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Imagina tener que esperar casi un año para volver a casarte. Este fue el caso en Turquía hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó el 27 de junio que el período de espera de 300 días violaba el artículo 8 (el derecho al respeto por la vida privada) y el artículo 14 (prohibición de discriminación), en conjunto con el artículo 12 (el derecho a casarse) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Este requisito del período de espera, que se remonta a la legislación islámica de la sharía en la era otomana, y está codificado en el artículo 132 del Código Civil turco, se conoce como «iddet» y se impuso originalmente para evitar disputas de filiación paterna.

Los hombres no tienen este mismo período de espera.

El período puede ser revocado si la mujer acepta someterse a un examen médico para demostrar que no está embarazada o si se vuelve a casar con su exmarido. El período también termina si una mujer da a luz. Esto, según el reciente fallo del TEDH, “no cumplía con ninguna necesidad social apremiante, no era proporcional a los objetivos legítimos perseguidos y no se justificaba por motivos suficientes y pertinentes”. El fallo tampoco consideró ni “necesario” ni “objetivamente justificado” en una sociedad democrática y dijo que “constituía una forma de discriminación directa por sexo”.

Habibe Yılmaz Kayar, abogada fundadora del Centro de Apoyo Legal para Mujeres que representó a la demandante en el caso del TEDH, dijo que la decisión fue un gran paso para proteger los derechos de las mujeres divorciadas y garantizar la igualdad de género en Turquía. La abogada independiente Özgecan Sırma, que declaró que la existencia de la disposición dentro del marco legal de Turquía es una «rareza legal», señaló que, aunque la decisión del TEDH fue una «novedad positiva», llegó «demasiado tarde» y con daños para la reputación internacional del país.

Dado que esta es una decisión preliminar, todas las partes involucradas tienen tres meses para solicitar una decisión final. Una sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es legalmente vinculante para el Estado demandado.

Nuray Karaoğlu, presidenta de KA.DER, organización que apoya la representación igualitaria de las mujeres en todos los rubros, consideró que la decisión «fue un momento clave» y que al «implementarla eliminaría las prácticas discriminatorias basadas en restringir la libertad de las mujeres de casarse y fortalece la igualdad de género en la sociedad”.

Las mujeres bajo el liderazgo del AKP

El Partido Justicia y Desarrollo (AKP) ha adoptado una serie de controvertidas posturas contra la igualdad de género en los últimos años. El partido gobernante ha propuesto limitar el derecho al aborto, la pastilla del día siguiente y las cesáreas. Si bien las interrupciones del embarazo continúan siendo legales en Turquía hasta la décima semana y hasta la vigésima en casos de riesgo médico, encontrar hospitales que hagan el procedimiento se ha vuelto prácticamente imposible.

En 2014, el presidente Recep Tayyip Erdoğan acusó a las feministas de no entender la maternidad. Se informa que, en una cumbre en Estambul, dijo, “Algunas personas pueden entenderlo, otras no. No se puede explicar esto a las feministas porque no aceptan el concepto de maternidad”. También dijo que la igualdad de género va “contra la naturaleza humana” y que las mujeres trabajadoras eran “deficientes”. En enero de 2023, el organismo religioso estatal de Turquía, que ha tenido en la mira a las mujeres, dijo que no pueden viajar solas.

Antes de las elecciones, el AKP y su líder formaron alianzas con numerosos partidos que buscaban desmantelar los derechos de las mujeres en el país, incluido el levantamiento de la Ley 6284, que protege a las mujeres contra la violencia doméstica.

Según el Informe del Índice Global de Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial, Turquía ocupó el puesto 124 entre los 146 países estudiados. Aunque el país ha avanzado desde 2021, cuando ocupó el puesto 133, ha habido un descenso general desde 2006, cuando Turquía ocupó el puesto 105.

Con las elecciones generales ya concluidas, la perspectiva de cambio en los derechos de la mujer no se ve prometedora. Según Gizem Gül Kurekçi, miembro del SOL Parti (Partido de Izquierda) y su Movimiento Feminista de Izquierda, a las mujeres de Turquía les esperan tiempos difíciles. En una entrevista con la plataforma de noticias en línea Aposto, Kurekçi dijo que abundan las dificultades, desde derechos de pensión alimenticia y matrimonio prematuro hasta intentos de excluir a las mujeres de los lugares de trabajo. El gobierno de derecha recién formado “tratará de borrar a las mujeres”, dijo Kurekçi al periódico.

De los 17 cargos ministeriales en ese gobierno, solo uno lo ocupa una mujer, y ella esta a cargo del Ministerio de Familia y Servicios Sociales. De los 600 parlamentarios recién electos, solo 121 son mujeres.

Las mujeres en Turquía, de acuerdo con las estadísticas estatales más recientes, ya van muy por detrás de los hombres en lo oportunidades laborales. La tasa de participación en la fuerza laboral, calculada combinando la población activa y la población desempleada o en busca de empleo, es del 70,3% para los hombres y del 32,8% para las mujeres. Mientras que el 10,7% de los hombres están desempleados, esta tasa se eleva al 14,7% para las mujeres.

“Sospecho que la presión contra las mujeres solo aumentará”, dijo Berfu Şeker de la organización no gubernamental Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres – Nuevos Caminos. «A lo largo de su tiempo en el Gobierno, el gobernante Partido Justicia y Desarrollo intentó representar a las mujeres como cuidadoras de familias. Que hombres y mujeres nunca fueron iguales. Que no pueden dejar a sus familias para ser profesionales. Asimismo, la violencia contra la mujer es otro tema. El retiro de Turquía del Convenio de Estambul es una grave amenaza para los medios de subsistencia de las mujeres”, explicó Şeker en una entrevista para la emisora en idioma turco COSMO. 

Canan Güllü, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Turquía (TKDF), está de acuerdo. En una entrevista con el servicio en idioma turco de Voice of America, Güllü enfatizó cómo, a lo largo de los años, el Gobierno no tuvo políticas que fortalecieran los derechos de la mujer y, en cambio, se resistió a los intentos de garantizar la igualdad de género, y cambió el nombre del Ministerio de la Mujer y la Familia varias veces durante el proceso.

El Ministerio de Estado responsable de la mujer y la familia se cerró en 2011 y fue reemplazado por el Ministerio de Familia y Políticas Sociales. Desde entonces, muchas organizaciones de derechos de la mujer han hecho campaña para crear un ministerio independiente responsable por los derechos de la mujer sobre la base de que no era correcto ver a las mujeres y las familias como entidades iguales. Uno de los lemas populares desde entonces ha sido: “No somos una familia, somos mujeres”, pero para el presidente Erdoğan, quien en ese momento se desempeñaba como primer ministro, este no era el caso. En respuesta a una campaña de recolección de firmas de 2011 que pedía la revocación de su decisión de cerrar el ministerio, Erdoğan dijo, “Somos un partido democrático conservador. La familia es importante para nosotros”.

El nombre del ministerio ha cambiado cinco veces desde su creación, lo que refleja la dinámica social y política cambiante del país. Las dos versiones más recientes se implementaron en 2018, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se fusionó con el Ministerio de la Familia, y se convirtió en el Ministerio de la Familia, Trabajo y Servicios Sociales. En 2021, se separó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y desde entonces se le conoce en su formato actual: el Ministerio de Familia y Servicios Sociales.

Como ya ha sucedido, el cambio de nombre de 2021 generó críticas de políticos y organizaciones de derechos de la mujer por igual. Argumentaron que el Gobierno, que sacó al país del Convenio de Estambul y declaró que hombres y mujeres no son iguales, no puede producir políticas positivas para la igualdad de género y la mujer.

“En lugar de resolver los problemas de las mujeres, [el enfoque del Estado] se ha centrado en proteger a la familia [en su lugar]”, escribió la analista Menekşe Tokyay. De igual modo, en lugar de luchar contra la violencia masculina, el Estado está discutiendo los derechos de pensión alimenticia y sugieren que las mujeres se reconcilien con sus parejas [abusivas].

Incluso el concepto estatal de “valores familiares” es problemático. El AKP considera a las familias como hogares nucleares cerrados, donde las mujeres no son iguales a los hombres, donde a menudo están condenadas a funciones tradicionales y deben tener un mínimo de tres hijos. La violencia contra la mujer, la pedofilia, el abuso infantil y otras injusticias con frecuencia se encubren, descartan, o definen como casos aislados.

En 2016, miembros del partido gobernante sugirieron un nuevo proyecto de ley que permitiría a los autores de abusos sexuales contra niños salirse con la suya si accedían a casarse con la víctima. El proyecto de ley se descartó después de la indignación pública. El mismo año, el exministro de Justicia Bekir Bozdağ se preguntó, “Que tan correcto era que el Estado, la Policía, los soldados, los jueces, los psicólogos, los trabajadores sociales y los expertos se interpusieran entre un hombre y una mujer en casos de violencia y discrepancias domésticas”. En 2018, Erdoğan arremetió contra los medios por su cobertura de la violencia doméstica: “Las transmisiones de televisión se han pasado con este tema. Hago un llamado a los medios aquí: Por favor, corten este tipo de transmisiones. De lo contrario, llevarán a esta nación al límite”.

Según el académico Hikment Kocamaner, las “políticas relacionadas con la familia del AKP […] refuerzan y restablecen una estructura social patriarcal en la que las mujeres están confinadas en sus hogares para cumplir con sus papeles reproductivos, de crianza y de cuidado en lugar de participar en la esfera pública como personas económicamente independientes y autosuficientes”.

Convenio de Estambul

El 1 de julio de 2023 se cumplieron dos años desde que Turquía se retiró del Convenio de Estambul. Según la documentación y el seguimiento de las organizaciones locales de derechos de las mujeres, desde que Turquía se retiró, más de 600 mujeres han sido asesinadas por hombres en Turquía y más de 400 mujeres han muerto en circunstancias sospechosas. Estas cifras preocupantes contradicen las promesas del Estado hechas en 2021 cuando anunció su decisión de retirarse del convenio. En ese momento, el director de la Dirección de Comunicaciones, Fahrettin Altun, enfatizó que la legislación existente en Turquía era suficiente para prevenir la violencia contra las mujeres:

With these regulations that we made in our domestic law, we strengthened our legal infrastructure in terms of ‘combating violence against women’. From now on, we will implement new regulations to consolidate further the rights that our women have gained with a much more dynamic perspective. Our government will work with all its strength to end violence against women and to further empower women's place in social life.

Con estas normas que implementamos en nuestra legislación nacional, fortalecimos nuestra infraestructura legal en términos de ‘combatir la violencia contra la mujer’. De ahora en adelante, implementaremos nuevas normas para consolidar aún más los derechos que nuestras mujeres han ganado con una perspectiva mucho más dinámica. Nuestro Gobierno trabajará con todas sus fuerzas para poner fin a la violencia contra las mujeres y empoderar aún más el lugar de las mujeres en la vida social.

Esta declaración también se produjo antes de que el gobernante AKP hiciera alianzas con partidos ultrarreligiosos y conservadores antes de las elecciones generales de Turquía de 2023. Uno de los partidos ha llamado a cerrar los clubes LGBTQ+ del país y reformar la Ley 6284 de prevención de la violencia contra mujeres y niños.

Se teme que las nuevas enmiendas constitucionales erosionen aún más los derechos de la mujer en Turquía. Según Karaca, el Estado tiene como objetivo “quitar nuestros derechos a la igualdad y la libertad” con las enmiendas propuestas, lo que crea “una oscuridad terrible que afectará a todas las mujeres que viven en este país, sin importar por qué partido votaron, qué creencia, visión del mundo o estilo de vida tengan”.

El 15 de junio, el presidente Erdoğan, repitiendo su declaración de octubre de 2022, prometió la introducción de una nueva “constitución civil, liberal e integral que será adoptada por todos los segmentos” y garantizaría los derechos y libertades de los ciudadanos.

Antes de las elecciones, el Gobierno propuso enmiendas a ciertas secciones de la Constitución. Los cambios sugeridos al artículo 24, que regula la libertad de religión y de conciencia, con relación a los velos. Si se adopta, el derecho de las mujeres a usar un velo se convertiría en un derecho constitucional que las salvaguardaría contra la discriminación religiosa en cualquier ámbito, incluidos los sectores público y privado. Otras enmiendas propuestas al artículo 41, que sirve para proteger a la familia y a los niños, piden que el término “cónyuges” se refiriera explícitamente a un “hombre y una mujer”, de acuerdo a la creciente narrativa anti LGBTQ+ del Estado.

En enero de 2023, 171 organizaciones de mujeres y LGBTQ+ criticaron las enmiendas propuestas por considerarlas “discriminatorias y expresamente contrarias a los principios de igualdad y secularismo de la Constitución” en un país donde la mujer ya “sufre discriminación y violencia masculina tanto en público como espacios privados por ser mujer”. El grupo también criticó al Estado por no abrir las enmiendas propuestas a una discusión pública o buscar la opinión de ninguna organización de mujeres:

Article 24: The proposal, in its current form, is a mere manifestation of the domination men try to establish over women’s body; an indication of the patriarchal mentality that seeks to exclude women from public space and strip them off of their status as subjects of rights by imposing norms and exerting pressure to dictate what women should and should not wear.

Artículo 24: La propuesta, en su forma actual, es una simple manifestación de la dominación que los hombres pretenden establecer sobre el cuerpo de la mujer; un indicio de la mentalidad patriarcal que busca excluir a las mujeres del espacio público y despojarlas de su condición de personas con derechos, les imponen normas y presionan para dictar lo que las mujeres deben y no deben vestir.

Si bien el reciente fallo del Tribunal Europeo es un paso en la dirección correcta, muchos otros pasos se deben de tomar para mejorar los derechos de la mujer en Turquía, no solo para que las respeten, sino para que la sociedad en su conjunto esté representada, respetada y protegida.