El Gobierno de Singapur ha presentado la aplicación TraceTogether para su iniciativa de localización de contactos. Captura de pantalla del vídeo GovSG. Foto de EngageMedia

Este artículo editado del doctor James Gómez se publicó originalmente en EngageMedia, organización sin fines de lucro dedicada a medios, tecnología y cultura, y reproducimos una versión editada como parte de un acuerdo para compartir contenidos con Global Voices. Este artículo forma parte de una serie sobre el impacto duradero de la crisis de la COVID-19 sobre los derechos digitales y cuenta la historia continuada del autoritarismo digital en Asia-Pacífico.

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Singapur impulsó mucho el uso de la tecnología de vigilancia. El Gobierno promovió aplicaciones de rastreo y otras herramientas de vigilancia como solución principal a la crisis sanitaria. Este artículo sostiene que el Gobierno usó el COVID-19 para legitimar la ampliación de la infraestructura de vigilancia. Con la preocupación por el riesgo para la salud, el Gobierno pudo-sin enfrentar resistencia alguna- poner a sus ciudadanos bajo el ámbito del autoritarismo digital..

Consolidación de la vigilancia estatal

Incluso antes de la pandemia, Singapur se estaba convirtiendo en un Estado de vigilancia, dedicaba parte significativa de sus recursos a mejorar su capacidad de control. En mayo de 2023, había algo más de 109 000 cámaras de videovigilancia en la ciudad-estado, lo que equivale a casi 18 cámaras por cada mil habitantes. La isla también cuenta con al menos 20 000 puntos de acceso público Wireless@SG. Wireless@SG está gestionado por proveedores de servicios de internet, en su mayoría propiedad del Gobierno. Se ha denunciado que estos proveedores facilitan información personal de sus usuarios al Gobierno.

Además de estas herramientas, que fan mecanismos legales para obtener información y datos de las personas que viven en el país, el Gobierno de Singapur ha adquirido y usado programas espía de última generación contra los críticos del gobernante Partido de Acción Popular. Las fuerzas de seguridad del país tienen «amplias redes para recabar información y realizar tareas de vigilancia y capacidades muy sofisticadas para controlar […] las comunicaciones digitales destinadas a permanecer privadas». Estas capacidades se usaron contra críticos del Gobierno y activistas políticos, como revelan informes y documentos filtrados. Por ejemplo, en 2021, el Gobierno supuestamente intentó usar programas espía para entrar ilegalmente en cuentas de Facebook de dos periodistas singapurenses cuyos artículos suelen ser críticas con el Gobierno..

El uso de herramientas de vigilancia, ya sea legal o no, se permite o facilita mediante disposiciones legales y lagunas jurídicas. El Gobierno tiene la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Protección contra la Falsedad y la Manipulación en Línea y la Ley de Enfermedades Infecciosas. Contienen definiciones imprecisas y subjetivas de términos clave. Por citar un ejemplo, el Tribunal Superior, en el caso Chee Siok Chin y otros contra el Ministro del Interior y otro, estableció el contexto de «orden público» en el que pueden restringirse los derechos. Sin embargo, la interpretación del Tribunal Superior se basa en lo que se considera «interés» público y no en mantener el orden público. Esto da margen al Gobierno para aplicar medidas intrusivas contra las personas aunque tales medidas no contribuyan a mantener el orden público.

Vigilancia estatal en línea

Durante la pandemia, la tecnología de vigilancia desempeñó un papel crucial en las medidas de Singapur contra el COVID-19. El Gobierno se concentró en reducir la tasa de infección al mínimo, mientras restringía y controlaba los movimientos de la población. El Gobierno se concentró en reducir la tasa de infección al mínimo con restricciones y controles de los movimientos de las personas. Esto fue posible gracias a las aplicaciones de seguimiento. Las aplicaciones desarrolladas por el Gobierno, SafeEntry y TraceTogether, se fusionaron en una sola bajo el nombre de TraceTogether.

Al principio de la pandemia, el uso de aplicaciones de seguimiento suscitó dudas entre la población, especialmente preocupada por la violación de su intimidad. Muchos temían que las aplicaciones revelaran su geolocalización y sus movimientos, lo que permitiría al Gobierno evaluar sus hábitos y actividades. Algunos temían que el Gobierno pudiera escuchar conversaciones telefónicas a través de estas aplicaciones. Se temía que las aplicaciones fueran el caballo de Troya del Gobierno para insertar programas espía en sus dispositivos. Estas preocupaciones no eran infundadas, dado el historial de vigilancia estatal de Singapur, combinado con leyes cibernéticas vagas y excesivas y lagunas legales.

Sin embargo, el Gobierno se apresuró a descartar esas preocupaciones, con el argumento de que TraceTogether funciona con tecnología Bluetooth y usa un «apretón de manos digital» para recopilar datos solo cuando un dispositivo se acerca a otros. No usa tecnología GPS, que puede determinar la ubicación real de los dispositivos, ni recoge movimientos en tiempo real..

Estas explicaciones son problemáticas porque se basan en el supuesto de que la tecnología Bluetooth respeta la privacidad. Esto es erróneo, ya que un estudio demostró que TraceTogether puede identificar y localizar a su usuario. La propia tecnología Bluetooth, aunque menos intrusiva, ofrece pocas posibilidades de impedir que el Gobierno acceda a los datos o ataque cibernéticamente el terminal. Al restar importancia al carácter intrusivo de la aplicación, el Gobierno pudo establecer una nueva norma de lo que se acepta públicamente cuando se trata de vigilancia. Además, omitió del debate público las preocupaciones relativas a las lagunas jurídicas y las leyes excesivamente amplias que legalizan la vigilancia masiva en primer lugar.

Normalización de la vigilancia como parte de la vida

El Gobierno de Singapur usó la retórica del bien común para transigir con el derecho a la intimidad, con el argumento de la salud y la seguridad como razones para imponer la aplicación del rastreo. El argumento es que es deber de los buenos civiles sacrificar algunos de sus derechos por el bien colectivo de sus conciudadanos. El Gobierno llegó a usar a trabajadores sanitarios para apoyar esta afirmación, dijo que la aplicación les aligerará la carga a quienes arriesgan su vida por los demás.

A medida que se prolongaba la pandemia, las encuestas mostraban que los singapurenses estaban cada vez más a favor de TraceTogether como solución a la crisis de salud. Esto demuestra que se ha conseguido que muchos singapurenses crean en el uso que hace el Gobierno de la seguridad como justificación de una vigilancia extensiva. La aplicación de TraceTogether normalizó el estado de estar bajo vigilancia y lo convirtió en una parte aceptable de la vida en Singapur.

El Gobierno se aprovechó de la indiferencia y la confianza de los singapurenses y amplió sus redes de vigilancia física y en línea, legales e ilícitas. En febrero de 2022, salió a la luz que el Gobierno de Singapur compró software espía a la empresa israelí QuaDream. Poco después, también en febrero de 2022, la presidenta del opositor Partido de los Trabajadores afirmó en el Parlamento que había recibido una notificación de Apple en la que se le informaba que el Gobierno había intentado instalar spyware en su teléfono móvil.

Tras la pandemia, el Gobierno de Singapur aprovechó continuamente este impulso y la aceptación del público para ampliar su vigilancia. Recientemente se ha introducido el reconocimiento facial en los servicios públicos, incluido el uso de SingPass, aplicación que todos los ciudadanos y residentes pueden usar para acceder a los servicios gubernamentales. La aplicación SingPass incorpora ahora tecnologías de reconocimiento facial, lo que, según el razonamiento oficial, facilitará el acceso a los servicios gubernamentales y a los privados.

En general, la vigilancia ha reforzado una cultura de autocensura y miedo en Singapur que silencia aún más las críticas públicas al Gobierno. Los ciudadanos y residentes de Singapur que viven bajo una vigilancia intensiva tienen cada vez más miedo subconsciente a hablar y son más conscientes de sus acciones en línea y fuera de línea.

La vigilancia constante en Singapur también crea malestar entre sus residentes. La gente puede temer que cualquier mala acción o elección de palabras pueda ser denunciada al Gobierno. Este malestar puede verse exacerbado por la vigilancia lateral, una forma de vigilancia que hacen miembros individuales de la sociedad.

La pandemia normalizó el autoritarismo digital en Singapur. A medida que la pandemia se prolongaba, los singapurenses fueron aceptando cada vez más el hecho de que ser vigilados por el Gobierno a través de sus dispositivos electrónicos y otras formas de vigilancia era en su propio beneficio. Tal aceptación se produjo por el uso del Gobierno de la retórica del bien común, que obliga a los singapurenses y residentes en Singapur a renunciar voluntariamente a sus derechos a la intimidad como una forma de patriotismo. Como resultado, la pandemia moldeó la actitud y la mentalidad favorables de la ciudad-estado hacia la vigilancia estatal.

*James Gómez es director regional del Centro Asiático. Supervisa su investigación basada en pruebas sobre cuestiones que afectan a la región del sudeste asiático.