El exvicepresidente Hamilton Mourão el y expresidente Jair Bolsonaro, durante la ceremonia de creación del Consejo Nacional de la Amazonia Legal | Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Usada con licencia.

Este reportaje de Anna Beatriz Anjos se publicó originalmente en Agência Pública el 6 de marzo, y se reproduce editado en virtud de un acuerdo de asociación con Global Voices. Es parte del especial Caixa-Preta do Bolsonaro, con ayuda de los lectores da Agência Pública.

A inicios del año, con la visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la crisis humanitaria en la mayor tierra indígena de Brasil, la tierra indígena yanomami en nos estados norteños de Amazonas y Roraima, se volvió asunto nacional e internacional.

El 20 de enero, el Gobierno federal decretó la emergencia en salud pública por falta de asistencia a la población yanomami y la invasión de cerca de 20 000 mineros ilegales en el territorios, según estimaciones de entidades indígenas, que llevó al auge de la deforestación y a problemas de salud ligados a la minería en el territorio los últimos cuatro años.

Documentos inéditos obtenidos por Agência Pública en virtud de la ley de acceso a la información muestran que el Gobierno tenía conocimiento de la grave situación en tierra yanomami, que habían denunciado hacía meses los líderes indígenas, pero no se actuó para combatir el problema.

En una reunión del Consejo Nacional de la Amazonia Legal del 30 de agosto de 2022, su entonces comandante, general de reserva Hamilton Mourão, a la sazón vicepresidente de Brasil, admitió que los mineros seguían “invadiendo la zonas yanomami”, y por ese motivo existía la “necesidad de una operación gran envergadura” en el territorio, algo que no ocurrió en todo el gobierno de Jair Bolsonaro.

El discurso consta en las actas de las reuniones celebradas por el grupo, que Agencia Pública obtuvo a través de la ley de acceso a la información. Mourão fue elegido senador en 2022.

El Consejo Nacional de la Amazonía Legal (CNAL) fue reactivado el 11 de febrero de 2020 durante el gobierno de Bolsonaro, bajo la responsabilidad de la vicepresidencia de la República, y es el órgano responsable de «coordinar e integrar los esfuerzos federales para preservar, proteger y desarrollo de la Amazonia brasileña y la cooperación amazónica«.

En la práctica, la principal acción del Consejo fue viabilizar tres operaciones de garantía de la ley y el orden en la Amazonia –operaciones en que la presidencia de la República convoca a las Fuerzas Armadas para actuar en algún lugar con facultades de policía hasta que se restablezca la normalidad–, que recibieron críticas por la militarización del combate a delitos ambientales y por la incapacidad de frenar el aumento de la deforestación de la bioma, a pesar de haber gastado 550 millones de reales (cerca de 108,4 millones de dólares) del erario pública.

Ataques contra la prensa

A lo largo de las diez reuniones ordinarias del Consejo, desde febrero de 2020 hasta el final del gobierno de Bolsonaro, en diciembre de 2022, la invasión minera en el territorio yanomami se citó apenas en otra ocasión, en que ni siquiera se propusieron medidas para enfrentar el problema.

En el sétimo encuentro del grupo, el 23 de noviembre de 2021, el entonces ministro de Salud, Marcelo Queiroga, criticó una supuesta creación de “narrativas” con respecto a la situación.

Según el registro, Queiroga afirmó que su ministerio tenía la “atención especial en los yanomamis, donde existe un problema crónico hace más de tres décadas”, y que “personas que nada tienen de concreto con relación de los intereses de la población indígena exploran ese hecho para crear las mismas narrativas de siempre”. En el texto, Mourão aparece seguida y dice que «los medios han explorado de forma totalmente inverosímil”.

Algunos días antes, Fantástico, programa dominical de TV Globo, programa dominical de televisión brasileño de gran audiencia, difundió un reportaje con imágenes inéditas de la crisis sanitaria en la tierra indígena yanomami.

Las actas de las diez reuniones ordinarias del Consejo muestran que los ataques al trabajo de la prensa eran frecuentes, lo que refleja un comportamiento frecuente del presidente Bolsonaro y sus aliados durante sus cuatro años en la presidencia.

Hamilton Mourão, además de apoyar las críticas sobre la supuesta creación de “narrativas” en relación con los yanomami en noviembre de 2021, también se mostró descontenta con la cobertura periodística de los asesinatos del indigesta Bruno Pereira y del reportero británico Dom Phillips, en junio de 2022, no Vale do Javari, no Amazonas. Pereira trabajaba en la Unión de Pueblos Indígenas del valle de Javari (Univaja), que combatía los delitos ambientales que afectaban al territorio, como pesca y caza ilegales, después de años como servidor público en la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (FUNAI).

El 30 de agosto de 2022, durante la novena y penúltima reunión de la CNAL bajo la presidencia de Mourão, éste «mencionó que los medios, aprovechando las lamentables muertes del indigenista Funai y del periodista, explotaron el hecho de que los ministerios involucrados en el combate a las ilegalidades ambientales enfrentan dificultades para cumplir con sus atribuciones, en vista de las restricciones presupuestarias por parte del Gobierno federal».

Esta es la única mención a la situación en la tierra indígena valle del Javari, blanco de diversas invasiones, exhaustivamente denunciadas por Univaja, donde existe la mayor concentración de pueblos indígenas no contactados del mundo. A pesar de tratarse de una zona de frontera, que involucra la seguridad nacional, en los registros no hay referencia a ninguna discusión sobre el papel del Ejército en la región.

Política minera

Mientras en las reuniones de trató poco la crisis humanitaria causada por la minería ilegal en tierras indígenas, la defensa de la liberación de la minería en estos territorios se trató al menos en dos reuniones de la CNAL.

Hamilton Mourão se manifestó a favor de la medida en más de una ocasión. Una vez, en febrero de 2021, el general de la reserva calificó de «hipocresía» la resistencia a la aprobación del proyecto de ley 191/2020, que propone autorizar la investigación y explotación de recursos minerales y de hidrocarburos en territorios indígenas. La Constitución brasileña condiciona esa posibilidad a una decisión del Congreso Nacional y a la consulta a las comunidades afectadas.

También dijo tener «la esperanza de que con el nuevo liderazgo en el Congreso, con la nueva mayoría que se está componiendo, podamos avanzar en la cuestión de la regularización de la tenencia de la tierra; la cuestión de la minería en tierras indígenas es algo que lleva 33 años inactivo en el Congreso para definir y no define». Pocos días antes, la Cámara de Diputados y el Senado habían elegido nuevos presidentes, con el apoyo bolsonarista.

El proyecto sobre minería en tierras indígenas (PL 191/2020) no se transformó en ley, ni el otro proyecto (PL 2.633/2020) al que se refería Mourão cuando citó la necesidad de avanzar en la «cuestión de la regularización de dominio». Pocos días después de la reunión, todavía en febrero de 2021, se presentó una nueva propuesta (PL 510/2021) con el mismo propósito. Todavía se está tramitando en el Senado junto con el PL 2.633/2020, aprobado en la Cámara de Representantes en agosto de 2021.

En extractos de las actas de las reuniones del Consejo Nacional de la Amazonia Legal, las dos agendas se describen como una prioridad del gobierno de Bolsonaro, especialmente la regulación de la tierra, mencionada en varios momentos.

Dieciséis días antes del fin del gobierno de Bolsonaro, con Lula ya electo, en su última reunión, el consejo presentó un plan para la Amazonia, llamado Plan Nuestra Amazonia, con medidas que el propio Gobierno incumplió y atacó durante sus cuatro años de mandato, como «fortalecer los órganos de fiscalización y el combate a los ilícitos ambientales y de tierras» y «restablecer la gobernabilidad del Fondo Amazonia», paralizado justo al inicio del gobierno de Bolsonaro.

Agência Pública buscó al senador Hamilton Mourão para que aclarase las informaciones reveladas por el informe, pero no recibió respuesta. Después de la publicación, usó las redes sociales para calificar la información de «falsa» y fruto de la «parcialidad propia del periodismo de baja calidad».

Agência Pública reafirma la información presente en el reportaje y repudia cualquier intento de intimidar y atacar la reputación de Agência Pública y de sus reporteros.