Captura de pantalla del avance de la película [1] «Shop 24″ en YouTube, basada en la historia sobre la esclavitud ocurrida en Golyanovo.
El «Centro Conmemorativo de Derechos Humanos [2]«, la ONG «Rusia Encarcelada [3]«, que se ocupa de los derechos humanos en las cárceles rusas, y la «Fundación Casa Segura [4]«, que trabaja en el ámbito de la prevención de la trata de personas en Rusia, han presentado un informe conjunto al Consejo de Derechos Humanos sobre la trata de personas y la explotación de presos en el país, así como el trabajo forzado al que se ven sometidos.
A finales de 2023, está previsto que un grupo de trabajo del Consejo evalúe a Rusia. En función de los resultados, el Consejo de Derechos Humanos aprobará una lista de recomendaciones para el país evaluado.
Global Voices tradujo el informe conjunto [2] presentado al Consejo. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más destacados.
Trata de personas y trabajo forzado
La reticencia del Gobierno a responder sobre la trata de personas parece ser resultado de discriminación interseccional que se vive en Rusia. Quienes sufren discriminación son mayormente mujeres y migrantes, que ya de por sí son quienes más luchan por encontrar justicia. Rusia no ha promulgado una ley general contra la discriminación a nivel estatal. Además, las autoridades suelen negarse a investigar las denuncias de trata de personas, por motivos formales y ficticios.
Así, en el mediático caso de las esclavas de Golyanovka (el Centro Conmemorativo representa los intereses presentados por las mujeres rescatadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), en el que las autoridades protegieron abiertamente a los propietarios de las tiendas que abusaban de las inmigrantes e ignoraron las denuncias de las mujeres explotadas por ideas falsas y estereotipadas sobre las trabajadoras inmigrantes de los países de Asia Central.
En octubre de 2012, activistas rescataron a 11 mujeres migrantes de Kazajistán y Uzbekistán del sótano de una tienda en el distrito moscovita de Golyanovo [5]. Después, se descubrió [6] que también había trabajadoras cautivas en otras tiendas de calles vecinas, todas propiedad de la misma familia.
Según la denuncia [7] que el Centro Conmemorativo presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2016, las mujeres fueron sometidas a esclavitud y obligadas a trabajar gratis durante casi 21 horas al día bajo constantes amenazas de violencia, incluida violencia sexual. A las mujeres no se les permitía salir de las habitaciones traseras de las tiendas. Además, eran privadas de alimentos, les restringían del horario para dormir y las golpeaban con frecuencia. Las trabajadoras dormían en el suelo por un máximo de cuatro horas al día y no tenían acceso a servicios higiénicos, productos de higiene ni atención médica. Al menos tres de las mujeres eran menores de edad.
A pesar de que se inició una causa penal luego [8] de que se dio a conocer, se canceló. La fiscalía se negó repetidamente a reabrir el caso por «falta de pruebas». Esto ocurrió a pesar de que las autoridades sabían lo que estaba ocurriendo desde al menos 2002, cuando uno de los acusados fue condenado por torturar a empleados de la tienda. Los vecinos del distrito también informaron a los policías de las violaciones cometidas en la tienda en 2008. La Policía devolvió a las mujeres que lograron escapar [8]. Todas quedaron embarazadas como consecuencia de la violencia sexual —los embarazos se citaron como prueba de su consentimiento— y una mujer se sometió a un aborto ilegal bajo coacción. Según el Centro Conmemorativo, otra sobreviviente [9] pudo escapar de la esclavitud en 2017.
Las autoridades afirmaron que las mujeres «aceptaron» viajar a Rusia para trabajar en las tiendas, que «no fueron encadenadas ni privadas físicamente de la oportunidad de marcharse» y el fiscal indicó que tenían «cónyuges de derecho consuetudinario» (los hombres que las violaban en repetidas ocasiones) que «podían protegerlas».
La película estrenada [10] en 2022, llamada «Grocery Store 24 [10]«, relata lo ocurrido en el caso y expresa que hasta la fecha nadie ha sido castigado por lo ocurrido.
Los artículos del Código Penal ruso que prohíben la trata de personas y el uso de mano de obra esclava, no se ajustan a las normas internacionales. El código no estipula que las víctimas no puedan consentir su explotación. Por lo tanto, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley creen que la trata de seres humanos o el trabajo forzado solo se producen cuando se retiene físicamente a una persona. En consecuencia, el «pseudconsentimiento» dado u obtenido bajo presión por las menores libera de responsabilidad a los autores. Esto fue lo que ocurrió con el caso de Golyanovo.
Los rescatados que son inmigrantes ilegales con frecuencia son deportados, lo que dificulta aún más la investigación de los delitos cometidos.
El Estado no contribuye a prevenir la trata de personas
Rusia no ha adoptado una ley marco sobre la prevención de la trata de personas que permita consolidar las medidas necesarias. No existen investigaciones adecuadas, no hay agencias ni establecimientos para mantener las estadísticas sobre la trata de personas, y tampoco se organizan campañas de información para su prevención. No se imparten cursos de formación frecuentes para autoridades que se ocupan de combatir la trata de personas, y las autoridades rusas tampoco cooperan con las ONG para evitar la trata de personas, sino que complican esta labor con leyes que protegen a los niños de la «información dañina», a la ley sobre los agentes extranjeros y a otras medidas represivas contra las ONG.
Las autoridades rusas han establecido además la responsabilidad penal por ayudar a «inmigrantes ilegales», y tipifican como delito dar asilo o asistencia a personas que se considera que están en Rusia ilegalmente.
Falta de protección para las víctimas
Las autoridades rusas no apoyan la creación de un marco legislativo y administrativo para proteger a las víctimas de la trata de personas. La legislación rusa no define el término «víctima», según el artículo 42 del Código Penal, una persona solo puede ser considerada víctima tras abrirse una causa penal. Esto contribuye a que la trata de personas permanezca invisible.
La legislación rusa no establece asistencia médica, psicológica ni material para las víctimas de la trata, no existen refugios ni centros de acogida temporal. Los Centros Estatales que acogen a personas en situaciones de vida difíciles exigen estrictos requisitos que muchos no pueden cumplir: tener un documento de identidad válido, un estado migratorio permanente, dar negativo en las pruebas de detección de enfermedades, etc.
Además, las autoridades castigan regularmente a las víctimas de trata por acciones ilegales que se vieron obligadas a cometer mientras eran objeto de trata, como prostitución, presencia ilegal en el país o tráfico de drogas. Muchas personas son detenidas o expulsadas sin comprobar si hay indicios de trata de personas
Violencia contra víctimas de trata de personas
La violencia es un elemento inherente a la trata de personas, ya que los delincuentes utilizan la fuerza, las amenazas, la intimidación y otras formas de coacción para controlar y explotar a sus víctimas. La violencia sexual y reproductiva es una forma de explotación y también un medio de control. El sexo, la edad y la situación migratoria de las víctimas de trata se utilizan como una forma para desacreditar sus denuncias de violencia.
El Estado no ofrece protección a los hijos de las mujeres víctimas de la trata, que a menudo sufren violencia física y psicológica que pueden ocasionar consecuencias de salud a largo plazo.
Fallas a nivel investigativo
Los policías suelen mostrar actitudes discriminatorias y despectivas hacia las posibles víctimas de la trata. Los casos de trata de personas suelen clasificarse erróneamente como otros delitos; entre otros, participación en prostitución, organización de la prostitución, violencia sexual, encarcelamiento ilegal o secuestro.
Se estima que la magnitud de la trata de personas en Rusia oscila entre 794 000 y más de un millón de personas. Desde 2018 hasta mediados de 2022, 16 personas en promedio fueron condenadas anualmente por trata de personas y dos por trabajos forzados. La mayoría de las sentencias no mencionan la explotación de los inmigrantes.
Sobornos a policías para ignorar delitos por trata de personas
Los autores del informe conocen casos en que policías explotaron sexualmente a víctimas como «pago» por no implicarse en el caso. En la mayoría de los casos, estas acciones no reciben sanción alguna. También existen pruebas en los medios de que militares explotaron a mujeres durante la invasión rusa de Ucrania. Algunas mujeres denuncian una práctica similar a la esclavitud sexual, cuando mantenían relaciones sexuales con los soldados contra su voluntad.
El informe también destaca la explotación laboral de los presos y las terribles condiciones de su trabajo. Todas las recomendaciones y observaciones pueden consultarse en el sitio web del Centro Conmemorativo aquí [2].