Captura de pantalla de la ya desaparecida cuenta de Instagram que apoyaba al presidente Zhaparov. Texto en la foto principal: (Arriba) Los detenidos que perjudican a Kirguistán deberían ser castigados duramente. (Abajo) Personas de Alai apoyan al presidente 24.10.22
Castigar a activistas civiles y a críticos del régimen [1] y usar propaganda y manipulación en redes sociales [2] en su contra se ha vuelto una táctica importante para proteger y reforzar el régimen político del gobierno de turno en Kirguistán desde 2020. A pesar de que oficialmente no existe un partido político progubernamental dominante, el presidente Sadyr Zhaparov ha concentrado [3] el poder en torno a su figura, mientras que el sector de la seguridad nacional está controlado por su amigo y aliado Kamchybek Tashiev [4]. El «dúo de amigos», a diferencia de pares de líderes anteriores, parece ser más duradero [3] y fructífero, particularmente por una combinación astuta de intimidación, vigilancia y censura en las redes sociales por un lado, y por el otro, de propaganda y manipulación a través de varios grupos de apoyo en redes sociales.
Intimidación, vigilancia y censura en las redes sociales
Después de que el Gobierno anunció que cedería el embalse Kempir-Abad a Uzbekistán bajo un acuerdo fronterizo entre ambos países, varios activistas de la sociedad civil, expolíticos y políticos opositores en función fueron detenidos entre el 23 y el 27 de octubre de 2022. En total, 27 personas [1] fueron encarceladas dos meses por criticar públicamente el acuerdo antes de ser juzgadas, incluidas seis mujeres con hijos menores de edad . El régimen de turno usó como excusa el problema de Kempir-Abad para deshacerse [1] también de otras críticas que no tenían ninguna relación con Kempir-Abad.
El embalse Kempir-Abad fue construido [5] en territorio kirguiso en 1983 para regar los campos de algodón. A cambio, la República Soviética de Uzbekistán se hizo responsable de construir un canal de regadío y un embalse para la República Soviética de Kirguistán como “compensación”. Sin embargo, después de la caída del régimen soviético, estas “responsabilidades” quedaron establecidas a pesar de que Uzbekistán seguía usando el agua. Encontrar agua para regar era una fuente de conflicto en la región, puesto que los sistemas de gestión de aguas soviéticos son antiguos y los países enfrentan dificultades en la gestión compartida de los recursos hídricos. Los materiales (protocolos claves) del acuerdo fronterizo con Uzbekistán se mantuvieron en secreto [6] para el público. La ausencia de información de un asunto tan importante como el embalse provocó incertidumbre y enfado en el público. El descontento se avivó más debido a la obvia presión política y posterior destitución del líder del comité parlamentario de Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad y Migración, Chyngyz Aidarbekov, porque se negó a firmar el protocolo [7] de la transferencia de Kempir-Abad. Lo anterior resultó en una reunión pública (Kurultai) [8] encabezada por líderes de oposición y activistas civiles en Uzgen el 15 de octubre de 2022.
Los organizadores exigieron el acceso público a los protocolos y criticaron el acuerdo a través de cuentas en las redes sociales durante el Kurultai [1]. La mayoría de los activistas detenidos integraban el Comité para Salvar Kempir-Abad, que se formó tras la asamblea pública. Los miembros del Comité declararon su intención de celebrar otra reunión nacional pública el 26 de octubre en la capital, Biskek. Los activistas fueron detenidos por intentar organizar una revuelta masiva [9] después de que los servicios de seguridad hicieran públicas tres grabaciones de audio [10] de conversaciones entre algunos de los políticos y activistas cívicos. Otros fueron detenidos por sus publicaciones y videos en las redes sociales [1], principalmente en Facebook. Los detenidos fueron acusados de un presunto intento de derrocar el poder, lo que puede tener un castigo de hasta 10 años de prisión [1] según el Código Penal. Algunos meses antes del problema de Kempir-Abad, muchos blogueros que habían criticado activamente al régimen fueron interrogados [11] por los servicios de seguridad. Esto fue posible después de agosto de 2021 cuando el Parlamento adoptó la llamada ley contra las noticias falsas (Ley de Protección contra la Información Falsa [12]). El nuevo marco legal permitió que las autoridades kirguisas censuraran y atacaran cibernéticamente a los usuarios de las redes sociales, atacaran las oficinas de periodistas de investigación y de blogueros y pusieran en riesgo la libertad de expresión en general.
Propaganda y manipulación en las redes sociales con diversos grupos de apoyo a favor del régimen
El régimen de turno depende cada vez más de numerosos grupos de apoyo como za_sadyr_zhaparov (para Sadyr Zhaparov) y otras granjas de troles [13] en plataformas como Instagram [14], Facebook [15] y Telegram [16] para incitar al odio contra los críticos del régimen y crear un discurso de apoyo público al presidente y a sus políticas y decisiones. El discurso público nacional entre la mayoría de la población rural de habla kirguisa también se moldea mediante manipulación de la información, propaganda, troleo y cuentas falsas por parte de grupos de interés [17] específicos, que usualmente son políticos que financian las granjas de troles. Estos grupos de apoyo “contratados” crean contenido que alaba las decisiones y políticas del régimen actual y difunden esas alabanzas a través de diversas cuentas en las redes sociales, principalmente WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Telegram. Las granjas de troles también escriben comentarios en noticias controversiales en las publicaciones de varias cuentas en las redes sociales. Los comentarios negativos predominan usualmente bajo las publicaciones nuevas de medios independientes como Azattyk, a los que los usuarios también culpan por la supuesta «antidirigencia» contra los líderes kirguisos.
El acuerdo fronterizo reciente entre Kirguistán y Uzbekistán, en el que Kirguistán cedió el embalse Kempir-Abad a Uzbekistán, provocó una serie de protestas a nivel nacional y generó críticas contra el régimen. Teniendo en cuenta el contexto inestable del país, con tres derrocamientos del régimen, el poder de turno estaba consciente del descontento masivo y de los posibles disturbios por el problema de Kempir-Abad, que podría acabar con su mandato. El riesgo de una revuelta masiva en el lugar se vio agravado por la respuesta mal gestionada de las autoridades kirguisas a la agresión militar tayika en Batken y Osh en septiembre de 2022 [18].
Por tanto, durante la crisis de Kempir-Abad, los líderes recurrieron en gran medida a pequeñas asambleas públicas organizadas [19] o a pequeñas reuniones de apoyo al presidente Zhaparov y a su aliado Tashiev, organizadas por varios grupos de interés. Las reuniones realizadas en Ozgon, Tokmok, Alai, Bazar-Korgon, Kara-Suu, Talas, Issyk-Kul, Batken y Biskek fueron grabadas por los organizadores y difundidas a través de cuentas de redes sociales a favor del régimen. En estos videos [20], las personas reunidas critican a los políticos de oposición y a los activistas civiles que fueron detenidos, expresan su apoyo a Zhaparov y Tashiev y se pronuncian en contra de futuros derrocamientos del poder y protestas a nivel nacional. En su discurso, llaman a los activistas detenidos “el buzarlar” (“saqueadores de la nación” o “destructores de la nación” en kirguiso) por ser financiados por países extranjeros (particularmente en referencia a las ONG). Los culpan de anteponer sus propios intereses al interés nacional. También culpan a las fuerzas “extranjeras” por su interés en la inestabilidad política de Kirguistán. Estos videos se utilizan para transmitir la idea de que el público general entiende que hablar contra el Gobierno equivale a ser un peón de las fuerzas extranjeras que intentan derrocarlo.
Las autoridades kirguisas también están utilizando la narrativa de “intereses extranjeros” para aprobar una ley sobre “agentes extranjeros” [21], inspirada en su mayor parte por el modelo ruso. El borrador de la ley está actualmente bajo discusión pública y es probable que se apruebe muy pronto, lo que limitaría la actividad de las ONG en el país.
