En Uruguay, marcha silenciosa sigue preguntándose: “¿Dónde están nuestros seres queridos desaparecidos en la dictadura?”

Miles se congregaron en la Avenida 18 de Julio, Montevideo, en la tradicional «Marcha del Silencio» | Imagen: captura de pantalla TV Ciudad

Cada 20 de mayo por la tarde, miles de personas marchan en silencio por todo Uruguay y la icónica avenida 18 de Julio, en Montevideo. Las manifestaciones se han organizado sin falta desde 1996, salvo durante la pandemia del COVID-19. Su objetivo es conmemorar a los detenidos y desaparecidos bajo la dictadura cívico militar de Uruguay, que gobernó entre 1973 y 1985.

En la “Marcha del Silencio”, la multitud silenciosa sostiene pancartas con las fotografías de quienes aún están desaparecidos, y preguntan dónde están, exigen verdad y justicia al Estado. La marcha está guiada por los familiares de las víctimas y la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa).

Se cree que la marcha de este año, que ha cumplido 28 años, ha sido la mayor de todas hasta la fecha. Según Famidesa, las manifestaciones y eventos se desarrollaron en 77 lugares en Uruguay y el extranjero. Todos exigen: “nunca más terrorismo de Estado”.

Según Famidesa, 197 uruguayos desaparecieron entre 1970 y 1980 a manos de las dictaduras sudamericanas, que trabajaron en colaboración con la Operación Cóndor respaldada por Estados Unidos. 

Rafael Lezama González fue uno de esos desparecidos. Lo secuestraron a los 23 años en Argentina en 1976 y presuntamente fue torturado en el infame centro clandestino conocido como Automotores Orletti. Su madre, Alba González, es actualmente uno de los miembros de la asociación de familiares que aún espera respuestas.

Según informa el periódico La Diaria, en conferencia de prensa la víspera de la marcha de este año, González indicó que el evento era una oportunidad para exigir la verdad que aún se encuentra “secuestrada por las fuerzas armadas” y tener presente las muchas veces que los familiares de las víctimas le pidieron respuestas al sistema policial.

También señaló que los familiares no pueden seguir en una “búsqueda ciega”. Declaró “necesitamos que quien tenga información la entregue. Es urgente romper la cultura del silencio y la impunidad”.

 

Luchas legales por justicia

A diferencia de los juicios realizados en el país vecino Argentina, en 1986 Uruguay aprobó la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta ley, que algunos consideran una amnistía, dificultó la celebración de un juicio contra los militares y policías acusados de participar en los crímenes cometidos durante la dictadura.

En los últimos diez años, hubo luchas legales para poder llevar justicia a las víctimas. En 2010, la Corte Suprema declaró la inconstitucional Ley de Caducidad, y en 2011 se adoptó la ley 18.813, que apunta a “restablecer el pleno ejercicio del poder punitivo del Estado”. En 2013, la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos de los artículos de la nueva ley, pero se revocó esa decisión en mayo de 2023, por lo que la ley 18.813 volvió a tener vigencia.

En marzo de 2023, una oficina del fiscal especial para estos casos logró la condena de un hombre acusado de infligir tortura en un centro clandestino en Canelones, Uruguay. Esta fue la primera sentencia por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

El profesor Pablo Rodríguez Almada, experto en derecho constitucional y derechos humanos, escribió en un medio local sobre las diferencias en los procesos en Argentina y Uruguay desde 1980. Destaca las dificultades pendientes en Uruguay:

Existe una luz de esperanza, porque la sentencia de la SCJ 286/2022, del 10 de mayo de 2022, declaró la constitucionalidad de la Ley 18.831. Esa posición jurisprudencial de la SCJ permitirá que se continúe con la investigación, y determinación y castigo de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar.

Pero la impunidad que se estableció en Uruguay desde el año 1986, año en que se aprobó la ley de caducidad, impidió que se castigara a muchos militares y policías que cometieron los crímenes referidos, porque fallecieron antes de ser condenados, por tanto, para las víctimas de dichos crímenes no hubo ni habrá justicia.

Memoria y margaritas

Desde hace años, los parientes de los desaparecidos han utilizado una margarita sin un pétalo como símbolo. En mayo, mes dedicado a la memoria en Uruguay, estas flores se pueden ver a en todo el país para recordar a quienes siguen desaparecidos.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, no hizo comentarios en la marcha del silencio de este año, aunque el Gobierno tiene previsto presentar un proyecto de ley para hacer públicos los archivos de la dictadura.

Durante su campaña de 2019, Lacalle Pou se comprometió a continuar buscando a los desaparecidos y se lamentó repetidamente de una declaración dada durante su campaña en 2014, en la que apoyaba el cese de la búsqueda de los desaparecidos:

Cuando me preguntan si seguiría buscando a los desaparecidos dije que no y yo no soy quién para ponerme en los zapatos de aquella persona que está buscando a su hijo, nieto o su sobrino y decirle que el presidente de la República y el Estado no lo va a buscar más, porque ese es un tema del corazón. Y ahí cometí un error humano que hasta el día de hoy me pesa.

La fecha del 20 de mayo se escogió para recordar el día en que cuatro uruguayos fueron encontrados muertos en Buenos Aires en 1976. El político Héctor Gutiérrez Ruiz era uno de ellos. Su nieto Santiago Gutiérrez, ahora de 28 años, también está afiliado con el Partido Nacional.

En una charla con El País, Gutiérrez indicó que cree que la causa por los desaparecidos está por encima de los partidos políticos y que le «encantaría que el presidente manifestara pública y abiertamente su posición sobre la causa y que el Partido Nacional, del que es miembro, fuera mucho más enfático, por su historia de resistencia y sacrificio por la democracia».

En Uruguay siguen realizándose diversas reuniones y manifestaciones en memoria de los caídos.

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