech. pic.twitter.com/UH34y2WG97

— Manushya Foundation (@ManushyaFdn) January 5, 2023

Alto a la dictadura digital.
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El Ministerio de Economía y Sociedad Digitales de Tailandia publicó recientemente un Decreto sobre los procedimientos de notificación, supresión de la difusión y retiro de datos informáticos del sistema informático B.E. 2565, que entró en vigencia el 25 de diciembre.
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El decreto sustituye a un decreto anterior de 2017 y obliga a los proveedores de servicios a eliminar contenido que supuestamente violan la ley de delitos cibernéticos dentro de plazos represivos, una clara violación de los derechos digitales y la libre expresión de los tailandeses.

Grupos globales como Access Now, ARTICLE 19 y la Comisión Internacional de Juristas han criticado las draconianas disposiciones del decreto en una declaración conjunta:

The mere one-day timeframe for content removals is especially draconian where there has been no judicial authorization of takedown orders.

El simple plazo de un día para retirar contenido es especialmente draconiano cuando no ha habido autorización judicial de las órdenes de retiro.

Añadieron que el decreto podría dificultar el ejercicio de la libertad de expresión de los tailandeses:

The granting of this broad authority is likely to result in online expression and information being arbitrarily curtailed even beyond the excessively expansive interferences already allowed under the existing Thai legal framework.

Es probable que conceder esta amplia autoridad dé lugar a restricciones arbitrarias de la expresión y la información en línea, incluso más allá de las injerencias excesivamente amplias que ya permite el actual marco jurídico tailandés.

Los informes han señalado el deterioro de la libertad de expresión en Tailandia, ya que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para prohibir las reuniones multitudinarias y detener a los críticos acusados de atentar contra la seguridad pública. Estas medidas se han mantenido a pesar de la flexibilización de otras restricciones de la época de la pandemia. Las autoridades también usaron las duras leyes de lesa majestad (leyes contra insultos a la realeza) para criminalizar las críticas legítimas.

El defensor de los derechos digitales Arthit Suriyawongkul tuiteó sobre las consecuencias del nuevo decreto para las organizaciones de medios.

Journalism-wise, news outlets and their social media channels, need to monitor takedown request almost all the time – as the requirement is to takedown within 24 HOURS.

The tight time requirement may lead to the decision to takedown more than it should – to avoid liability.

— Art อาท แบ่ค☂️ (@bact) October 27, 2022

Desde el punto de vista periodístico, los medios y sus canales en las redes sociales tienen que controlar las solicitudes de retiro casi todo el tiempo, ya que el requisito es retirar la información en un plazo de 24 HORAS.

El corto plazo puede llevar a la decisión de retirar más de lo debido para evitar responsabilidades.

También destacó que el Gobierno redactó el decreto sin consultar a todas las partes interesadas.

The most interesting thing about this Notice and Takedown Ministerial Announcement is, however, the way it was drafted and announced.

MDES civil servants actually learned about the law at the same time as the public.

Private sectors ‘talked’ with the Ministry closed door.

— Art อาท แบ่ค☂️ (@bact) October 27, 2022

Sin embargo, lo más interesante de este anuncio ministerial de notificación y retiro es cómo se redactó y anunció.

En realidad, los funcionarios del Ministerio se enteraron de la ley al mismo tiempo que el público.

Los sectores privados «hablaron» con el Ministerio a puerta cerrada.

Se inició una petición en línea para que se derogue el decreto. Los grupos de la sociedad civil tienen un mensaje dirigido a las autoridades tailandesas: «Para lograr una verdadera democracia, el espacio en línea debe ser libre, y el derecho a la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de línea, debe estar protegido».