Sentencia en Ecuador evidencia el choque entre el apetito global por minerales y la conservación de la biodiversidad

Imagen del Río Apuela en los llanos del Intag, Ecuador

Río Apuela, Intag. Foto Flickr/Andreas Kay (CC BY-NC-SA 2.0)

El 29 de marzo de 2023, las comunidades de Intag, ubicadas en el norte de Ecuador donde hay uno de los bosques con mayor biodiversidad de la Tierra, ganaron una batalla legal muy esperada. Un tribunal ecuatoriano invalidó las licencias de la minera estatal de cobre chilena Codelco y de la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI EP). Para el abogado defendiendo a las comunidades en la corte, Carlos Varela Arias, esta victoria es «histórica».

Esta victoria también forma parte de la creciente tensión en Sudamérica por la creciente demanda de minerales como cobre y litio para alimentar las baterías de nuestros carros eléctricos y el medioambiente. La carrera por descarbonizar nuestra atmósfera junto con el impulso para implementar la energía verde de la industria del automóvil, así como de otras industrias, tiene un precio. La producción de los carros eléctricos requieren seis veces más minerales que otros carros.

Para el abogado Varela, el fallo también es una prueba de que en Ecuador se respeta el estado de derecho. Los jueces dictaminaron que las empresas mineras no habían consultado debidamente a la comunidad antes de iniciar sus actividades, que, además, se consideraban lesivas para los derechos de la naturaleza según la Constitución de Ecuador de 2008. Ecuador reconoce la naturaleza como sujeto de derechos, y según Varela, es una sentencia definitiva porque no existen mecanismos de impugnación.

Durante la rueda de prensa que hubo después de la victoria legal, una representante de las comunidades del Intag, Cenaida Guachagmira preguntó: «¿Para quién es esa transición ecológica?» y añadó: «Me disculpen a mi, pero yo no voy a cambiar por un carro eléctrico de lujo una montaña hermosa que me da de comer todos los días, para que un millonario se sienta en un carro de lujo eléctrico diciendo que cuido a la naturaleza cuando en realidad tuvo que explotarse una mina de cobre en el Ecuador.»

El consenso científico acierta que la biodiversidad y la naturaleza son fundamentales para mitigar el cambio climático. Sin embargo, para muchas personas, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente son polos opuestos. Para ahondar sobre el impacto de esta sentencia sobre estas cuestiones, entrevisté al abogado Varela.

Melissa Vida (MV): ¿Ve esta sentencia dentro del marco de un apetito más y más voraz del «norte global» y de China para la materia prima en América del Sur para nutrir la industria de energía renovable?

Carlos Varela (CV): En efecto, la sentencia del caso Llurimagua se produce en un momento en el que el apetito voraz por minerales metálicos, como el cobre, ha obligado a las empresas mineras a explorar proyectos en lugares que, como Ecuador, se encontraban fuera de las fronteras de la gran minería. En concreto, este renovado apetito por extraer minerales tensiona las fronteras, antes infranqueables, de lugares con ecosistemas megadiversos y condiciones poco propicias para actividades extractivas. Esto pasa en lugares como Llurimagua, que se asienta sobre los andes tropicales, que es nada menos que uno de los hotspots de diversidad más importantes del planeta.

MV: ¿Estos países están preparados para este apetito voraz?

CV: El ingreso agresivo de empresas dedicadas a la minería a gran escala, en países sin experiencia con esa industria, pone a límite la débil capacidad institucional de estos países para regular y controlar una actividad en extremo compleja (desde la perspectiva técnica), lo que – a su vez- genera enormes riesgos sociales y ambientales.

MV: ¿Cómo, según usted, actúan estas empresas para asentarse en estos contextos?

CV: La agresividad de las empresas, que proviene de su desesperación por agilitar el inicio de la explotación de minerales en estos nuevos proyectos, se traduce en estrategias asimismo agresivas para «gestionar» los problemas comunitarios; usualmente orientadas a dividir y amedrantar a las comunidades, así como a generar sistemas clientelares con los que se pretende «intercambiar» el acceso a derechos y servicios públicos por el «apoyo» a los proyectos mineros.

MV: De manera más general, muchos alimentan la narrativa de que hay una tensión entre las soluciones para el clima y la protección de la biodiversidad. ¿Piensa usted que dicha tensión existe?

CV: No soy experto en energías renovables ni en transición energética, pero, sin duda, toda transición que para concretarse requiera incrementar considerablemente la extracción de minerales metálicos generará una fuerte tensión con la necesidad de proteger la biodiversidad y la diversidad genética en el planeta. Especialmente, si para ello se requiere expandir la frontera minera y, consecuentemente, invadir los pocos espacios en los que la naturaleza todavía se desarrolla ajena a la depredación humana (como los remanentes de bosques en los Andes tropicales).

MV: ¿Piensa usted que esta recién sentencia ecuatoriana manda una señal a los demás países de la región?

CV: En efecto, la sentencia envía una fuerte señal a los demás países de la región, así como a los inversionistas extranjeros. En concreto, el mensaje es que, al menos en países como Ecuador, existen comunidades, activistas e instituciones (representados por los jueces) que no están dispuestos a permitir que, a pretexto de la inversión, se vulneren derecho de las comunidades y/o la naturaleza.

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