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Este artículo se escribió gracias al aporte de defensores que trabajan en temas de derechos digitales a los que se enfrenta Camboya. Originalmente, EngageMedia, organización sin fines de lucro de medios, tecnología y cultura, publicó este artículo. Reproducimos una versión editada como parte de un acuerdo para compartir contenido con Global Voices. 

A medida que el uso de internet y las tecnologías digitales aumentaron en Camboya en los últimos años, más personas empezaron a depender de medios sociales y otras plataformas en línea para acceder a noticias e información, y ejercer sus derechos a la libertad de expresión. Sin embargo, activistas de derechos digitales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos comunes enfrentan cada vez más amenazas a sus derechos y libertades fundamentales en espacios en línea, y son el blanco de ataques digitales y leyes represivas introducidas por el Gobierno.

Camboya ocupó el puesto 43 de cien países en el informe de Libertad en la Red 2022, y el puesto 140 de 180 países en el índice de Libertad de Prensa 2022 de Reporteros sin Fronteras. Freedom House señaló que los usuarios de internet a menudo son arrestados por su actividad en línea, lo que genera un clima de miedo y autocensura. El Gobierno, presidido por el primer ministro Hun Sen y el Partido Popular Camboyano, no ha tratado bien la expresión crítica, a menudo ha presionado a la oposición y a los medios. Además, han emprendido persecuciones y acoso con motivaciones políticas.

Leyes complicadas

La promulgación de leyes problemáticas en Camboya reprime la libertad de expresión y plantea amenazas a la seguridad y privacidad de activistas, medios independientes y ciudadanos. El 19 de marzo de 2021, durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno camboyano aprobó un subdecreto sobre el establecimiento del Portal Nacional de Internet (NIG, por su nombre en inglés), que centralizaría el tráfico de internet dentro de su jurisdicción. El artículo 6 del subdecreto permite bloquear conexiones en línea o contenido que se considere que «afecta la seguridad, ingresos nacionales, orden social, dignidad, cultura, tradiciones y costumbres», sin mayores detalles sobre lo que estos elementos implican. Esta disposición y que no tenga limitaciones permiten a las autoridades bloquear o restringir el contenido y aumentar su capacidad para llevar a cabo la vigilancia.

Aunque todavía no se ha aplicado, este subdecreto violaría el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 41 de la Constitución de Camboya, y el artículo 31, que reconoce y respeta los derechos humanos según lo estipulado en el derecho internacional. Defensores de derechos humanos y defensores de derechos digitales han criticado el subdecreto y han pedido al Gobierno que descarte el Portal Nacional de Internet. En un comunicado, 32 organizaciones afirmaron:

While the exact technical infrastructure and how it will be operated is still unknown, there is little doubt the NIG’s true purpose is to enable the Cambodian government to tighten the noose on what remains of internet freedom in the country.

Aunque todavía se desconoce la infraestructura técnica exacta y cómo se operará, existen pocas dudas de que el verdadero propósito del Portal Nacional de Internet es permitir al Gobierno camboyano apretar el nudo de lo que queda de libertad de internet en el país.

Tales disposiciones reforzarían una cultura de autocensura, y obligaría a los activistas en línea y a los medios a ser más cuidadosos al producir contenido crítico para evitar amenazas, persecución o la posible revocación –o incluso el cierre– de sus medios.

En 2015, Camboya adoptó la Ley de Telecomunicaciones como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer y expandir el desarrollo de una infraestructura digital crítica. Sin embargo, la ley presenta disposiciones problemáticas, como excesivas facultades de vigilancia otorgadas a las autoridades, así como penalización de la libertad de expresión.

Por ejemplo, el artículo 97 permite escuchar y grabar encubiertamente diálogos con cualquier sistema de telecomunicaciones con la aprobación de una «autoridad legítima», pero no especifica qué constituye una «autoridad legítima» y de esta manera deja la puerta abierta a la interpretación arbitraria y a que la ley se utilice para razones políticas.

Mientras tanto, las prakas (declaraciones oficiales) pertinentes de la ley se han utilizado para regular o bloquear contenidos, como un caso en 2018, cuando se ordenó a los proveedores de servicios de internet bloquear los servicios de 15 medios independientes o sitios web de noticias.

Además de amenazar los derechos digitales de la población camboyana, cabe señalar que estas leyes también van contra los acuerdos internacionales que el Gobierno camboyano ratificó, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta de la ASEAN, lo que infringe sus obligaciones y responsabilidades internacionales de defender los derechos humanos según lo establecido en estos acuerdos.

Restricción del acceso a la información

La mayoría confía en Facebook, pero esta plataforma de medios sociales ha tenido problemas recientemente con Hun Sen y el Gobierno. En enero, el primer ministro dio un discurso en el que amenazaba a los líderes opositores y que se transmitió a través de su página de Facebook. Los críticos pidieron retirar el video, citaron las reglas de Meta sobre incitación a la violencia. Se envió el caso a la Junta de Supervisión de Meta, que decidió recientemente que el video se debería retirar y además recomendó que el primer ministro fuera suspendido de la plataforma de Facebook. En respuesta, el Gobierno amenazó con bloquear Facebook y ha prohibido la entrada al país a los miembros de la Junta de Supervisión.

Las acciones de represalia del Gobierno están en línea con las medidas tomadas para restringir el acceso a la información mediante el bloqueo de sitios web o con cierre de medios críticos. En febrero, el Gobierno ordenó el cierre de Voice of Democracy, una de las últimas organizaciones de noticias independientes que quedaba en el país. Esto sigue a una serie de cierres durante años, en los que se incluye el Cambodia Daily en 2017 y más de 30 emisoras de radio independientes. Para evitar ser blanco de las autoridades gubernamentales, los periodistas se han vuelto más cautelosos e incluso autocensuran sus informes sobre temas de interés público.

Hacia adelante

En enero de 2022, grupos de la sociedad civil convocaron al Grupo de Trabajo de Derechos Digitales (DRWG, por su nombre en inglés) para abordar los derechos digitales y la libertad de internet en Camboya. El grupo analiza y supervisa el control del Gobierno sobre el flujo de información en las plataformas en línea, su imposición de una ciberpolicía agresiva, el bloqueo de sitios web y cuentas de redes sociales asociadas, además del aumento de la vigilancia en línea.

La cooperación entre múltiples partes interesadas es importante para abordar las preocupaciones relativas a las violaciones de los derechos digitales en Camboya. El papel del DRWG es fundamental, ya que trabaja con la comunidad regional e internacional y conecta con diversas partes interesadas para explorar maneras de proteger y promover aún más los derechos digitales. También es importante que la comunidad internacional mantenga diálogos abiertos con el Gobierno sobre temas de derechos digitales para asegurar que las políticas implementadas no restrinjan ni infrinjan los derechos digitales.