Ilustración de Aydan Hasanova. Difundida en virtud de un acuerdo para compartir contenido con Chaikhana Media.

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Emily Hajizadeh, mujer trans de 20 años, se siente rodeada de amenazas. «Recibo constantemente mensajes y llamadas amenazantes de mi familia y parientes, me advierten que me van a matar», dice. «Es muy molesto, pero no puedo ir a la Policía a denunciarlo, porque no estoy segura de que se proteja mi intimidad».

Elnur Musayev, trabajador social del Centro de Recursos de Género, presta apoyo psicosocial a personas LGBTQ+ en Azerbaiyán desde 2020 y afirma que la Policía solo toma en serio los casos de sus clientes si alguien del centro los acompaña, o si apelan a mandos policiales superiores o hacen público el caso en los medios.

«Cuando las personas LGBTQI+ van solas a las comisarías, los policías les hacen preguntas sobre su vida personal. Estas preguntas no están relacionadas con la denuncia. Por ejemplo, preguntan ‘¿eres activo o pasivo?’ o ‘¿tienes novia?’, ‘¿lo sabe tu familia?'», dice, y añade que a veces incluso amenazan con llamar a la familia del denunciante.

«Esto hace que la gente se sienta incómoda y, en muchos casos, no denuncian a la Policía».

Emily es trabajadora sexual, lo que la hace aún más recelosa de la Policía, ya que el trabajo sexual es ilegal en Azerbaiyán..

«La última vez, a mi amiga y a mí nos persiguieron tres personas en la plaza de la Fuente [destacada plaza pública en el centro de la capital, Bakú]. Mientras discutíamos con ellos en la calle, llegó la Policía y nos llevó a comisaría. Dos de los tres hombres que querían pegarnos huyeron, y aunque les dije a los policías que los trajeran, no les importó», cuenta.

En Azerbaiyán se acusa a menudo a la Policía de acosar e incluso torturar a los ciudadanos; un caso reciente renovó las denuncias de violencia policial y trato violento a los detenidos. Varios informes internacionales sobre derechos humanos han señalado esto, pero el Gobierno niega que exista un problema.

Fallos institucionales

En general, para muchas personas LGBTQ+ que sufren discriminación y violencia, casi no existe la posibilidad de recurrir a la Policía ni a los canales judiciales oficiales. Por ejemplo, en noviembre de 2022, una mujer trans y su pareja fueron agredidos en la calle en la capital, Bakú. Como conocían los malos antecedentes de la Policía con los ciudadanos queer, decidieron no presentar una denuncia oficial por temor a represalias y posibles violaciones de su intimidad.

El ejemplo más descarado de la falta de voluntad del Estado para ayudar a la comunidad homosexual fue cuando la popular bloguera Sevinc Huseynova hizo llamados abiertos a la violencia contra la comunidad LGBTQ+ en las redes sociales. Nunca la amonestaron por sus actos, a pesar de las numerosas pruebas de que animaba a la gente a cometer delitos violentos contra los homosexuales. En uno de sus videos, Huseynova pedía a las fuerzas de seguridad locales que se hicieran de la vista gorda en casos de delitos de odio. «Nos basta con una señal, dinos, y el pueblo los apartaremos poco a poco», afirmaba la bloguera. En otro video, pedía a los hombres azerbaiyanos que mataran a las mujeres trans. En aquel momento, el Ministerio del Interior dijo que tenía conocimiento de los videos y que estaba investigando. Pero no se tomaron medidas.

Huseynova no es un ejemplo aislado. La narrativa anti-LGBTQ+ en Azerbaiyán está muy extendida entre políticos, famosos, figuras públicas e incluso activistas opositores.

Según un informe de 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos, «las personas LGBTQI+ suelen negarse a presentar denuncias formales de discriminación o malos tratos ante las autoridades por temor al estigma social y las represalias. Los activistas denunciaron la indiferencia policial ante las peticiones de que la Policía investigara los delitos cometidos contra personas LGBTQI+.»

Kamran, de 26 años, uno de los fundadores de la iniciativa queer «Q-Collective», también luchó para que la Policía tomara en serio su denuncia después de que él y su amigo fueran agredidos en un bar de Bakú.

«Era octubre de 2021, se nos acercaron tres hombres cuando nos disponíamos a salir. No respondimos para evitar un altercado», recuerda Kamran. Pero a pesar de sus esfuerzos, estalló una pelea. «A mi amigo le rompieron la nariz, nos golpearon mucho. Yo recibí heridas en los ojos y el pecho».

La Policía se quedó de brazos cruzados viendo cómo golpeaban a Kamran y a su amigo. Los agentes se negaron a ayudar, alegaron que la zona no estaba bajo su jurisdicción. Cuando Kamran y su amigo pudieron por fin presentar una denuncia formal, su calvario no terminó: alguien del departamento forense informó a sus familias del incidente y sacó a la luz su orientación sexual.

La situación es aún peor para los menores LGBTQ+, que a menudo son devueltos a sus familias o parejas maltratadoras en situaciones de disputas civiles o abusos, señala Musayev, trabajadora social del Centro de Recursos de Género. Por lo general, solo se presta ayuda cuando los activistas intervienen y empiezan a hacer públicos los malos tratos, explica Musayev.

Vías legales limitadas

La falta de recursos legales solamente agrava la situación. Actualmente, la legislación vigente en Azerbaiyán no aborda los delitos de odio por identidad de género ni orientación sexual. Según un informe del Instituto Danés de Derechos Humanos, Azerbaiyán carece de políticas nacionales que protejan los derechos de las personas LGBTQ+. Tampoco existen instituciones específicas que luchen contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género:

Article 109 of the Criminal Code sets forth penal sanctions for the persecution of groups or organisations on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, or sex or others prohibited by international legal norms. Persecution is understood as “crime against humanity” in terms of for example torture and deprivation of liberty against international norms. Hate crime in itself does not qualify as persecution under this provision. 37. There are no other provisions in the Criminal Code relevant to hate crimes against LGBT individuals.

El artículo 109 del Código Penal establece sanciones para la persecución de grupos u organizaciones por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de sexo u otros prohibidos por las normas jurídicas internacionales. La persecución se entiende como «crimen contra la humanidad» en términos de, por ejemplo, tortura y privación de libertad en contra de las normas internacionales. El delito de odio en sí mismo no califica como persecución bajo esta disposición 37. No existen otras disposiciones en el Código Penal relativas a los delitos de odio contra personas LGBT.

En ausencia de estas protecciones básicas, el trabajo y las actividades de los activistas LGBTQ+ tienen un alcance y un impacto limitados, dado el entorno político y social. Las víctimas de abusos y acoso son abandonadas a su suerte, temiendo por sus vidas, igual que Emily.