El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune (izquierda), y el presidente de Túnez, Kais Saeid (derecha), estrechan manos durante la primera visita de Estado del presidente Saied a Argelia en febrero de 2020. Captura de pantalla de un video de CGTN Africa que documenta la visita. Uso legítimo.

Parecen haber quedado muy lejos los tiempos de la década de 1990, cuando Argelia era orgullosamente conocida por tener la «prensa más libre del mundo árabe«. Represiones a la libertad de expresión y dificultades financieras en los últimos 20 años han obligado a cerrar muchos periódicos, como Le Matin, La Tribune y el semanario La Nation. Es más, el clima ya no respalda la libertad. A pesar de derrocar el mandato de 20 años de Abdelaziz Bouteflika en 2019, el camino argelino hacia la democracia quedó pronto truncado por el actual presidente, Abdelmadjid Tebboune.

En junio de 2021, Tebboune introdujo modificaciones al Código Penal en Argelia, amplió aún más la definición de «terrorismo» en el artículo 87. La expansión incluye «trabajar o incitar de cualquier manera para acceder al poder o cambiar el sistema de gobierno por medios no constitucionales» y «dañar la integridad del territorio nacional o incitar a hacerlo, por cualquier medio».

Desde entonces, las autoridades han utilizado este artículo para enjuiciar a cada vez más activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Según organizaciones de derechos humanos, más de 280 activistas y docenas de periodistas están detenidos, en su mayoría por cargos de difamación de políticos o por publicaciones en redes sociales. Además, muchas otras personas han optado por el exilio.

El régimen argelino busca demostrar, con el ejemplo, que puede actuar con dureza. El caso más reciente fue la condena del periodista Ihsane El Kadi en junio de 2023. El Kadi era líder de uno de los últimos grupos de prensa independiente en Argelia, Interface Médias, que incluye Radio M y el sitio web de noticias Maghreb Émergent, y fue condenado por «recibir fondos para propaganda política» y «dañar la seguridad nacional del Estado», con una sentencia de siete años de prisión tras una apelación.

A Interface Médias se le impuso una multa, se le ordenó cerrar y se confiscaron sus activos.

La criminalización de la libertad de expresión envía una señal alarmante a quien se atreva a informar una opinión diferente a la narrativa oficial. Según Boukhlef, periodista argelino de Liberté, como se menciona en The New Arab:

In recent years we have been forced into self-censorship. Journalists have been imprisoned for reporting. The pressures on media managers pushed us to be careful about what we write.

En los últimos años nos hemos visto obligados a practicar la autocensura. Hay periodistas encarcelados por informar. Las presiones sobre los directivos de los medios nos han llevado a ser cuidadosos con lo que escribimos.

En la actualidad, Argelia ocupa el último lugar, en el puesto 136 de 180, en el Índice de Libertad de Prensa Mundial 2023 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Represión de voces discordantes en el país y el extranjero

Siguiendo una estrategia autoritaria clásica, las autoridades argelinas están reprimiendo las voces disidentes en su país, y también las están persiguiendo en el extranjero, como en el vecino Túnez. Argelia tiene influencia para presionar a Túnez, y encuentra eco favorable en el presidente tunecino, Kais Saied, que también está imponiendo medidas restrictivas contra los disidentes.

Existen peligrosos antecedentes de opositores que huyen de la represión y buscan refugio en Túnez, solo para ser perseguidos por las autoridades argelinas. Uno de estos casos involucra al activista argelino y cristiano converso Slimane Bouhafs, que pasó casi dos años en una prisión argelina antes de ser liberado en marzo de 2018.

Tras su liberación, Bouhafs ingresó legalmente a Túnez, donde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le concedió condición de refugiado político en 2020. En teoría, lo protege, ya que el derecho internacional prohíbe devolver a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución o violaciones de derechos humanos.

En agosto de 2021, hombres no identificados secuestraron a Bouhafs de su casa en Túnez y lo devolvieron por la fuerza a Argelia, donde fue condenado a tres años de prisión. A pesar de los llamados de organizaciones de derechos humanos, no se ha iniciado ninguna investigación sobre esta grave violación del principio de no devolución y del derecho internacional de los refugiados.

Túnez no ha emitido comentarios sobre el asunto.

De manera similar, el defensor de los derechos humanos Zakaria Hannache, reconocido por documentar la represión estatal durante Hirak, ha encontrado refugio en Túnez desde noviembre de 2022. Ha escapado de falsos cargos de «enaltecimiento del terrorismo» y «socavamiento de la unidad nacional», por los cuales podría enfrentar hasta 35 años de prisión. ACNUR también le ha otorgado condición de refugiado político.

Sin embargo, Zakaria todavía se siente inseguro. Es más, está oculto en Túnez y ha cambiado de dirección al menos 13 veces. En una entrevista con Le Monde, expresó su temor a «ser secuestrado por las autoridades argelinas». Ahora está solicitando protección a Francia.

La dependencia tunecina de su ‘hermana mayor’ Argelia

La relación de Túnez con Argelia, su ‘hermana mayor’, nunca ha sido mejor. Fue Argelia donde el presidente Kais Saied hizo su primera visita de Estado poco después de ser elegido en 2019. Tebboune fue el primer presidente árabe en llamar a Saied después de su toma de poder el 25 de julio de 2021, que involucró suspender el Parlamento, disolver el Gobierno y controlar el poder judicial.

Desde entonces, el país ha estado lidiando prácticamente con todo, desde el deterior de la economía y una corrupción desenfrenada hasta tensiones sociales. Está al borde de la bancarrota y batallando para proporcionar productos básicos. El presidente Saied se ha resistido a hacer concesiones para asegurar un paquete de rescate. Ha mostrado hostilidad hacia los prestamistas internacionales y el FMI, que exige reformas y liberalización política. Rechazando los “dictados que llegan desde el extranjero y que solo causan más empobrecimiento’, sugirió: ‘La alternativa es que debemos depender de nosotros mismos’. Recurrió a Argelia en busca de respaldo.

Además, Túnez depende de Argelia para su seguridad nacional y la mayor parte de su suministro eléctrico. La lista de servicios que Argelia presta a sus vecinos es realmente extensa y siempre está lista para intervenir y socorrer. Según el analista político Jamil Sayah en un artículo en TV5 Monde:

Le pouvoir algérien s'est rendu indispensable au pouvoir tunisien. Il assure sa survie. La hausse des prix du gaz et du pétrole a donné plus de marges financières à Alger et finalement les quelques 700 millions de dollars sous forme de prêts ou de dons représentent peu de chose pour Alger. Mais cet argent permet pour l'instant au pouvoir de Kais Saied de se maintenir à flot

El poder argelino se ha vuelto indispensable para el poder tunecino. Asegura la sobrevivencia [tunecina]. El aumento en los precios del gas y el petróleo amplió los márgenes financieros de Argel y, al final, los casi 700 millones de dólares en forma de préstamos o donaciones son poco para Argel. Sin embargo, este dinero permite por el momento que Kais Saied se mantenga a flote.

Complicidad de Túnez

Esta fuerte dependencia de su vecino argelino pone a Túnez en una posición frágil. Argel espera que Túnez cumpla sus demandas a cambio de apoyo, aunque esto no siempre es sencillo. En febrero de 2023, cuando la destacada activista del Hirak, Amira Bouraoui, ingresó ilegalmente a Túnez para escapar de una condena de dos años por ‘ofender al islam e insultar al presidente’, Túnez permitió que huyera a Francia, a pesar de las presiones argelinas para su extradición. La decisión enfureció al Gobierno argelino y desencadenó una disputa diplomática.

En represalia, las autoridades aduaneras argelinas retuvieron de inmediato 200 automóviles tunecinos y confiscaron mercancías en la frontera. Al día siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores tunecino, Othman Jerandi, fue destituido sin explicación, lo que llevó a muchos a sospechar que fue sacrificado para aplacar la ira argelina.

Por ahora, gracias a su considerable suministro de petróleo, las autoridades argelinas pueden mantener la situación política en su país y en el vecino Túnez.

Sin embargo, el episodio de Amira Bouraoui demostró que todavía hay margen para resistir. A pesar de su retroceso democrático, Túnez todavía puede confiar en su sólida sociedad civil y en medios independientes para informar sobre violaciones y presionar por la protección de defensores de derechos humanos en el país y para todo aquel que busque seguridad.