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Kenia es un país democrático con una población de más de 54 millones de habitantes y una penetración de internet de casi el 50 %. Al igual que muchas naciones en desarrollo, este avance en la era digital es paralelo a un conocimiento inadecuado del derecho a la privacidad. En 2021, una encuesta reveló que cerca del 54 % de la población nunca ha oído hablar del derecho a la privacidad, lo que crea una peligrosa laguna que expone la privacidad de los datos de los ciudadanos a la explotación y violación por parte del Estado.

En este sentido, en los últimos años se ha observado en Kenia una preocupante tendencia a la vigilancia, con ejercicios abierto de recopilación de datos de organismos estatales, y un control desproporcionado de internet y comunicaciones. Este tipo de poder de vigilancia sin control es un símbolo de las tendencias autocráticas subyacentes del Gobierno keniano, y presenta la oportunidad perfecta para que el Estado abuse de los derechos humanos en el ejercicio del control político. El Gobierno suele presentar deshonestamente el derecho a la privacidad como un precio justo a cambio de la seguridad nacional. Por lo tanto, ahora más que nunca es imperativo que los kenianos exijan que la protección de la seguridad nacional no tiene por qué afectar su derecho a la intimidad..

Proyecto de gestión de dispositivos

Un punto clave de la tendencia de vigilancia en Kenia es la integración de un Sistema de Gestión de Dispositivos. A lo largo de varias fechas de enero de 2017, el Gobierno keniano, a través de su Autoridad de Comunicaciones, notificó a todas las redes locales de operadores de telefonía móvil sus planes para instalar un sistema de gestión de dispositivos.

Se ordenó a los tres proveedores de servicios de telecomunicaciones -Orange-Telkom Kenia, Airtel Kenia y Safaricom PLC- que permitieran a la Autoridad de Comunicaciones crear una conectividad entre el sistema de gestión de dispositivos y sus propios sistemas para permitir el acceso a la información de los abonados de su red. La integración de un sistema de gestión ha sido impugnada por agentes de la sociedad civil keniana, preocupados sobre todo por su potencial para vigilar, recopilar y almacenar, entre otros, los registros de datos de llamadas, SMS y datos de transacciones de dinero móvil de los ciudadanos. Es más, Safaricom PLC, el operador de telefonía móvil con mayor cuota de mercado del país, rechazó la instalación de un sistema de gestión y los calificó de «dispositivo de espionaje».

El Tribunal Superior de Kenia dictaminó inicialmente que el sistema de gestión suponía una amenaza para el derecho a la intimidad. Sin embargo, al cabo de una semana, esta sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación, que opinó que el Tribunal Superior se estaba precipitando y que no había pruebas reales de que el derecho a la intimidad estuviera amenazado.

La Autoridad de Comunicaciones ha mantenido que la instalación de un sistema de gestión tiene por objeto espiar a los kenianos. Según la autoridad, las intenciones del Gobierno keniano son abordar los problemas de seguridad nacional, como bloquear el uso de dispositivos móviles ilegales, minimizar el robo de dispositivos móviles, librar el mercado de dispositivos falsificados, detener el fraude de las cajas SIM y mitigar las fugas de ingresos de los operadores móviles de la región. Además, la autoridad sostiene que la integración de un sistema de gestión es necesaria según las obligaciones internacionales de Kenia.

Sin embargo, estas justificaciones son discutibles, ya que los problemas de seguridad nacional citados no son nuevos ni exclusivos de Kenia. En el momento en que se introdujo el sistema de gestión, la Autoridad de Comunicaciones, en colaboración con los operadores de telefonía móvil locales, ya tenía un sistema eficaz para enfrentar el surgimiento de dispositivos falsificados. El país pudo identificar los dispositivos falsificados y bloquear o desconectar millones de dispositivos ilegales. Con esto en cuenta, no queda más remedio que ver las justificaciones de «seguridad nacional» del Gobierno keniano para el sistema de gestión como una falacia de mota castral.

Seguridad nacional vs derecho a la privacidad

Al enmarcar este debate, con frecuencia los Gobiernos promulguen los riesgos de seguridad nacional como amenazas tangibles con el potencial de un daño «real» frente a las amenazas y daños intangibles de las violaciones de la privacidad. La cuestión aquí es que el derecho a la privacidad se describe como un trueque razonable por la seguridad nacional. Cuando la vigilancia se presenta como algo necesario para la seguridad, la violación del derecho a la intimidad no parece tan grave.

Esto trivializa el verdadero efecto de la vigilancia sobre las libertades civiles y los derechos humanos, y la realidad es mucho más sombría. Cuando el derecho a la intimidad se ve fracturado a escala nacional por acciones como la vigilancia, muchos otros derechos humanos se resienten en una especie de efecto dominó. Esto se debe a que los derechos humanos son interseccionales; el derecho a la privacidad respalda el disfrute de otras libertades fundamentales como las de expresión, información y asociación, y diversos derechos de las personas detenidas, como el derecho a no autoinculparse.

Para las comunidades marginadas, como la LGBTQ+, el derecho a la privacidad es literalmente cuestión de vida o muerte, ya que dependen del anonimato para existir con seguridad en línea y fuera de línea. En el caso de las mujeres, existe una correlación directa entre la violación de la privacidad de los datos y la violencia de género en línea. Esto pone en duda que la seguridad nacional pueda existir realmente en una sociedad desprovista de privacidad individual. La naturaleza interseccional de los derechos humanos demuestra que el derecho a la privacidad forma parte integral del pleno disfrute de las libertades civiles en una sociedad democrática. Por lo tanto, no puede sacrificarse sin comprometer todo el entramado de derechos humanos globales.

Consideraciones finales

A medida que Kenia y el resto del mundo (los países en desarrollo en particular) avanzan en la era digital, se hace evidente la necesidad de reforzar el derecho a la privacidad. La sociedad civil keniana avanza hacia la implementación de programas de alfabetización en seguridad digital, un buen ejemplo de lo cual es la colaboración en curso entre Amnistía y la Oficina del Comisionado de Protección de Datos, que en mayo de 2023 concluyó un proyecto piloto de formación en seguridad digital y privacidad de datos para concienciar a los países. Esto requiere que replanteemos el debate sobre el derecho a la privacidad frente a la seguridad nacional para reflejar la necesidad del derecho a la privacidad en nuestros mundos democráticos. Además, debemos ser más escépticos y críticos con las justificaciones para limitar el derecho a la privacidad.

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