Arte callejero en Santiago de Chile, creado tras el estallido social de octubre de 2019. Foto de Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 DEED

El pasado 11 de septiembre, durante la víspera del aniversario 50 del golpe de estado contra el presidente socialista Salvador Allende, miles de chilenos marcharon para recordar a las más de 40.000 de víctimas detenidas, desaparecidas, torturadas y ejecutadas durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual se puso en práctica en Chile una política de Estado represiva recurriendo a las violaciones de derechos humanos a través de órganos estatales ya existentes y otros que fueron creados para tal fin.

Lo que se había plantado como una protesta pacífica culminó, sin embargo, con algunos enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública en la capital, Santiago. Allí varios individuos arrojaron piedras contra el Palacio de la Moneda, Sede del Gobierno chileno, destrozaron las barreras de seguridad y destruyeron el acceso a un centro cultural ubicado en el edificio. Las tensiones son evidentes en un país al que muchos expertos describen como fraccionado, dividido, polarizado. 

Lo sucedido en el transcurso de esta conmemoración inevitablemente se asemeja a otro lamentable episodio en la historia del país: el estallido social de 2019 que puso de manifiesto los profundos problemas socio-políticos que persisten en Chile. El 14 de octubre de aquel año, día en que todo comenzó, estudiantes secundarios y universitarios se congregaron para evadir el pasaje del metro de Santiago como una protesta contra al alza al valor de los tiquetes, en uno de los países con el costo de vida más alto de la región. Pero ello, fue solo la punta del iceberg.

Como lo indica el periodista chileno Nicolás Lazo Jerez:

Con el curso de las horas, quedó claro que el movimiento respondía a otros factores además de esta medida puntual porque aparecieron otra serie de demandas que reflejaban un sentimiento de descontento más profundo frente a las políticas de gobierno de los últimos treinta años. Parte de lo que motivó las protestas tiene que ver con la contradicción de hecha por los gobiernos de centro izquierda en 1990 de resolver deudas históricas respecto a la desigualdad con lo que efectivamente sucedió a lo largo de los años. Aunque algunas promesas fueron cumplidas, principalmente en materia de cobertura, los altos índices de desigualdad no solo no fueron resueltos, sino que se han profundizado.

Todo ello desencadenó entonces en una serie de protestas masivas, que provocaron una ola de altercados de orden público y violencia a lo largo del país, obligando al entonces presidente Sebastián Piñera a declarar el Estado de Emergencia y posterior toque de queda.

El estallido social de 2019 se caracterizó, además, por las graves violaciones contra los derechos humanos que se cometieron contra los manifestantes, incluyendo abusos por parte de las autoridades contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, y diversos casos de violencia policial que incluyeron traumas oculares y mutilaciones; como lo ha documentado Amnistía Internacional, se estima que el saldo de víctimas por el uso excesivo de la fuerza estatal alcanza las 8.000.

Uno de los casos más emblemáticos, es el de la ahora senadora Fabiola Campillai, rostro representativo de las protestas, y que perdió la vista y el olfato debido al uso de perdigones por parte de los carabineros; aunque el autor de estos hechos fue condenado, como lo indica Lazo Jerez, «existen muchísimos otros casos que se mantienen en la impunidad’’.

En la actualidad, 46% de las causas abiertas por estos hechos han sido archivados por falta de pruebas. Por otro, lado, y a pesar de los compromisos hechos por el gobierno de Gabriel Boric para resolver los problemas estructurales del sistema socioeconómico chileno y avanzar hacia la igualdad social, además del llamado urgente de varios sectores para llevar a cabo una reforma policial, la situación no ha mejorado en los años posteriores. A modo de ejemplo, un Estudio Nacional de Opinión Pública realizado en noviembre de 2022 indicó que 64% de los encuestados perciben que la situación política es mala/muy mala y el 55% indican que en el momento actual, Chile se encuentra »estancado». Similarmente, otra serie de protestas se han tomado las diferentes ciudades del país, como el «mochilazo estudiantil’’ de marzo de 2023 para exigir mejores condiciones educativas.

Con todo, los eventos pasados y actuales del país austral parecen tener algo en común: la impunidad que permea las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos en cada uno de ellos, y la falta de garantías a las víctimas, principalmente en materia de justicia transicional, como el esclarecimiento de los abusos cometidos durante la dictadura y el estallido social y las medidas de reparación por estas graves atrocidades. La búsqueda de justicia y verdad continúa siendo un tema bastante sensible para el país, en el que incluso algunos sectores han comenzado a justificar desde hace algunos años la represión ocurrida durante el régimen militar.

Para avanzar en la reparación a las víctimas luego de las protestas de 2019 se creó una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas que sufrieron violaciones a los derechos humanos. Contrastado con ello, también existe un plan actual para determinar el paradero de muchísimas personas desaparecidas durante el golpe militar, el cual ha tenido importantes avances, pero que, según varias organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas, no ha sido lo suficientemente eficaz en lograr su mandato. 

Chile aún tiene importantes deudas que saldar con el pasado, mientras debe enfocarse también en resolver las crecientes demandas sociales. En este punto es menester preguntarse, ¿Si no se ha resuelto el pasado de la dictadura, como se puede asegurar que el proceso de las víctimas del estallido social no correrá la misma suerte? Aunque las respuestas no son sencillas, para algunos chilenos las oportunidades para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y las propuestas para el futuro parecen lejanas.

Concluye Nicolás:

Los esfuerzos para ejecutar un plan de rendición de cuentas por lo ocurrido durante el estallido social son bastante recientes; si aún no se pueden poner de acuerdo sobre algunas verdades sobre la dictadura que fue hace 50 años, qué puede esperarse del estallido. No existe demasiada voluntad política, entre otras razones porque un panorama con un fuerte reflujo conservador. Todas estas causas están muy postergadas, y ello también permea en el asunto relativo a la dictadura.