Sanciones contra violadores de derechos de la mujer: Un prisma político

República Democrática del Congo: Reunión de sobrevivientes de violaciones que han logrado reintegrarse en sus comunidades se reúnen en una «choza de la paz» cerca de Walungu, Suf Kivu. Fecha desconocida. Por L. Werchick / USAIDDominio público. Uso legítimo.

Australia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea pusieron en marcha un plan de acción coordinado para sancionar a los violadores mundiales de derechos de la mujer con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de este año.

Las sanciones, de tipo Magnitsky, se aplicaron específicamente a entidades y personas implicadas en violaciones de derechos humanos de mujeres y niñas, con el fin de dar prioridad a la seguridad de las mujeres y evitar futuras violaciones. Las sanciones incluían congelación de activos y prohibición de viajar a las personas y entidades implicadas. El plan de acciones coordinadas de marzo se alineó con la agenda de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (WPS), establecida en 2000, y acercó a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea a sus objetivos.

El 7 de marzo, el Consejo Europeo impuso sanciones a nueve personas y tres entidades, incluidos ministros talibanes afganos responsables de decretos de segregación de género, la comisaría de Moscú y las fuerzas armadas rusas acusadas de tortura y violencia sexual y de género, funcionarios del Gobierno que supervisan la violencia sexual y de género como táctica de guerra en Sudán del Sur, y el viceministro del Interior de Myanmar responsable de usar violencia sexual y de género como herramienta de tortura.

El 8 de marzo, tras las medidas de la Consejo de Europa, el ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, anunció sanciones contra cuatro militares de Siria, Sudán del Sur y República Centroafricana responsables de promover y supervisar la violencia sexual y de género en sus respectivas instituciones, además de las instituciones gubernamentales iraníes encargadas de vigilar el código de vestimenta y la autonomía de las mujeres.

Del mismo modo, Estados Unidos también se sumó al esfuerzo y anunció sanciones el mismo día. Estas sanciones eran contra cinco personas, funcionarios de prisiones iraníes implicados en actos de violencia sexual y de género, el director técnico iraní de Asuntos del Ciberespacio, el adjunto de la Fiscalía General responsable de la censura y mandos vinculados a la represión violenta de protestas. Entre las entidades perseguidas figuran empresas de adquisiciones asociadas al Mando de las Fuerzas del Orden y a las fuerzas de seguridad de Irán.

El 20 de marzo, como parte de la respuesta mundial, Australia anunció sus propias sanciones contra 14 personas y 14 entidades implicadas en violación de los derechos de la mujer. Entre los sancionados figuran miembros de la Policía de la Moralidad y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, responsables de reprimir las protestas de las mujeres, y altos funcionarios implicados en la detención, el encarcelamiento y los malos tratos a Mahsa Amini, cuya muerte desencadenó las primeras protestas..

Examen de la efectividad de las sanciones para fortalecer a mujeres y niñas

Usar sanciones individuales por violaciones de derechos humanos es una novedad reciente, introducida en Estados Unidos en 2016 y en la Unión Europea en 2020. La eficacia de este enfoque depende de los esfuerzos coordinados entre los países. Aunque Australia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en sus objetivos contra Irán, existen discrepancias en los objetivos contra otros países. La Unión Europea se centra en Myanmar, mientras que Reino Unido se une a Siria y Sudán del Sur, mientras que Reino Unido se centra únicamente en República Centroafricana. Estas incoherencias suscitan preocupación sobre el impacto y la eficacia de estas sanciones para disuadir de futuras violaciones de derechos humanos.

Además, existe la preocupación de que estas sanciones puedan aislar involuntariamente a las víctimas de la violencia sexual y de género porque afectan su acceso a la ayuda exterior. El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Wopke Hoekstra, declaró en un comunicado de prensa el 7 de marzo de 2023 que «las sanciones son una forma poderosa de defender los valores universales y forzar el cambio internacional». Este tipo de declaraciones, que enmarcan las sanciones como representativas de «valores universales», pueden estar sujetas a diversas interpretaciones y tal vez percibirse como neocolonialismo o injerencia externa, o presión que refuerza la dinámica de poder entre países, lo que puede tensar las relaciones diplomáticas y obstaculizar las iniciativas humanitarias.

Una narrativa más eficaz consistiría en destacar los principios del derecho penal internacional que prohíben la violencia sexual y de género. En lugar de imponer los valores occidentales a otras naciones, los responsables políticos deberían dar prioridad a la defensa de los principios jurídicos universalmente aceptados en lugar de promover su propia agenda cultural o ideológica. Tal vez un enfoque más eficaz para lograr cambios tangibles en la vida de las mujeres de los países afectados sería centrarse en dar ayuda humanitaria y apoyar proyectos que preserven la autodeterminación y la autonomía de mujeres y niñas de esas regiones.

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Mapa del mundo que muestra un índice compuesto sobre la violación de mujeres en 2018. El color va del blanco al rojo, el blanco indica «La violación no es un problema importante en esta sociedad» y el rojo indica «La violación es endémica en esta sociedad». El gris significa que no hay datos. Imagen de Sette-quattro, Usada con licencia (CC BY-SA 4.0).

Omisiones claves

Si el objetivo de las sanciones es mejorar el bienestar de mujeres y niñas, es difícil pasar por alto las graves omisiones o lagunas de la acción coordinada en marzo de 2023.

Las sanciones pasaron por alto a los líderes yemeníes hutíes a pesar de su uso de violencia sexual y de género como táctica de guerra y de sus crecientes restricciones a los derechos y la autonomía de las mujeres desde 2014, similares a las del Talibán. Estas restricciones incluyen limitaciones a la libertad de movimiento, de vestimenta, de acceso a espacios públicos y de salud reproductiva. Aunque las políticas de los hutíes fueron documentadas y criticadas por expertos en derechos humanos de Naciones Unidas en una carta dirigida a los líderes hutíes, no se incluyó a ninguna persona o entidad en las sanciones de marzo. Aunque Estados Unidos apuntó a Irán por financiar a los rebeldes hutíes, las sanciones no mencionaban específicamente las violaciones de los derechos de la mujer.

Una omisión similar hubo con Somalia. A pesar de soportar décadas de una guerra civil devastadora, las mujeres y las niñas siguen sufriendo violencia sexual y de género flagrante. Las mujeres y niñas desplazadas internas son especialmente vulnerables cuando recorren largas distancias para recoger agua para ellas y sus familias. En la capital, Mogadiscio, se han documentado casos de violación por parte de soldados del Gobierno.

Más al sur, en República Democrática del Congo, mujeres y niñas también enfrentan un destino similar. La milicia Mai-Mai, en particular, ha empleado violencia sexual y de género como táctica o herramienta de guerra. Sin embargo, no se han impuesto sanciones a personas ni entidades.

Catar es otra omisión notable en las sanciones. A pesar de algunos avances realizados por grupos de la sociedad civil en Catar, con un 9,8 % de representación femenina en el Parlamento, el país sigue aplicando políticas discriminatorias que defienden la tutela masculina, lo que restringe gravemente la autonomía de la mujereen ámbitos como matrimonio, educación, empleo, viajes y salud reproductiva. Además, la violación se considera generalmente como sexo prematrimonial, y las víctimas pueden ser condenadas a siete años de prisión. También se reprime cualquier acción de protesta de las activistas feministas, como el caso de Noof al-Madeed, que presuntamente fue objeto de violaciones generalizadas de sus derechos civiles y humanos por parte de las autoridades.

Determinar los criterios de las sanciones

Las principales omisiones en la aplicación de las sanciones plantean interrogantes sobre los criterios utilizados, y es importante examinar los factores que pueden haber influido en estas decisiones. Es posible que se hayan tenido en cuenta consideraciones como los avances de un país en materia de derechos de la mujer, la aplicación de un plan de acción nacional sobre la mujer, la paz y la seguridad, el nivel de activismo feminista y la verificabilidad de las denuncias de violencia sexual y de género. Los criterios usados siguen sin estar claros.

Otros factores políticos podrían haber tenido un papel en la determinación de las personas y entidades objetivo, por ejemplo, los acuerdos comerciales existentes, la preocupación por los poderosos intereses petroleros -especialmente a la luz de la invasión rusa de Ucrania, las complicaciones de las guerras indirectas, el temor a desestabilizar regiones ya en guerra civil, o incluso la falta de interés de las sociedades civiles occidentales en regiones de toda África.

En general, la falta de un marco claro y transparente para determinar las sanciones destaca la necesidad de una mayor claridad, responsabilidad y consideración de los factores que determinan las políticas de sanciones en Occidente.

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