Protesta en Tel Aviv, febrero de 2023. Wikimedia commons (CC BY 4.0 DEED).

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Bienvenidos de nuevo a Undertones. Esta semana ahondamos en las narrativas políticas que sacuden Israel. La autora de este boletín es Melissa Vida en colaboración con el equipo del Observatorio de Medios Cívicos y con nuestra investigadora, que desea mantenerse en el anonimato, por lo que le daremos el nombre ficticio de «Anna».

A menudo se define a Israel como la única democracia de Medio Oriente, pero esa idea se derrumba por momentos, dice Anna. El nuevo gobierno de Netanyahu —una coalición con la extrema derecha religiosa del país— intenta limitar el poder del Tribunal Supremo, lo que ha provocado protestas por todo el país desde enero de 2023.

Para los manifestantes, estas reformas anuncian el final de la democracia en Israel. Le piden a «Bibi» (como llaman a Netanyahu de manera informal) que no haga estos cambios y dimita. El sistema de equilibrios de Israel ya está muy debilitado, puesto que el país no tiene una Constitución oficial y el Gobierno controla la mayoría del Parlamento unicameral, el Knesset.

Surgimiento de la extrema derecha en Israel

El actual gobierno israelí es la coalición más religiosa y de derecha más extrema que ha visto el país desde su fundación hace 75 años. La coalición se formó tras las elecciones celebradas en noviembre de 2022, tras años de gobiernos inestables y elecciones anticipadas. El Likud, partido de Benjamin Netanyahu, comparte el poder con otros cinco partidos conservadores y supremacistas judíos: Judaísmo Unido de la Torá, Shas, Partido Sionista Religioso, Otzma Yehudit y Noam.

La reforma judicial implica varios cambios. En julio, el Gobierno aprobó una ley que limita la autoridad de los tribunales para anular decisiones gubernamentales consideradas «extremadamente irracionales». Además, entre otros cambios, planean conceder a los políticos más influencia al nombrar jueces del Tribunal Supremo, y dar a los ministros la capacidad de rechazar el asesoramiento jurídico.

Pero las reformas judiciales no se producen en el vacío. Este año, los asuntos de Cisjordania pasaron de tener gestión militar a gestión civil, lo que se considera una anexión de iure. El Gobierno ha incentivado más asentamientos israelíes, ha intentado dar más poder a la legislación y los tribunales religiosos, y ha creado una nueva Guardia Nacional paramilitar bajo el control directo del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Narrativas

Según los manifestantes: “El actual gobierno de Israel está convirtiendo el país en una dictadura”

Entre la población judía hay muchas críticas a la reforma judicial. La rechaza la oposición política (como los partidos Yisrael Beiteinu y Yesh Atid), pero también altos funcionarios del Ejército israelí, reservistas, expresidentes de tribunales, premios nobel israelíes y grandes empresarios, sobre todo del valioso sector tecnológico.

Entre los manifestantes hay personas de todas las generaciones y de todo el país, aunque Tel Aviv es el centro principal. Han enfrentado cañones de agua y detenciones policiales. Una de las consignas principales de los manifestantes es «protestaremos hasta que Netanyahu abandone la reforma judicial«.

Estas protestas arrojan luz sobre la división entre el movimiento religioso y el laico en la sociedad judía de Israel. El nuevo gobierno pretende incrementar el presupuesto y la presencia de vida judía conservadora en el país, así como de asentamientos en zonas en disputa. Un ejemplo de esta tensión fue la reciente protesta contra una nueva línea de tranvía que no funcionará de viernes a sábado para honrar el Sabbat, lo que se considera discriminatorio para una considerable parte de la población.

El mensaje primordial de los manifestantes es de naturaleza patriótica: aman Israel y desean defenderlo del «golpe» de Netanyahu contra las instituciones democráticas. Omri Ronen, joven activista que se autodescribe como «ciudadano sionista» dijo en un discurso público: «Hemos recibido un país en bandeja de plata de la generación fundadora, y ahora es nuestro deber cumplir con nuestro papel».

En julio, decenas de miles de manifestantes marcharon cinco días de Tel Aviv a Jerusalén bajo el calor de verano para intentar evitar que el Gobierno aprobara el primer grupo de reformas. Fue la demostración más impresionante del descontento de la población israelí, pero no hubo respuesta del Gobierno.

¿Y qué hay de las voces palestinas?

Desde la perspectiva palestina, la democracia israelí nunca ha existido realmente. Amnistía Internacional etiqueta a Israel como estado «apartheid», en el que los palestinos enfrentan sistemáticamente discriminación y privación de derechos.

Una crítica habitual al movimiento de protesta israelí y a la cobertura de los medios es su frecuente falta de interés ante la usurpación de territorios nativos palestinos por parte de Israel, y hay quien opina que una democracia real no puede coexistir en Israel con la ocupación que se está produciendo.

En general, los ciudadanos árabes de Israel, aproximadamente un 20% de la población, se han abstenido de unirse a las protestas.

Según el abogado y activista palestino Raja Shehadeh, la falta de aplicación de la ley y la opresión en los territorios ocupados afecta la forma de vida israelí y el estado de derecho. La serpiente podría estar mordiendo su propia cola.

«Creo que los israelíes, en general, no son conscientes de que no puede haber democracia en Israel mientras no haya democracia para los millones de palestinos que Israel controla en Cisjordania y la Franja de Gaza», dijo Shehadeh a The New Yorker.

Bajo el gobierno ultrasionista de Netanyahu se han incrementado los desplazamientos y la violencia en los asentamientos, y la reforma judicial propuesta preocupa a los palestinos, ya que un Tribunal Supremo debilitado reduce sus posibilidades de recurrir a la ley.

Según el Gobierno: “Quienes protestan contra el gobierno de Netanyahu son enemigos del Estado”

Itamar Ben-Gvir. Foto: Wikimedia commons (CC BY-SA 3.0).

Los políticos que en su día estuvieron en las márgenes lideran hoy el gobierno de Netanyahu, con figuras como Itamar Ben-Gvir que se arrogaban una significativa influencia política. Ben-Gvir tiene antecedentes penales por incitación al racismo contra los palestinos, y vínculos con el ilegalizado partido Kach, de ideología sionista religiosa extrema.

En 2022 fue nombrado ministro de Seguridad Nacional, encargado de la vigilancia sobre la Policía israelí de fronteras en la ocupada Cisjordania.

El argumento de la coalición en apoyo de la reforma judicial es que, según perciben, los tribunales tienen un «sesgo izquierdista y elitista» que prioriza los derechos de las minorías sobre los del Estado de Israel. No obstante, hay quien teoriza que limitar el poder de los tribunales es una práctica forma de que el primer ministro Benjamin Netanyahu eluda cargos de corrupción.

Si Netanyahu se opone a los deseos de su coalición podría producirse la caída del Gobierno, lo que provocaría otras elecciones anticipadas. Algunos miembros del Gobierno han calificado a los manifestantes de «terroristas» que pretenden desestabilizar el país y merecen severos castigos.

Un nuevo giro de guion se produjo cuando algunos componentes importantes del poderoso Ejército israelí declararon que no se presentarían a sus puestos si se aprobaban las reformas, que la «gente que protesta en Israel está instigando un golpe de Estado«. Miles de reservistas (el contingente de soldados que refuerzan el Ejército cuando es necesario) y personal del Ejército del aire son críticos con las reformas, lo que debilita al poderoso Ejército de Israel.

Influyentes miembros del Gobierno también difunden la narrativa de que las protestas no son auténticas y están patrocinadas «por enemigos de Israel». Estos «enemigos» pueden referirse a países islámicos (Irán) o grupos islámicos (Hezbollá), pero a veces también aluden a Estados Unidos, la Unión Europea y cualquier otro «grupo antisemita».

A comienzos de octibre, el Tribunal Supremo realiza audiencias sobre los cambios judiciales. De momento, nadie sabe en qué dirección se inclinarán los jueces.