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Cómo los bloqueos de internet en Myanmar han puesto en peligro vidas y afectado la labor humanitaria desde el golpe de Estado

Categorías: Asia Oriental, Myanmar (Birmania), Derechos humanos, Desarrollo, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, Política, Protesta, Tecnología, Unfreedom Monitor

Imagen de Ameya Nagarajan hecha con una imagen por Stephan [1] de Pixabay [2], con licencia Pixabay [3].

Casi dos años después del golpe de Estado [4] encabezado por el general en jefe Min Aung Hlainge, los bloqueos, restricciones e interrupciones de internet siguen en la mayor parte de Myanmar. La junta ha impuesto bloqueos selectivos de internet en regiones donde los militares enfrentan una fuerte resistencia de grupos armados, acompañados de severas medidas de represión fuera de línea. En un comunicado de prensa [5] de Naciones Unidas del 7 de junio de 2022, se informaba que 31 municipios de siete estados y regiones de Myanmar llevan sufriendo un corte total de internet desde agosto de 2021, y otros 23 municipios han experimentado una reducción de velocidad de internet. Según Freedom House [6], se registraron cortes en la región de Yangon, la región de Mandalay, el estado de Chin, la región de Magway y la región de Tanintharyi, que afectaron a millones de usuarios de internet. El bloqueo de internet en la región de Sagaing, donde hubo combates armados entre las tropas de la junta de Myanmar y las fuerzas de la resistencia, fue especialmente grave.

Esta táctica represiva de corte y reducción de velocidad de internet no es nueva en las tácticas de los militares: ya la utilizaron en junio de 2019 [6], antes del golpe de Estado, en las zonas afectadas por el conflicto de los estados de Rakhine y Chin, en un intento de encubrir las violaciones de derechos humanos y las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad militares contra la etnia rohinyá. El bloqueo de internet se describió como el más largo del mundo [7], duró dos años y afectó [8] a 1,4 millones de personas [9] que vivían en las zonas de conflicto. Durante ese tiempo, los militares alegaron que la interrupción de la conectividad se impuso para «mantener la estabilidad y la ley y el orden [6]» hasta que la «situación de seguridad» volviera a mejorar en esas zonas afectadas por el conflicto. Las autoridades también justificaron los cortes como una forma de combatir «las alteraciones del orden público y el uso de los servicios de internet [10] para coordinar actividades ilegales». Amnistía Internacional documentó [10] graves violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad militares de Myanmar, como ataques ilegítimos e indiscriminados que causaron la muerte y lesiones a civiles desarmados, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas [11] y trabajos forzados, entre otros, en lugares que sufrieron bloqueos de internet y de las comunicaciones. En el contexto posterior al golpe, la estrategia militar de bloquear internet y las telecomunicaciones en nombre de la «seguridad pública» sigue siendo una práctica y una pauta en las regiones bastión de la resistencia donde se lanzan «operaciones de limpieza».

El 3 de marzo de 2022, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, controlado por la junta militar, emitió una orden [12] para cortar indefinidamente el acceso a internet en la mayor parte de la región de Sagaing, excepto en las cuatro zonas urbanas. Este bloqueo y limitación de internet se produjeron tras una escalada de ofensivas militares e incursiones en los pueblos, que a menudo incluyeron asesinato de civiles, incendio de casas y granjas y otras violaciones de derechos humanos. De los 34 municipios de Sagaing, ocho sufrían cortes frecuentes de internet, mientras que los demás solo tenían acceso a conexiones 2G. Se documentó [13] que 15 530 casas fueron incendiadas o destruidas en pueblos de 28 municipios (distrital en Myanmar) de la región de Sagaing entre el 1 de febrero de 2021 y el 26 de mayo de 2022, mientras que un total de 22 299 casas o edificios fueron destruidos en todo el país.

Del mismo modo, en el municipio de Hpakant, estado de Kachin, la junta cortó el acceso a internet en agosto de 2021 para lanzar una ofensiva militar en la zona en respuesta a los ataques del Ejército de Independencia Kachin (KIA) y las Fuerzas de Defensa Popular locales. Poco después, los bloqueos de internet –incluido el corte de los servicios de internet móvil e inalámbrico– siguieron imponiéndose en otros 11 municipios del noroeste de Myanmar. Según Myanmar Now [14], los municipios afectados son Gangaw, Htilin y Myaing, en la región de Magway, y Falam, Kanpetlet, Matupi, Mindat, Paletwa, Tedim, Thantlang y Tonzang, en el estado de Chin. A las 20.30 horas del 23 de octubre de 2022, aviones militares de Myanmar atacaron [15] la aldea de Kansi, en el municipio de Hpakant, estado de Kachin, lo que causó la muerte de al menos 80 personas, incluidos cantantes y músicos que asistían a la celebración de un aniversario de la Organización para la Independencia de Kachin. El ataque aéreo también causó unos cien heridos que asistían al concierto al aire libre. Se informó que la junta militar también bloqueó el acceso por carretera para impedir que la ayuda humanitaria y los grupos de socorro llegaran al lugar del impacto para prestar asistencia. Debido al deliberado bloqueo de las comunicaciones, los medios locales solo pudieron recibir información sobre esta masacre muchas horas después e informaron al respecto el 24 de octubre.

El bloqueo de internet hace difícil que la población local envíe y reciba información sobre las condiciones de la región, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen militar, la recaudación de fondos para actividades humanitarias, la difusión de información sobre los movimientos de las fuerzas militares y el acceso a la educación, la sanidad, los medios de subsistencia y otras necesidades básicas. En las zonas afectadas por conflictos, el acceso a la información en línea puede significar la diferencia entre la vida y la muerte [16]. Al parecer, el bloqueo de internet ha impedido a la gente huir de las incursiones del Ejército, ya que los avisos de redadas inminentes no podían difundirse a través de canales de telecomunicación como Facebook Messenger o WhatsApp, que la gente de Myanmar suele considerar más seguros que hablar por el teléfono móvil. En una entrevista concedida a Radio Free Asia [17], los habitantes de la aldea de Hnan Khar, en el municipio de Gangaw, división de Magway, declararon, en relación con el bloqueo de internet en la zona: «Como no había flujo de información, no se pudo avisar a las personas [antes de las redadas] y las sorprendieron con la guardia baja, hubo detenidos, torturados y muertos. Vimos a los soldados de la junta hacer lo que les daba la gana: matar gente e incendiar pueblos».

Además, añadieron que no hay cómo enviar pruebas, como fotos y videos, de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por las tropas militares, porque no hay internet en la mayoría de los lugares donde se están produciendo enfrentamientos. Como los servicios de pago móvil también están restringidos o cortados, resulta imposible recaudar donativos o transferir o recibir fondos. Como apenas sale información de las zonas afectadas por el conflicto, poco se sabe de la situación sobre el terreno. Con el bloqueo de las comunicaciones impuesto por la junta, a los actores humanitarios les resulta más difícil reunir pruebas de violaciones de derechos humanos, supervisar la crisis humanitaria y suministrar ayuda, y a los periodistas informar puntualmente sobre incidentes y acontecimientos políticos en esas zonas.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA) informó [18] que, a finales de 2022, más de 1,4 millones de personas seguían desplazadas en todo Myanmar como consecuencia de la inseguridad y la violencia, de las cuales 1,1 millones lo estaban como consecuencia del golpe militar. Además, informó que las necesidades humanitarias y de protección son cada vez mayores, pero a la respuesta humanitaria le falta solamente un 28 % de financiación. Al igual que el acceso a la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria y la educación, el acceso a la información y la comunicación es una necesidad básica y un derecho humano fundamental. Aunque los bloqueos de internet en las zonas del país afectadas por el conflicto siguen siendo un problema crítico, a pesar del trabajo de los grupos de la sociedad civil [19] y de los medios independientes [20] para mantener el conocimiento sobre la situación, muy poco han hecho Naciones Unidas, las asociaciones internacionales o las comunidades para restablecer el acceso a internet de los desplazados y de quienes viven en zonas de Myanmar afectadas por el conflicto.

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