Gobierno de Bangladesh aprobó discretamente nueva ley de ciberseguridad 2023

El 13 de septiembre, el Parlamento de Bangladesh aprobó la nueva ley de seguridad cibernética 2023, con la que pretende evitar la ciberdelincuencia y la divulgación de información falsa. Poco antes de un mes atrás, el 7 de agosto, el gabinete del Gobierno de Bangladesh decidió descartar la controvertida ley de seguridad digital de 2018 y sustituirla por la nueva ley que proponía.

Los grupos de defensa de derechos humanos y derechos digitales sostienen que la nueva ley es esencialmente una versión renovada de su predecesora, la ley de seguridad digital. La nueva ley contiene muchas cláusulas controvertidas que presentan el riesgo de ser explotadas y mal utilizadas, y que podrían apuntar a defensores de derechos humanos, periodistas, opositores y personas que expresan su disidencia o son críticos con el Gobierno. La ley de ciberseguridad de 2023 se aprobó de forma precipitada durante la vigésima cuarta sesión del XI Parlamento de Bangladesh, que concluyó el 14 de septiembre de 2023. Se ha especulado que esta podría ser la última sesión antes de las elecciones parlamentarias de enero de 2024.

Desde Inglaterra, el expatriado bangladeshí Saimon publica una viñeta del Dibujante Apu en X (antes Twitter):

La draconiana Ley de Seguridad Digital de 2018

El proyecto de ley de Seguridad Digital se convirtió en ley el 8 de octubre de 2018, unos meses antes de las elecciones parlamentarias de 2018. Su principal objetivo era evitar la expansión del terrorismo, la propaganda y el odio contra minorías religiosas o étnicas mediante las redes sociales o cualquier otra plataforma de medios electrónicos. Hasta entonces, la libertad de expresión en Bangladesh se había visto mermada por el Decreto sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2006, que contenía entre otros, el draconiano artículo 57, que otorgaba a la Policía facultades para detener a personas por publicar en línea contenidos considerados «falsos», «obscenos» o «difamatorios».

Sin embargo, la ley de seguridad digital resultó ser más severa, y ha levantado protestas de activistas de derechos humanos, periodistas, expertos jurídicos y ciudadanos, que manifestaron preocupación por su lenguaje ambiguo y su tendencia a criminalizar expresiones legítimas de ideas y opiniones. Mediante este decreto, se otorgó a las autoridades un amplio abanico de competencias, como la de detener a personas y registrar locales sin orden judicial bajo sospecha de que se ha cometido o se va a cometer un delito en línea. Según el Gobierno, se presentaron más de 7000 casos en el marco de la La Ley de Seguridad Digital desde octubre de 2018, y aproximadamente el 86% de esos casos aún están a la espera de audiencias. DSA Tracker, iniciativa del Centro de Estudios Gubernamentales de Bangladesh, hizo un seguimiento de 1321 casos hasta el 31 de mayo de 2013, que nombran a 4121 personas como acusadas, de las que 1454 fueron arrestadas.

La Ley de Seguridad Digital (2023): versión renombrada de la ley de seguridad digital

Según el ministro de Justicia, Anisul Huq, la ley de seguridad digital de 2018 no se descartó, sino que se transformó y modernizó tras la modificación de algunas secciones, y posteriormente se renombró como Decreto de Ciberseguridad. La nueva ley contemplaba algunas reducciones en las penas, como en el caso del artículo 21 de la ley de seguridad digital, que originalmente conllevaba una pena de 10 años de prisión por difundir «propaganda» relacionada con la Guerra de Liberación de Bangladesh. En la ley de seguridad cibernética, esta pena se ha reducido a siete años.

La nueva ley de seguridad cibernética: Una ley draconiana hecha más «eficiente».
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Sin embargo, las principales cuestiones derivadas de la ambigüedad de las disposiciones y del gran poder de la Policía y de la agencia encargada de velar por el cumplimiento de la ley de seguridad digital siguen sin resolverse en absoluto.
Escribe Zillur Rahman.

El ministro de Justicia declaró que se han tenido en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas. Sin embargo, se dio un breve plazo a la población, del 10 al 22 de agosto de 2023, para presentar sus sugerencias y dudas por correo electrónico. La embajada de Estados Unidos en Daca publicó un comunicado en el que afirmaba que el Gobierno no había concedido suficiente tiempo ni oportunidades a las partes interesadas para revisar y presentar sus comentarios con el fin de garantizar que la ley se ajustara a las normas internacionales. Según la declaración, el ley de seguridad cibernética mantiene numerosos aspectos del ley de seguridad digital que siguen representando una amenaza para la libertad de expresión. Asimismo, señaló que el ley de seguridad cibernética incluye cláusulas que deniegan la libertad bajo fianza por delitos contemplados en determinados artículos, y que algunas definiciones son demasiado genéricas y podrían utilizarse de manera inadecuada para intimidar y silenciar a los críticos.

Yamin Hossain Sohan, experto en tecnologías de la información, publicó:

Declaración de la Embajada de Estados Unidos sobre la aprobación de la ley de ciberseguridad
Estados Unidos toma nota de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Cibernética por el Parlamento de Bangladesh. Lamentamos que el Gobierno de Bangladesh no haya dado a las partes interesadas la oportunidad adecuada para revisar y dar información a la nueva ley para garantizar que cumple con las normas internacionales.
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Esta declaración esta muy clara. Estados Unidos afirma que esta nueva ley de ciberseguridad 2023 no se ajusta a las normas internacionales

Los defensores de los medios y de los derechos digitales han hecho constante hincapié en que la nueva ley contradice varias disposiciones de la Constitución de Bangladesh y choca con las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, el artículo 42 de la ley de seguridad cibernética, similar al artículo 43 de la ley de seguridad digital, otorga a las autoridades la competencia de efectuar registros, llevar a cabo inspecciones o efectuar detenciones ante la sospecha de que se esté cometiendo un delito o de que su comisión sea inminente, o de que se vayan a destruir pruebas. Sin embargo, el ministro de Justicia afirmó que, con la nueva ley de seguridad digital no hay margen para realizar detenciones sin una orden judicial y que el artículo 42 es de obligado cumplimiento.

El defensor de los derechos humanos Saad Hammadi rechaza la afirmación del Gobierno:

Raising the fine and removing the jail term for defamation is nowhere close to rectification of the DSA.

Incrementar la multa y suprimir la pena de cárcel por difamación no se acerca en absoluto a la rectificación del ley de seguridad digital.

La población espera expectante la versión oficial de la ley para conocer los cambios realizados a partir de las aportaciones de los interesados y las sugerencias de la Comisión Parlamentaria Permanente de correos, telecomunicaciones y tecnologías de la información sobre el borrador que se publicó en la red más de un mes antes.

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