Fotografía de Ana Toskić Cvetinović, LL.M. por cortesía de la autora y utilizada con autorización.

Este artículo es de Ana Toskić Cvetinović, directora ejecutiva de la organización de la sociedad civil Partners for Democratic Change Serbia, integrante de la red Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda (ICEDA). Global Voices publica una versión editada con permiso.

 “The modern totalitarian state relies on secrecy for the regime, but high surveillance and disclosure for all other groups. The democratic society relies on publicity as a control over government, and on privacy as a shield for group and individual life.» – Alan Westin, 1967

«El Estado totalitario moderno se basa en el secreto para el régimen, pero en una gran vigilancia y divulgación para todos los demás grupos. La sociedad democrática se basa en la publicidad como control del Gobierno, y en la privacidad como escudo de la vida grupal e individual.» – Alan Westin, 1967.

En diciembre de 2022, el Ministerio del Interior serbio publicó el borrador de una Ley de Asuntos Internos. Era la segunda vez en 16 meses que el Ministerio proponía esta ley que aumentaría significativamente la autoridad de los policías, reforzaría la influencia política sobre la Policía y sus operaciones e introduciría la base legal para la vigilancia biométrica masiva en Serbia.

Esta fue también la segunda vez en 16 meses que el proyecto de ley fue retirado del proceso legislativo. Sin embargo, a diferencia de septiembre de 2021, cuando lo hizo el presidente Aleksandar Vucic, que explicó que el impulso político para esta ley no era el adecuado (en ese momento, Serbia se preparaba para otra ronda de elecciones nacionales), esta vez fue la primera ministra, Ana Brnabic, quien inició la retirada. Ella prometió que el trabajo sobre la ley continuará en un proceso de consulta exhaustivo e inclusivo de todas las partes interesadas.

Ambos intentos de aprobar la Ley de Asuntos Internos fueron seguidos por fuertes reacciones de organizaciones serbias e internacionales de la sociedad civil que, en su mayoría, comentaron las disposiciones para la vigilancia biométrica masiva. Pero su lucha comenzó en 2019, cuando el entonces ministro de Asuntos Internos anunció que la ciudad de Belgrado quedaría cubierta por cámaras de vigilancia biométrica conectadas a programas de reconocimiento facial, así como por el sistema de reconocimiento automático de matrículas de automóviles. Serbia adquirió este sistema de vigilancia, sin haberse probado suficientemente, a la empresa china Huawei. La adquisición se hizo a través de un contrato secreto, sin una base legal previamente establecida para su uso, sin determinar la necesidad y proporcionalidad del uso de este sistema, pero también sin llevar a cabo una evaluación del impacto que el uso de tales tecnologías intrusivas tendría sobre los derechos de los ciudadanos. A las preguntas de la opinión pública, la respuesta del Gobierno ha sido desde entonces la misma: se han instalado cámaras, pero no se ha adquirido software de reconocimiento facial, y utilizan la tecnología disponible como videovigilancia ordinaria (Circuito cerrado de televisión).

Cuatro años después, es evidente que el Ministerio del Interior y el Gobierno serbio no han renunciado a implantar un sistema de vigilancia ciudadana tan invasivo. En enero, el primer  ministro Brnabic organizó una reunión en la que participaron representantes de la sociedad civil y de los ministerios competentes para debatir las disposiciones criticadas. Aunque todavía no se ha fijado el calendario exacto del proceso legislativo, es seguro que (probablemente en un momento políticamente conveniente) aparecerá un nuevo proyecto de ley, que intentará dar una base jurídica a lo que ha sido la idea de nuestras autoridades durante años.

Pero ¿qué es lo que hace tan atractivo este sistema para que las autoridades serbias lleven más de tres años intentando hacerlo operativo, en un principio incluso sin adoptar una normativa que legalice la instalación y el uso de cámaras capaces de realizar el reconocimiento facial automático?

A decir verdad, Gobiernos de todo el mundo recurren cada vez más a la vigilancia biométrica, principalmente para evitar determinados delitos y perseguir a sus autores. Sin embargo, la experiencia comparada ha demostrado que, aunque este sistema puede ayudar a reprimir ciertos delitos, los delitos menores son los que se ven principalmente afectados. Para la delincuencia organizada, por ejemplo, las cámaras en los espacios públicos no son un elemento disuasorio. En cuanto a Serbia, no se ha ofrecido un análisis exhaustivo que muestre el estado de la delincuencia en Serbia, lo (in)segura que es la sociedad y por qué la vigilancia biométrica es precisamente la herramienta que debería contribuir a nuestra seguridad.

Esto último es especialmente significativo si se tiene en cuenta que la experiencia comparativa ha demostrado una serie de efectos negativos de la vigilancia biométrica. El sistema en sí implica una restricción permanente del derecho a la intimidad de los ciudadanos, pero los problemas son mucho mayores. Los casos de identificación errónea y los errores del sistema han dado lugar a condenas injustas. El algoritmo ha reconocido con mayor frecuencia como sospechosos a miembros de grupos minoritarios, mientras que las autoridades de algunos países utilizan este sistema para tratar a quienes no comparten sus opiniones políticas. Por último, las investigaciones han demostrado que la implantación de estas tecnologías en espacios públicos tiene un efecto amedrentador. Al saberse constantemente vigilados, los ciudadanos no se sienten libres para comunicarse, reunirse, participar en reuniones políticas o expresar de cualquier otro modo sus puntos de vista, opiniones y creencias.

Todo esto es actualmente objeto de un intenso debate en el seno de la Unión Europea, que está redactando la Ley sobre Inteligencia Artificial (IA), una normativa que debería regir el desarrollo y la aplicación de la IA en los Estados miembros. Aún no se sabe cómo será la versión final de la Ley, pero la sociedad civil, los grupos de protección de derechos humanos y la mayoría de los parlamentarios europeos han pedido que se prohíba la vigilancia biométrica masiva.

En vista de todo esto, no debemos permitir que en Serbia se tomen decisiones precipitadas sobre la introducción de la vigilancia biométrica. En lugar de soluciones precipitadas, poco transparentes y apresuradas, necesitamos un debate significativo sobre si se necesita un sistema así, qué queremos que consiga y, por último, si la comunidad está dispuesta a renunciar permanentemente a parte de nuestra libertad.