[1]Lancha policial en Castries, Santa Lucía, 8 de abril de 2019. Foto [1] de Harry y Rowena Kennedy en Flickr (CC BY-NC-ND 2.0 [2].).
La nación caribeña de Santa Lucía es conocida por muchas cosas, como las impresionantes Pitones [3], su festival de jazz [4] y por ser el lugar de nacimiento del premio nobel Derek Walcott [5]. A mediados de marzo, tras producirse una serie de homicidios en la ciudad de Vieux Fort [6], sl sur de la isla, también está acaparando la atención por la violencia de las bandas, presuntamente vinculada al tráfico de drogas.
El primer ministro, Philip J. Pierre, que también ocupa la cartera de Seguridad Nacional, ha pedido ayuda [7] al Sistema de Seguridad Regional [8] (SSR), integrado por los Estados miembros de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, para gestionar la situación:
Vincentian police will assist St Lucia in its fight against gang violence – https://t.co/QEkx3x6BLt [9] pic.twitter.com/MmSjl1z2o1 [10]
— St. Vincent Times (@stvincenttimes) March 17, 2023 [11]
La Policía sanvicentina ayudará a Santa Lucía en su lucha contra la violencia de bandas.
El Gobierno también ha puesto en marcha patrullas policiales las 24 horas del día en respuesta a los siete asesinatos, todos relacionados con armas de fuego, y tiene previsto implicar a la sociedad civil y a los líderes empresariales en la búsqueda de posibles soluciones al problema, mientras las islas vecinas hacen un llamado a la paz [12].
Al parecer, los esfuerzos de la Policía de Santa Lucía tienen la confianza del líder opositor, Allen Chastanet [13], y según el subcomisario de policía Ronald Phillip, de los habitantes [14] de la comunidad de Vieux Fort. Sin embargo, el columnista Earl Bousquet, en artículo para Guyana Chronicle, señala [15]:
[T]his is not the island’s first national security crisis of this kind, as a similar prolonged crime wave led to a government-backed police operation between 2010 and 2011 called ‘Operation Restore Confidence,’ in which alleged criminal elements, known to the law, were reportedly listed on a police blacklist for execution.
It was also alleged that in one such operation, also in Vieux Fort, five targeted persons were killed by the police, with the investigators also alleging efforts to cover-up and/or falsify evidence.
An investigation by CARICOM security investigative entity IMPACS [Caribbean Community Implementation Agency for Crime and Security [16]] turned up enough evidence to conclude that more than a dozen police officers had engaged in at least as many extra-judicial killings, following which the victims’ families and the accused officers were left in limbo.
Esta no es la primera crisis de seguridad nacional de este tipo que tiene la isla, ya que una prolongada ola de delincuencia similar originó una operación policial respaldada por el Gobierno entre 2010 y 2011 denominada «Operación Restaurar la Confianza», en la que presuntos delincuentes, conocidos por la ley, aparecían en una lista negra de la Policía para ser ejecutados.
También se denunció que en una de esas operaciones, también en Vieux Fort, la Policía había matado a cinco personas, y los investigadores también denunciaron intentos de encubrir o falsificar pruebas.
Una investigación llevada a cabo por IMPACS [Agencia de Implementación de la Comunidad del Caribe para el Crimen y la Seguridad [16]], entidad de investigación de seguridad de CARICOM, encontró pruebas suficientes para concluir que más de una docena de policías habían participado al menos en otras tantas ejecuciones extrajudiciales, tras lo cual las familias de las víctimas y los agentes acusados quedaron en el limbo.
Bousquet cree que esta acción [17], hace más de diez años, ha contribuido a la situación en la que se encuentra ahora Santa Lucía. Tras los asesinatos policiales, el entonces gobierno de Trump, junto con la Unión Europea, «condenó la lentitud de la respuesta judicial nacional». Luego vinieron las sanciones contra la isla en virtud de la ley Leahy [18], que pone fin al apoyo de Estados Unidos a cualquier fuerza policial o Ejército que se descubra que ha actuado extrajudicialmente.
El efecto dominó de esta medida supuso que las fuerzas del orden de Santa Lucía quedaran excluidas de participar en conferencias internacionales, y ya no pudieran recibir financiación ni ayuda en equipamiento de Estados Unidos. Naturalmente, la eficacia de su labor policial, incluidas las patrullas fronterizas de la guardia costera, disminuyó.
Hace apenas un año, en marzo de 2022, cinco de los policías investigados en la polémica «Operación Restablecer la Confianza» fueron absueltos [19] por falta de pruebas, pero esto no ha convencido hasta ahora a Estados Unidos de levantar las sanciones. Bousquet señaló [15] que la Policía de Santa Lucía también ha sido «acusada por los políticos de devolver a las calles, con ánimo de lucro, armas ilegales tras haber sido entregadas en una amnistía de armas por dinero en efectivo que también fue víctima de la política y del cambio de régimen»:
In the past decade, fighting crime has been weaponised by Caribbean politicians in the fight for votes, while the armed gangs have multiplied, strengthened by untold numbers of ‘deportees’ sent to the region by the Obama and Trump administrations, worsened by extended gang warfare and continuing proliferation of more illegal weapons.
The sophistry of today’s multinational inter-island criminal operations has also resulted in the gangs having access to more deadly weapons than the police, which some gunmen don’t even hide, displaying their hardware on social media platforms, whether firing bullets at parties or simply showing-off.
En los últimos diez años, los políticos caribeños han convertido la lucha contra la delincuencia en arma en su lucha por los votos, mientras que las bandas armadas se han multiplicado, fortalecidas por el incalculable número de «deportados» enviados a la región por las administraciones Obama y Trump, deterioradas por la guerra de bandas extendida y la continua proliferación de más armas ilegales.
El sofisma de las actuales operaciones criminales multinacionales entre islas también ha dado lugar a que las bandas tengan acceso a armas más mortíferas que la Policía, que algunos pistoleros ni siquiera ocultan, exhiben sus armas en las plataformas de las redes sociales, ya sea disparando balas en fiestas o simplemente presumiendo.
Desde los asesinatos de marzo, la zona de Vieux Fort ha sido designada zona de escalada delictiva, lo que amplía los poderes de la Policía para enfrentar la actividad delictiva.
Según un informe de 2022 [20] de InSight Crime, grupo de expertos y organización de medios que busca profundizar e informar el debate en torno al crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, los recientes picos de violencia han llevado la tasa de asesinatos de Santa Lucía hasta el punto de que, por cabeza, iguala a la de territorios regionales más grandes como Jamaica y Trinidad y Tobago.
Ya en 2021, Kenny Anthony, ministro del Parlamento para la zona de Vieux Fort, publicó en Facebook [21] que su circunscripción se había «convertido prácticamente en una zona de guerra». El resumen de homicidios de 2022 de InSight Crime, que amplió su ámbito de actuación para incluir a las naciones caribeñas más pequeñas (muchas han estado experimentando un repunte en las tasas de homicidio), pintó [22] un panorama aún más sombrío:
A total of 76 murders may not sound like a lot. But for a country the size of St. Lucia, with a population of just under 180,000 people, this places it near the top of regional rankings.
In 2021, St. Lucia registered 74 murders, a record at that time. The increase in 2022 to 76 murders means that the country has broken its homicide record for a second consecutive year, and led to calls [23] from the United Workers Party for Prime Minister Philip J. Pierre to step down from his role as National Security Minister.
The country’s street gangs are increasingly at each other’s throats [20] as the island nation has become a transit hub for South American cocaine going to the US and Europe. […]
Elected officials have condemned “anarchy in our country” and promised “draconian penalties,” but few details have been forthcoming.
Un total de 76 asesinatos puede no parecer mucho. Pero para un país del tamaño de Santa Lucía, con una población de poco menos de 180 000 habitantes, esto lo sitúa cerca de los primeros puestos de las clasificaciones regionales.
En 2021, Santa Lucía registró 74 asesinatos, sin precedentes en ese momento. El aumento en 2022 a 76 asesinatos significa que el país ha batido sus marcas de homicidios por segundo año consecutivo, y llevó a llamados [23] del Partido de los Trabajadores Unidos para que el primer ministro Philip J. Pierre renunciara a su cargo como ministro de Seguridad Nacional.
Las bandas callejeras del país están cada vez más enfrentadas [20], ya que la nación insular se ha convertido en un centro de tránsito para la cocaína sudamericana destinada a Estados Unidos y Europa. […]
Las autoridades electas han condenado «la anarquía en nuestro país» y han prometido «penas draconianas», pero se han dado pocos detalles.
El pequeño territorio británico de ultramar [24] de Turcas y Caicos encabezó la tasa de homicidios del Caribe en 2022 con un 77,6 %, la más alta per cápita de toda América Latina y el Caribe. Le siguió Jamaica (52,9 %) y Santa Lucía, que empató con la vecina San Vicente y las Granadinas con un 40,3 %.
La situación de la delincuencia en Santa Lucía también ha afectado al comercio, y algunos comercios de las zonas afectadas han decidido reducir su horario de atención preocupados por la seguridad de sus clientes y empleados.
Según Bousquet:
Vieux Fort was a ghost town […] following the killings that started on March 10, when schools and businesses shut early after family members of earlier shooting victims were targeted and executed, in what’s been officially described as retaliatory vengeance.
Vieux Fort era una ciudad fantasma […] tras los asesinatos que comenzaron el 10 de marzo, cuando las escuelas y los comercios cerraron temprano después de que los familiares de las víctimas de tiroteos anteriores fueran atacados y ejecutados, en lo que se ha descrito oficialmente como una venganza de represalia.
Algunos usuarios de redes sociales han hablado [25] de la situación. Al ver que la presión aumentaba desde 2022, en Twitter, Rhyesa Joseph publicó un hilo críptico destinado a inspirar a los ciudadanos a poner de su parte y denunciar las irregularidades:
Someone knows who is bringing illegal guns into St Lucia.
Someone knows of teenaged boys and girls who are part of gangs.
Someone knows who is stealing people's vehicles.
Someone knows the mechanics that are facilitating it.
Someone knows when the hit is going to take place.— Rhyesa Joseph (@RhyesaJ) December 4, 2022 [26]
Alguien sabe quién está introduciendo armas ilegales en Santa Lucía.
Alguien sabe de adolescentes que integran bandas.
Alguien sabe quién está robando los autos de la gente.
Alguien conoce a los mecánicos que lo facilitan.
Alguien sabe cuándo va a tener lugar el golpe.
Otros se mostraron simplemente estupefactos por el nivel de violencia:
St Lucia really wilding with that gang war.
— 👑 King R. (@DeMightyOne) March 20, 2023 [27]
Santa Lucía realmente enloqueció con esa guerra de bandas.
La causa es muy preocupante, ya que la violencia se ha relacionado [28] con el tráfico de drogas, y también con el tráfico de armas y personas. Como muchos otros territorios regionales, Santa Lucía seguirá lidiando con estas dificultades, que muchas naciones insulares más pequeñas no suelen estar bien preparadas para solucionar, ni cultural ni financieramente.