Mujer peruana marchando en Lima, 2023. Foto: Juan Zapata/Connectas
Este es un extracto del artículo escrito por Elizabeth Salazar Vega para Connectas [1], republicado en Global Voices bajo un convenio entre los medios.
Debo haber tenido seis años cuando mi madre se negó a sí misma para protegerme: “Si te preguntan de dónde son tus padres, les dices que tu mamá es de Ica y que tu papá es de Arequipa”, me dijo mientras terminaba de peinarme. Me puso un lazo en el cabello y salimos rumbo al colegio, en Miraflores, uno de los distritos más pudientes de Lima, donde viví y estudié mis primeros años.
Tiempo después entendería que su natal Ayacucho, en la región sur andina de Perú, era una palabra casi prohibida en la capital. Que aquellos que emigraron de esta ciudad andina eran mirados con recelo y señalados como terroristas solo por haber nacido allí; y que el gentilicio de Puno, la región limítrofe con Bolivia donde nació mi padre, era usado como insulto en urbes clasistas.
Nada ha cambiado en Perú. En los últimos años se ha extendido en el país el llamado ‘terruqueo’, un término que define la práctica de desacreditar a las personas que protestan acusándolas de terroristas. El objetivo es menoscabar su voz y credibilidad. Pues bien, el terruqueo y la discriminación por el lugar de procedencia o el color de la piel no desaparecen con el traspaso generacional. En las mejores universidades privadas de Lima la presencia de un indígena es tan disruptiva que desde que se creó Beca 18, el programa estatal que financia a jóvenes talentosos y en situación de pobreza, sus oficinas de bienestar estudiantil han tenido que incluir programas de integración para ayudar a los alumnos que llegan otras regiones. Sus méritos académicos no sirven cuando se les juzga por la apariencia y forma de hablar.
Este país, que expone su diversidad para el turismo pero que no se reconoce en ella, vive desde hace dos meses protestas impulsadas por ciudadanos de las regiones andinas. En sus propias localidades, o movilizándose en caravanas hasta Lima, hombres y mujeres quechuahablantes, algunos con ponchos, faldas tradicionales, sombreros y banderas características de sus provincias, encabezan las marchas que piden la salida de la presidenta Dina Boluarte y el cese del Congreso. Pero, al igual que en las aulas universitarias, el poder centralizado en la capital no los trata como iguales.
Delegaciones de regiones y vecinos de la zona norte de Lima marcharon por más de cuatro horas por la vía Panamericana, en una de las grandes movilizaciones contra el gobierno. Foto: Juan Zapata/Connectas
En diciembre 2022, el entonces presidente Pedro Castillo [2], que para muchos representaba la población campesina indígena del Perú, intentó disolver el Congreso luego de tener varias políticas bloqueadas por los legisladores, lo que resultó en su destitución. Dina Boluarte [3], su vice-presidenta, asumió el poder por sucesión constitucional, pero fue muy criticada por como manejó las protestas antigubernamentales. Hubieron 58 muertos y más de 1200 heridos [4] en confrontaciones con las fuerzas estatales.
Los manifestantes, en su mayoría de regiones andinas y excluidos del progreso económico, se confrontan con un sector urbano excluyente que los enfrenta con estigmatización y represión. En un país con medio centenar de pueblos indígenas, el clasismo y el racismo han inclinado la balanza para determinar quién puede protestar o quién merece vivir.
Los prejuicios raciales se extienden a diferentes estratos socioeconómicos y geográficos, y no son exclusivos de personas de raíces más europeas. La presión alcanza a mestizos*, cholos** y andinos*** que quieren marcar distancia de sus orígenes para no quedar incluidos en el grupo de los marginados. Su manifestación está tan normalizada que incluso la presidenta Dina Boluarte, nacida en la región sur de Apurímac, subrayó la diferencia entre sus rasgos físicos y la de los manifestantes en un mensaje que intentaba invocar a la hermandad. “Aquí no somos europeos ni de sangre azul, ni porque mis ojos sean claros soy diferente a ustedes”, dijo en Cusco.
En el siglo pasado en Perú se abrió un proceso para desconocer la raza en términos fenotípicos a cambio de distinguir a las personas por su nivel cultural o jerarquía de clase. Pero esa tendencia, lejos de establecer una mayor igualdad, creó un orden de cosas en el que, sin importar sus orígenes raciales, quien asciende en la escala social comienza a despreciar a sus inferiores en términos de lo que la antropóloga Marisol de la Cadena ha llamado “racismo silencioso”.
“La nueva generación de intelectuales suscribió una difusa noción de raza, la misma que rechazaba explícitamente las diferencias biológicas definitivas, mientras que aceptaba como jerarquías raciales las diferencias ‘intelectuales’ y ‘morales’ presentes entre los grupos de individuos. Por cierto, los estándares para medir estas diferencias eran arbitrarios y, de hecho, fueron establecidos por las élites”, señala la autora en uno de sus textos [5].
Foto: Juan Zapata/Connectas
La reacción de la clase política
En diciembre, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, dijo en televisión nacional [6] que los asesinatos de manifestantes en regiones del sur se debieron, en parte, a que ellos hablaban otra lengua. “[Los manifestantes] traen gente de altura que no habla español. Entonces, cuando el policía les dice algo, no entienden y siguen avanzando porque están azuzados, entonces se producen las desgracias”, dijo, sin que los periodistas reaccionaran ante esta justificación de la violencia.
Dos días después Angulo fue consultado por el mismo tema [7], pero, lejos de rectificarse, añadió otro argumento a su lógica: el terruqueo. “Conversé con policías que venían de Andahuaylas y nos decían eso, que ellos querían hablar con esas personas que aparentemente no entendían español. No es una táctica de ahora, es una táctica que aplicó [el grupo terrorista] Sendero Luminoso”, añadió.
¿Es una táctica terrorista no saber español? ¿Los peruanos quechuahablantes no tienen derecho a marchar y protestar? Parece ser que el limeño puede ignorar la lengua originaria del Perú, el quechua; pero el andino, que sí la usa en su cotidianidad, está obligado a hablar español, de lo contrario, corre el riesgo de morir. El estallido social ha servido de telón para que la clase política haga gala de su efervescencia racista y discriminatoria, pero los medios de comunicación se muestran incapaces de encarar estas expresiones.
Marco Avilés, periodista y escritor especializado en estos temas, sostiene que “la élite no racializada” de Perú se formó en burbujas socioeducativas, en colegios y universidades de prestigio que imparten una versión incompleta de la realidad peruana. Estas personas pocas veces se cuestionan para identificar y frenar el racismo, y por el contrario acusan de resentido y acomplejado a quien expone el problema. “Una persona de 30 o 40 años que ejerce un cargo público, y que dice que el racismo no existe, es sumamente ignorante. Pero no es una ignorancia que venga de la pobreza, sino del poder, y a los poderosos les conviene que sea así”, señala Avilés.
Para leer más, vea el artículo completo en Connectas [1].
*mestizos: personas en Latinoamérica de raíces indígenas y europeas.
**cholos [8]: en Suramérica se refiere a personas de origen indígena. En algunos contextos puede ser considerado un termino ofensivo debido al racismo, pero también se está siendo reapropriado por pueblos indígenas como señal de identidad y orgullo.
**andinos: personas de la zona de los Andes en Suramérica, que son mayormente de origen indígena.