Imagen de Arzu Geybullayeva

Aisha es una azerbaiyana discapacitada de 32 años que se pasa el día mirando ociosamente vídeos de TikTok en su tableta, a diferencia de sus pares que van a trabajar. Vive con su madre en un estudio situado en una zona desfavorecida de la capital, Bakú. Las dificultades económicas y las escasas oportunidades acechan a medida que la madre envejece y se vuelve incapaz de trabajar, lo que las deja en situación de extrema pobreza.

Aisha es sólo una del más de medio millón de personas de Azerbaiyán que se enfrentan a numerosos retos relacionados con la accesibilidad, la inclusión y la discapacidad. La falta de opciones de asistencia a largo plazo y de oportunidades disponibles dificulta el crecimiento personal y profesional, lo que repercute de manera significativa en la vida de mujeres como Aisha.

La realidad de Aisha

KEKA, organización local de desarrollo sostenible dirigida por el autor del artículo, hizo una encuesta en enero de 2023 sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Azerbaiyán. Se reveló que un sorprendente 80% de los encuestados estaban desempleados en el momento de la encuesta y buscaban empleo activamente para enero de 2023. Además, se supo que una de cada diez personas nunca había intentado postular a un empleo.

La encuesta llevada a cabo entre cien personas con distinto tipo y gravedad de discapacidad evaluó también la formación académica, profesional y su correlación con los ingresos. Mientras que el 67% afirmó haber completado la enseñanza secundaria, solo el 20% dijo haber podido graduarse con una licenciatura.

Un abrumador 90% de los encuestados declaró recibir prestaciones sociales provenientes del presupuesto del Estado, que ascienden a un promedio de 298 manat azerbaiyanos (175 dólares) mensuales por persona. Otras fuentes de ingresos incluyeron las ayudas de familiares y las donaciones de desconocidos solidarios, forma habitual de apoyar a las personas discapacitadas en Azerbaiyán.

A pesar de que los encuestados tenían un ingreso medio mensual de unos 415 manat (244 dólares), sus gastos por mes ascendían a un promedio de 463 manat (272 dólares). Aunque tanto las mujeres como los hombres percibían cantidades similares, los hombres gastaban 200 manat (117 dólares) más al mes. Es probable que este gasto adicional se deba a los mayores costos médicos, así como al sexismo generalizado en el país que espera que los hombres gasten más, independientemente de su discapacidad.

Las difíciles condiciones provienen de la ley laboral de Azerbaiyán, que no tiene mecanismos de aplicación y supervisión del empleo. A pesar de haberse aprobado un sistema basado en cupos, que obliga a las empresas a contratar empleados con discapacidad, no existe ningún plan para documentar y supervisar los datos sobre la ejecución o la implementación de consecuencias a las empresas que no cumplan.

Además de las lagunas legales, la falta de infraestructura accesible y la limitada educación inclusiva crean importantes barreras para las personas discapacitadas. Como resultado, se ven limitadas en el acceso a la educación secundaria y, por tanto, no tienen los conocimientos prácticos y las habilidades necesarias para un empleo avanzado.

El caso de Aisha ejemplifica este problema: su discapacidad no impide su potencial de aprendizaje. A pesar de eso, no tiene la oportunidad de adquirir las destrezas adecuadas que podrían asegurarle un empleo en un entorno apropiado.

Según la ley de derechos de las personas con discapacidad de Azerbaiyán, las personas que se desplazan en silla de ruedas tienen derecho a vivir en una sociedad accesible. No obstante, la realidad es otra. Los edificios inaccesibles impiden a Aisha asistir a la escuela, lo que la deja con conocimientos limitados adquiridos gracias a su educación en casa y a cuestionables videos de TikTok. No pudo ir a la universidad por tener educación primaria restringida e, incluso con acceso a una mejor educación, las posibilidades seguirían siendo limitadas debido a la inaccesibilidad de los edificios universitarios. Como resultado, ha estado confinada a su silla de ruedas en el apartamento donde vivió toda su vida y pasa los días sin rumbo navegando por internet.

Soluciones

En la actualidad, Aisha sigue desempleada, y miles de otras personas con discapacidad comparten su lucha, que se debe a la inadecuación de las infraestructuras y a las escasas oportunidades de empleo inclusivo.

Sin embargo, hay una forma de solucionarlo: modificar la legislación vigente. El Gobierno debería establecer un mecanismo riguroso de supervisión para garantizar el cumplimiento de los requisitos específicos por parte de las empresas, en materia de empleo de personas con discapacidad. Japón, por ejemplo, recauda fondos en concepto de multas a las empresas que incumplan los cupos de empleo. Luego se distribuyen en calidad de subvenciones destinadas a aquellas empresas que cumplan la normativa en su totalidad, a modo de incentivo para que contraten más personal.

Azerbaiyán ya cuenta con un decreto del Consejo de Ministros sobre la accesibilidad de las infraestructuras, que exige tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad durante el diseño y la construcción de instalaciones y edificios residenciales. Al utilizar este decreto como base, el Gobierno podría establecer un sistema de seguimiento que imponga multas por incumplimiento y obligue a las empresas a contratar e informar el número de personas con discapacidad que emplean.

También habría que alentar a estas empresas a crear puestos adecuados para la persona discapacitada promedio en Azerbaiyán. Por ejemplo, Aisha podría encargarse de controlar las cámaras de seguridad o de tomar los pedidos de los clientes en un restaurante local de comida rápida. Además, estas personas recién contratadas deberían recibir formación en el puesto de trabajo para ocupar cargos de mayor nivel, lo que les permitiría hacer aportes más significativos a sus lugares de empleo.

La creación de programas de formación eficaces puede ser otra solución. Las instituciones estatales responsables de capacitar profesionales e incluir la discapacidad deben establecer iniciativas integrales de formación y reciclaje dirigidas en particular a estas personas. Los programas no tienen por qué ser cursos académicos largos de cuatro años, sino cursos intensivos de seis a nueve meses que enseñen habilidades demandadas a las personas con discapacidad y mejoren su empleabilidad. Aisha no necesita abordar complejos problemas matemáticos ni interpretar textos filosóficos, el enfoque debería estar en dotarla de conocimientos prácticos como edición de video, programación o diseño digital. Estas habilidades podrían abrirle oportunidades para trabajar de manera independiente en todo el mundo.

Un programa de Leonard Cheshire de 2008 titulado «Access to Livelihoods» (Acceso a medios de subsistencia), centrado en dar educación y formación profesional (EFP) a personas con discapacidad en el sur de Asia, demostró su efectividad al alcanzar una tasa de éxito del 66% al dar empleo o trabajo independiente a los participantes. Diez años más tarde, el 88% de todos los participantes en el programa declararon haber aumentado sus ingresos como resultado.

Retos y perspectivas

Uno de los desafíos es el costo de la capacitación y contratación de personas con discapacidad. En la actualidad, en Azerbaiyán se les destina una cantidad considerable del presupuesto estatal. Nuestra encuesta reveló que cada mes se paga un promedio de 298 manat (175 dólares) en diversas formas de prestaciones sociales, con casi 471 000 beneficiarios que reciben más de 2000 millones de manat en total (aproximadamente 1200 millones de dólares). Esta cantidad constituye una parte significativa del presupuesto estatal, como demuestra la asignación de 4400 millones de manar (unos 2600 millones de dólares) para pagos sociales en 2023. Esta carga financiera puede reducirse al capacitar a las personas para que se inserten en el mercado laboral y no dependan tan solo de los pagos sociales. En cambio, pueden convertirse en miembros activos de la sociedad, ya que pagarían impuestos y necesitarían menos fondos públicos.

Otro reto es el costo de la accesibilidad: la creación de entornos accesibles y opciones de transporte requerirá financiación. El presupuesto estatal ha asignado 5600 millones de manat (unos 3300 millones de dólares) para «construcción y planificación urbana» en 2023. De acuerdo con la ley de derechos de las personas con discapacidad, este presupuesto puede utilizarse para adaptar los edificios y los sistemas de transporte de todo el país a las necesidades específicas de las personas con capacidades diferentes, como los usuarios de sillas de ruedas y las personas con limitaciones visuales.

Poner en práctica estos cambios supondrá para Aisha y otras 560 000 personas una mejora significativa de sus condiciones económicas. Podrán salir del umbral de la pobreza y tendrán la oportunidad de vivir una vida plena en una sociedad accesible, al tiempo que contribuyen de forma significativa a la economía. El Gobierno se beneficiará de la reducción de los pagos directos y podrá dirigir estos fondos a mejorar los sistemas de salud y educativos para las personas con discapacidad. La transformación hacia un mercado laboral equitativo dará paso a numerosas posibilidades y beneficios para toda la comunidad.