Manifestante arranca una foto del primer ministro, general Prayut Chan-Ocha, durante una manifestación frente al Parlamento tras su disolución el 21 de marzo. Foto Vía UPrachathai. Usada con autorización.

Este artículo se publicó originalmente en Prachatai, sitio de noticias independiente en Tailandia. Global Voices reproduce una versión editada en virtud de un acuerdo para compartir contenido.

Las elecciones generales de Tailandia previstas para el 14 de mayo de 2023, se llevarán a cabo bajo marcos políticos constitucionales y legales que imposibilitan un proceso libre y justo, señaló Human Rights Watch (HRW) en un comunicado el 6 de abril.

Human Rights Watch y más de 50 grupos de la sociedad civil tailandesa e internacional destacaron estas preocupaciones en cartas conjuntas a 25 de los aliados democráticos y socios comerciales de Tailandia, en la que instan a los Gobiernos a plantear sus preocupaciones a los líderes tailandeses. Si bien, los partidos de la oposición tailandesa tienen participación en las próximas elecciones, esto no debe interpretarse con que el proceso electoral es libre y justo, señalan en la carta.

«Se acercan las elecciones en Tailandia, y los Gobiernos democráticos de todo el mundo deberían dejar en claro a los dirigentes tailandeses que violar los derechos y libertades fundamentales del pueblo tailandés tendrá consecuencias», declaró John Sifton, director de defensa política en Asia de HRW. «Unas elecciones celebradas con un sistema profundamente defectuoso y en una atmósfera de miedo no tendrán legitimidad democrática.

El proceso electoral se desarrolla bajo el marco de la Constitución de 2017, redactada por una comisión nombrada por la junta, que arrebató el poder en 2014 a un gobierno electo de forma democrática mediante un golpe militar en 2014. Las disposiciones de la Constitución de 2017 afianzan el poder militar a expensas del gobierno civil, entre otras cosas, se reserva a la junta el derecho a nombrar a los miembros del Senado, la Comisión Electoral, el Tribunal Administrativo y el Tribunal Constitucional de Tailandia.

La Cámara Baja del Parlamento tailandés, compuesta de 500 escaños, es elegida por votación. No obstante, los 250 senadores fueron nombrados por la junta, en gran medida leal al actual primer ministro, general Prayut Chan-ocha, que lideró el golpe de 2014 y que ahora es candidato para otro mandato.

Según el sistema constitucional, los miembros de la Cámara Baja designan a un candidato para el cargo de primer ministro. Sin embargo, con la votación de los 250 senadores, que no son elegidos, además por los 500 escaños de la Cámara Baja, un candidato necesita casi la totalidad de los 750 escaños combinados de la Cámara Baja y el Senado, es decir, necesita 376 votos para ser electo.

Como resultado, los partidos pro-militares solo necesitan 126 de los 500 escaños de la Cámara Baja para sumar los 250 escaños del Senado y elegir un candidato. En 2019, todos los senadores tailandeses apoyaron a Prayut a pesar de que el partido pro-militar Phalang Pracharat, que postuló a Prayut, no obtuvo el mayor número de escaños en la Cámara Baja.

Por el contrario, los partidos políticos opositores necesitan casi el triple de votos, es decir 376 escaños de los 5oo que se disputan democráticamente, para tener posibilidades de que su candidato salga electo. Los senadores de mayor rango han declarado en repetidas ocasiones que podrían ignorar los resultados de las elecciones de la Cámara Baja y votar por Prayut, quien los nombró para el cargo.

La carta de los grupos de la sociedad civil se envió a Gobiernos democráticos de todo el mundo, incluidos los miembros del G7, Gobiernos democráticos del G20 y la Unión Europea, que actualmente negocia un acuerdo de libre comercio con Tailandia.

Los Gobiernos aludidos deben dejar en claro a las autoridades tailandesas antes de las elecciones que supervisarán el proceso de formación del nuevo gobierno, señaló Human Rights Watch. Los autores añadieron que deben declarar públicamente que los esfuerzos por tergiversar los resultados de las elecciones, como dar instrucciones a los senadores para que voten a un candidato en específico o anular de otra forma los resultados electorales, tendrán efectos en las relaciones bilaterales y multilaterales.

Además de los defectos estructurales del Parlamento, la atmósfera política de Tailandia sigue restringiendo seriamente los derechos humanos. Desde julio de 2020, las autoridades tailandesas han procesado penalmente a más de 1800 activistas prodemocráticos, partidarios de la oposición y críticos del Gobierno por expresar sus opiniones o por participar en manifestaciones políticas pacíficas. Es más, entre los acusados hay más de 280 niños, y 41 tienen menos de 15 años.

Las autoridades consideran una traición las convocatorias a la reforma de la monarquía y usan graves disposiciones penales para procesar a estudiantes y activistas a favor de la democracia que piden la reforma. La Comisión Electoral prohíbe cualquier referencia política en las campañas electorales y ha amenazado con disolver partidos y procesar a los representantes y candidatos de partidos por cualquier violación de esta norma. En noviembre de 2021, el Tribunal Constitucional dictaminó que criticar a la monarquía se consideraría un acto de traición.

Los activistas afirman que los Gobiernos aludidos deben insistir a las autoridades tailandesas para que liberen a los disidentes encarcelados y retiren los cargos contra miembros de partidos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas prodemocráticos detenidos por el Ejército por el ejercicio pacífico de sus derechos civiles y políticos. Además esperan que las autoridades pongan fin a la censura de los medios, que se comprometan con acabar con el autoritarismo digital y permitir la libertad de expresión. Esto incluye anular o imponer moratorias a la abusiva ley de lesa majestad (insultos a la monarquía), la ley de delitos informáticos y la ley de sedición

«Los Gobiernos de alrededor del mundo no van a considerar que el próximo gobierno tailandés sea elegido de forma democrática a menos que el gobierno actual resuelva los fallos fundamentales del proceso electoral de Tailandia», afirmó Sitfon. «Restablecer las normas civiles significa restablecer los derechos humanos del pueblo tailandés».