Aplican justicia indígena a funcionarios que obstaculizan la democracia en Guatemala

Foto de Emmanuel Andrés, usada con su permiso.

Este artículo de Regina Pérez en Prensa Comunitaria (Guatemala) fue republicado por Global Voices bajo un convenio entre los medios

Autoridades indígenas de distintos pueblos aplicaron el Xik’ay, o justicia maya ancestral, de manera simbólica a funcionarios que son considerados corruptos, entre ellos la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

El 20 de agosto 2023, el sociólogo y exdiplomata Bernardo Arévalo, del partido progresista Movimiento Semilla, ganó la presidencia de Guatemala por un amplio margen, marcando el inicio de una nueva era en un país últimamente caracterizado por la retrocesión democrática y los ataques contra voces críticas.

Sin embargo, su partido está en la mira del Ministerio Público, que está investigando si hubo irregularidades en la recopilación de las firmas necesarias para la formación de Semilla años atrás. Tanto el fiscal a cargo de la investigación, Rafael Curruchiche, como el juez que ordenó la suspensión, Freddy Orellana, están en una lista de actores corruptos de Estados Unidos. La autoridad electoral de Guatemala bloqueó temporalmente la suspensión de Semilla, pero Arévalo ha denunciado intentos continuos para prevenir que él asuma su mandato.

Para muchos guatemaltecos, estos son ataques indebidos en contra del presidente-electo y su partido. Con una ceremonia frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), las autoridades indígenas informaron el motivo por el cual realizaron esta acción, bajo las energías del Jun T’zi, día propicio desde la cosmovisión de los pueblos indígenas para aplicar la justicia maya a operadores de justicia, servidores y funcionarios públicos que a su criterio se han encargado de consolidar la corrupción en Guatemala.

En Guatemala, alrededor del 40% de la población se identifica como indígena, compuesta por 23 etnias diferentes. A través de movimientos y organizaciones indígenas, han buscado una mayor representación política y la promoción de sus intereses en un contexto donde históricamente han enfrentado desafíos socioeconómicos y discriminación. Una líder indígena, Thelma Cabrera, intentó buscar la presidencia en estas elecciones, pero una corte prohibió su candidatura, junto con otros candidatos progresistas.

Sebastiana Par, autoridad ancestral del pueblo Maya K’iche’, indicó que en sus pueblos, cuando una persona se roba una gallina o un elote se le aplica justicia. “Por eso hacemos el llamado a todas las autoridades a nivel nacional a que también apliquemos justicia, no solo al que se robó el elote, sino a estos corruptos que se están robando la vida de un país, se están robando el futuro de las nuevas generaciones”.

Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, señaló que la aplicación del Xik’ay se debe a que los funcionarios incumplieron sus mandatos y han actuado con irresponsabilidad en sus cargos, además de ser responsables de debilitar la democracia e inobservar el Estado de derecho.

“Dentro de nuestros principios y valores cosmogónicos observamos el K’ixib’al (la vergüenza), principio que estos funcionarios ya no tienen, y son responsables de la injusticia que hoy se vive en Guatemala”, mencionaron en un comunicado de prensa.

Par explicó que en el sistema de justicia maya aplicar el Xik’ay lleva un proceso, comenzando por el Pixab, que significa los consejos, para prevenir los problemas o los conflictos.

Luego se procede al diálogo y la escucha, pero si la persona no entiende, una de las sanciones es el Xik’ay, para lo que se usan ramas de membrillo o sauco, que se aplica en el cuerpo de la persona, “para que se reactive su energía o para enderezar su camino, como una medida de corrección”.

Foto de Emmanuel Andrés, usada con su permiso.

Aplican el Xik’ay a Porras y otros funcionarios

Después de la ceremonia en el TSE, las autoridades ancestrales se dirigieron a la Casa Presidencial, a pocas cuadras del TSE, donde leyeron un comunicado dirigido al presidente Alejandro Giammattei, a quien señalaron de haber reelecto a Porras a pesar de que no cumplía los requisitos de idoneidad y honradez, como lo establece el artículo 113 de la Constitución Política.

Ahí, las mujeres autoridades indígenas golpearon con ramas de sauco una manta vinílica con los rostros de Porras, Curruchiche, Monterroso, Orellana y Walter Mazariegos, rector impuesto de la Universidad de San Carlos (USAC).

También entregaron un memorial en la Secretaría Privada de la Presidencia, sin embargo, no se les permitió su ingreso. “Les pedimos que abran la puerta de esa oficina, no somos delincuentes, los delincuentes muchas veces están adentro de las instituciones”, reclamó Vicente.

En la entrada de la Casa Presidencial, agentes de seguridad colocaron cadenas y candados en las rejas del edificio, impidiendo que se pudieran acercar más.

La marcha finalizó en el Congreso de la República donde también aplicaron la justicia maya. “Hoy las autoridades indígenas ancestrales están haciendo ejercicio de la justicia indígena, hoy se le está aplicando de manera histórica el sagrado Xik’ay para sacarles la vergüenza a esos criminales corruptos”, manifestaron.

La acción de las autoridades de los pueblos K’iche’, Ch’orti’, Poqomam y Kaqchikel se realizó en medio de una ola de protestas en todo el país para exigir la renuncia de los funcionarios del Ministerio Público (MP) y del juez Orellana, por los ataques judiciales en contra del proceso electoral. Según dijeron, esta es la primera vez en Guatemala que se aplica la justicia maya a funcionarios.

Esta acción simbólica se realizó en el nahual Jun Tz’i, para empezar a reivindicar la aplicación de la justicia maya a los funcionarios corruptos, “porque el sistema de justicia maya no es nada más para los indígenas, sino en todo el territorio Iximulew donde se comete un error”, explicó Par.

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